Las bases del Plan de Desarrollo 2026-2030 del Gobierno de Abelardo de la Espriella ponen a Dios, la familia y las «raíces judeocristianas» como referente de la educación y la política social. Así lo señala el texto «Colombia, la Patria Milagro», de 496 páginas, según un análisis que El Colombiano publicó este domingo 22 de noviembre.
El Departamento Nacional de Planeación (DNP) entregó las bases el viernes 13 de noviembre. Las recibieron el Congreso y el Consejo Nacional de Planeación. No son una ley ni un articulado: son un documento que el Congreso puede modificar. El texto oficial no se pudo consultar en el sitio del DNP; los apartes que siguen son los que cita El Colombiano.
«En el marco de la educación en Colombia se reconoce que la apertura a Dios como referente primero y último de la existencia humana no limita a las personas, sino que, por el contrario, las impulsa a su plenitud».
Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, eje de educación
El segundo eje, el de educación, plantea que la concepción de la persona tiene «raíces judeocristianas y occidentales». Además, toma como inspiración la Doctrina Social de la Iglesia. El mismo texto dice: «Queremos personas capaces de examinar argumentos, formular preguntas y sostener sus convicciones con razones».
El documento propone revisar «normas, lineamientos, materiales pedagógicos y programas de formación» que el Gobierno vincule con la «ideología de género» y la «cultura de la muerte». Según El Colombiano, si el Congreso lo aprueba, esto podría tocar contenidos, materiales y el papel de los padres en los colegios públicos.
Las bases no definen qué entiende el Gobierno por «ideología de género» ni por «cultura de la muerte». Tampoco dicen quién decidiría qué material entra en esa revisión ni cuánto costaría.
Sobre la niñez, el texto habla de un Estado que «respeta las decisiones de la familia, no permite su instrumentalización política, cuida de su identidad y protege la vida desde la gestación». Y agrega: «Ese Estado no permite la afectación de sus cuerpos y elimina la ideología de género».
El eje «El milagro de crecer en familia» le asigna al ICBF articularse con «entidades de interés religioso» en la iniciativa «Transformación de los modelos de atención familiar». También anticipa cambios en adopción, sin precisar su alcance. En una sesión de la Comisión Séptima del Senado, la directora del ICBF, Carolina Restrepo, dijo: «La familia es una, no son las familias».
Una sola línea del plan se ocupa de la maternidad subrogada. Dice que «se adelantará la ruta normativa para el acompañamiento y la protección del embarazo, el desarrollo de alternativas que cuiden a la gestante y la eliminación de la maternidad subrogada». No explica cómo se haría ni qué pasaría con los acuerdos ya firmados.
El tema también avanza en el Congreso. La Comisión Primera de la Cámara aprobó en primer debate el proyecto que prohíbe y penaliza esa práctica. La representante de Salvación Nacional Carol Borda sostuvo: «No podemos permitir que la capacidad de gestar se convierta en un negocio ni que los niños sean tratados como objetos de transacción». Desde 1998, el Congreso ha recibido 16 proyectos de ley sobre gestación subrogada, según el conteo que recoge Vanguardia.
El constitucionalista Juan Manuel Charry dijo a El Colombiano que mencionar a Dios no basta para violar la laicidad del Estado. Explicó: «Si uno toma la decisión de promover la educación religiosa, garantizando la libertad de que aquellos que no la quieran tomar no la tomen, permitiendo que haya exposición de unas u otras creencias, en mi opinión, no habría violación al principio de neutralidad religiosa del Estado». La Constitución de 1991 garantiza la libertad de cultos, y la Corte Constitucional ha dicho que el Estado colombiano es laico. Charry agregó que la Corte revisaría cada apartado.
El politólogo Ricardo Ruiz, citado por El Colombiano, dice que sería el primero de siete planes desde 2002 en mencionar el fracking y la «ideología de género». Ruiz describe el plan como una mezcla de liberalismo económico, megaproyectos y conservadurismo social.
Al cierre no se encontraron declaraciones de la oposición, de Fecode ni de la Defensoría sobre este capítulo, ni un pronunciamiento de la Presidencia o del DNP.
Faltan el concepto del Consejo Nacional de Planeación y la consulta previa con los pueblos étnicos. El Gobierno prevé radicar el articulado ante el Congreso el 7 de febrero de 2027. Allí se decidirá qué de lo anunciado se vuelve ley. Vanguardia advierte que algunos anuncios «terminarán convertidos en decisiones y otros podrían quedarse en el papel».
Fuentes: El Colombiano, Infobae, Vanguardia, IFM Noticias, Caracol Radio y Semana.