La entrega del colegio Francisco de Orellana en el Amazonas marca un hito en el acceso educativo de la región. Este logro es resultado de la intervención de la Contraloría General de la República, que ha demostrado ser un pilar en el desarrollo de comunidades vulnerables en Colombia. La participación activa de la comunidad, a través de veedurías, ha sido clave para la finalización de este proyecto, que no solo beneficia a los estudiantes, sino también a toda la comunidad.
La Contraloría ha jugado un papel crucial en asegurar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y transparente. Johana Catherine Ossa, contralora provincial de Participación Ciudadana del Amazonas, destaca la importancia del control fiscal como herramienta para promover la participación ciudadana. Según Ossa, “La Contraloría no solo se encarga de auditar el uso de los fondos, sino que también promueve la participación ciudadana a través de veedurías, permitiendo que los mismos habitantes sean parte del proceso de seguimiento y evaluación de las obras”.
El colegio Francisco de Orellana enfrentó múltiples desafíos durante su construcción, incluyendo una suspensión de ocho meses. Sin embargo, gracias al seguimiento constante de la Contraloría y la participación de la comunidad, el proyecto fue completado y entregado el 26 de septiembre. Este colegio beneficiará a cerca de 360 estudiantes de comunidades cercanas y ofrecerá clases en portugués y lenguas indígenas, como el tikuna y el kukama, vitales para preservar la cultura local.
Luz Adriana Ferrerira, estudiante de último grado, comparte su experiencia durante la construcción: “Desde que empezó la construcción, hace más de cinco años, tuvimos que adaptarnos, llegando incluso a recibir clases dentro de algunos bloques de madera que se construyeron porque no teníamos salones”. Esta situación refleja las dificultades que enfrentaron los estudiantes, quienes ahora podrán disfrutar de instalaciones modernas y adecuadas.
Fredy Córdoba, rector del colegio, resalta el impacto positivo de la finalización del proyecto. “Somos un colegio bilingüe y pluricultural que tiene un contexto diferente a otras instituciones en grandes ciudades. Somos conscientes de que la educación no se limita a espacios, pero lo cierto es que estas modernizaciones nos permitirán garantizar mejor calidad educativa”, afirma Córdoba. El colegio ahora cuenta con 15 salones, tres aulas polivalentes, 18 baños y una capacidad para 600 alumnos.
La satisfacción de los padres de familia es evidente, ya que sus hijos ahora pueden recibir educación sin tener que viajar largas distancias. Esto no solo mejora el acceso a la educación, sino que también contribuye al desarrollo social y económico de la región. La formación de una veeduría compuesta por padres de familia y miembros de la comunidad fue fundamental para monitorear el progreso del proyecto.
A pesar de este logro, la Contraloría continúa su labor en la región amazónica. Actualmente, hay 22 proyectos bajo supervisión, incluyendo importantes vías de acceso que han sufrido retrasos. Ossa enfatiza que “El compromiso con el control fiscal participativo sigue siendo fundamental para abordar estos problemas y garantizar que se tomen las acciones correctivas necesarias”.
La labor de la Contraloría General es un ejemplo de cómo un control fiscal efectivo puede beneficiar a las comunidades más necesitadas. A través del seguimiento riguroso y la promoción de la participación ciudadana, la Contraloría actúa como un aliado estratégico para las comunidades en su búsqueda por un mejor futuro. Este enfoque participativo ha demostrado ser efectivo para identificar problemas y asegurar que las obras se realicen conforme a lo planeado, como se evidenció en el caso del colegio Francisco de Orellana.
