Alberto Vergara Monterrosa ocupó el cargo de director corporativo de cumplimiento de Ecopetrol. Ahora enfrenta una citación a audiencia dentro de una denuncia penal. La compañía estatal presentó la acusación formal contra él.
La Unidad Investigativa de EL TIEMPO reveló los detalles del caso. Según la denuncia, Vergara habría entregado información reservada, confidencial o privilegiada. Esta supuesta filtración ocurrió después de conceder entrevistas a medios de comunicación.
Las declaraciones de Vergara surgieron tras investigaciones periodísticas sobre contratos de Ecopetrol. También abordaron procesos internos de la petrolera estatal. Entre los asuntos mencionados destaca un contrato con la firma Covington & Burling.
El valor inicial del contrato era de 875.000 dólares. Sin embargo, la cuantía aumentó hasta alcanzar 5,8 millones de dólares. EL TIEMPO documentó este incremento en sus reportes investigativos.
Vergara ofreció su versión de los hechos al medio de comunicación. Aseguró que la denuncia forma parte de un hostigamiento sistemático. Además, afirmó que sus actuaciones correspondieron al ejercicio legítimo de sus funciones.
“Desde abril de 2024 a agosto 2026 he sido objeto de una agresiva persecución”, declaró. También mencionó un “sistemático acoso judicial y disciplinario”. Igualmente, señaló “permanentes retaliaciones de la administración de Ecopetrol”.
La posición de Ecopetrol difiere sustancialmente de la versión de Vergara. La compañía sostiene que el exdirectivo entregó información sobre contratos. También habría revelado asuntos internos a los que accedió por su cargo.
Estos hechos son materia de investigación penal actualmente. Asimismo, están siendo examinados en el ámbito disciplinario. La petrolera indicó que procederá según los resultados de las indagaciones.
Vergara mencionó específicamente una auditoría realizada en el Oleoducto de los Llanos. Esta revisión, según explicó, se inició tras recibir información sobre procesos de contratación. Considera que este tema es uno de los motivos del cuestionamiento.
La firma Ratzel apoyó la realización de esta auditoría interna. La revisión encontró varios aspectos irregulares en los procesos. Entre ellos, postulaciones de candidatos mediante canales no habilitados para tal fin.
También se detectaron personas que no cumplían los requisitos establecidos. Adicionalmente, hubo casos donde no se realizaron pruebas técnicas de selección. Estos hallazgos quedaron documentados en el informe de auditoría.
Vergara también mencionó un caso relacionado con Leandro Hermosa Cano. Esta persona es familiar de la pareja de Ricardo Roa. Roa fue expresidente de Ecopetrol durante el período en cuestión.
El caso hacía referencia a la vinculación de Hermosa Cano. También incluía observaciones sobre el proceso de contratación que se siguió. El documento citado por EL TIEMPO contiene estos señalamientos específicos.
Actualmente existen once investigaciones internas en Ecopetrol relacionadas con estos asuntos. Además, hay una actuación disciplinaria en la Procuraduría General de la Nación. En esta última aparecen Vergara y dos exmiembros de junta.
Guillermo García Realpe es uno de los exmiembros de junta mencionados. Álvaro Torres es el otro directivo incluido en la actuación disciplinaria. Ambos han sido vinculados a las investigaciones en curso.
García Realpe negó categóricamente los señalamientos en su contra. “Nunca revelé información sometida a reserva cuando fui directivo de Ecopetrol”, afirmó. Su posición es de total rechazo a las acusaciones.
Por su parte, Álvaro Torres adoptó una postura diferente. Manifestó que se abstendría de entregar declaraciones públicas. Argumentó la reserva del proceso en la Procuraduría como razón principal.
La Unidad Investigativa de EL TIEMPO tuvo acceso a chats relevantes. Según Vergara, estos mensajes demostrarían comunicaciones con Ricardo Roa. Las conversaciones estarían relacionadas con mensajes divulgados después de las investigaciones periodísticas.
En uno de los mensajes, Vergara le escribió a Roa el 30 de mayo de 2025. El tema era un video difundido en redes sociales. La respuesta atribuida a Roa contiene recomendaciones específicas.
“La recomendación que hago es por ahora no seguir divulgando ya más mensajes”, se lee. El mensaje continúa: “mientras avanza en los procesos de los que habla la junta”. Se refiere al comunicado emitido el día anterior.
La periodista Marcela Ulloa aportó información adicional sobre el caso. Señaló que siguió instrucciones de Esteban Restrepo desde la presidencia de Ecopetrol. El objetivo era brindar apoyo a Vergara en sus comunicaciones.
Este apoyo incluyó la grabación de un video con Vergara. También se estableció contacto con un medio radial específico. Estas acciones fueron coordinadas desde la presidencia de la compañía.
Juan David León actúa como apoderado de Ricardo Roa. Afirmó que siempre se siguieron canales oficiales en las comunicaciones. Además, negó la existencia de hostigamiento contra Vergara.
León señaló que existen asuntos siendo revisados por autoridades competentes. Estas revisiones se realizan en el ámbito judicial. También están siendo examinadas por autoridades disciplinarias correspondientes.
Vergara tendrá una audiencia programada para el próximo 15 de septiembre. Anteriormente hubo una primera citación de conciliación que no se realizó. La razón fue la ausencia de representantes de Ecopetrol.
Esta diligencia constituye un requisito previo dentro del trámite de investigación. Según la información publicada por EL TIEMPO, es un paso procesal necesario. El desarrollo de esta audiencia será determinante para el caso.
El caso involucra múltiples aristas que van más allá de la denuncia inicial. Incluye auditorías internas, procesos de contratación y comunicaciones entre altos directivos. También abarca investigaciones disciplinarias y penales en curso.
Las versiones sobre los hechos son contradictorias entre las partes involucradas. Vergara sostiene que es víctima de persecución por cumplir sus funciones. Ecopetrol afirma que hubo revelación indebida de información reservada.
Los chats revelados añaden una dimensión comunicacional al conflicto. Muestran intercambios entre el exdirectivo y el expresidente de la compañía. Estos mensajes podrían ser clave en las investigaciones en curso.
Las investigaciones internas suman once casos relacionados con los mismos asuntos. Este número refleja la magnitud de las irregularidades detectadas. También muestra la profundidad de la revisión realizada por Ecopetrol.
La participación de la Procuraduría General de la Nación amplía el alcance. No se trata solamente de un asunto interno de la compañía. Las autoridades disciplinarias del Estado están examinando las conductas denunciadas.
Los procesos de contratación en el Oleoducto de los Llanos revelaron múltiples fallas. Candidatos fueron postulados por vías no autorizadas en algunos casos. En otros, las personas no cumplían los requisitos mínimos establecidos.
La omisión de pruebas técnicas de selección constituye otra irregularidad detectada. Estos hallazgos cuestionan la transparencia de los procesos de vinculación. También generan dudas sobre los controles internos de la compañía.
El caso de Leandro Hermosa Cano añade un componente de posible conflicto de intereses. Su relación familiar con la pareja del expresidente genera cuestionamientos. Las observaciones sobre su proceso de contratación refuerzan estas dudas.
El contrato con Covington & Burling representa un aumento de más del 560 por ciento. Pasar de 875.000 dólares a 5,8 millones requiere justificación detallada. Este incremento fue uno de los detonantes de las investigaciones periodísticas.
Las declaraciones de Vergara a medios de comunicación son el centro de la denuncia. Ecopetrol considera que reveló información a la que accedió por su cargo. El exdirectivo argumenta que actuó dentro de sus funciones legales.
La ausencia de Ecopetrol en la primera citación de conciliación genera interrogantes. Podría interpretarse como falta de interés en resolver el conflicto. También podría responder a una estrategia procesal específica.
La periodista Marcela Ulloa aparece como testigo de acciones coordinadas desde la presidencia. Su testimonio sobre las instrucciones de Esteban Restrepo es relevante. Podría demostrar que hubo apoyo institucional a las comunicaciones de Vergara.
El apoderado de Roa insiste en que se siguieron canales oficiales. Esta afirmación contrasta con los chats revelados por la Unidad Investigativa. Los mensajes sugieren comunicaciones directas sobre temas sensibles de la compañía.
La defensa de García Realpe es categórica sobre la no revelación de información. Su negativa absoluta lo diferencia de otros involucrados. Torres, en cambio, prefiere guardar silencio por la reserva procesal.
Las retaliaciones mencionadas por Vergara incluyen acoso judicial y disciplinario. También habla de una persecución que inició en abril de 2024. Estas afirmaciones sugieren un conflicto prolongado con la administración de Ecopetrol.
La audiencia de septiembre será un momento crucial para el caso. Allí se podrán presentar pruebas y argumentos de ambas partes. El resultado podría definir el rumbo de las investigaciones penales.
Las once investigaciones internas reflejan la complejidad del asunto. Cada una podría revelar aspectos adicionales de las irregularidades. También podrían vincular a más personas en los procesos cuestionados.
La actuación de la Procuraduría involucra a tres personas hasta ahora. Vergara y dos exmiembros de junta están siendo investigados. El alcance de esta investigación podría ampliarse según los hallazgos.
Los mensajes entre Vergara y Roa muestran coordinación sobre comunicaciones públicas. La recomendación de no divulgar más mensajes es significativa. Sugiere preocupación por el impacto de las revelaciones en curso.
El apoyo para grabar un video y contactar medios radiales plantea preguntas. ¿Fue una iniciativa personal de Vergara o una estrategia institucional? El testimonio de Ulloa apunta a la segunda opción.
La firma Ratzel jugó un papel importante en la auditoría del Oleoducto. Sus hallazgos documentaron irregularidades en procesos de contratación. Este informe probablemente sea pieza clave en las investigaciones.
El período mencionado por Vergara abarca desde abril de 2024 hasta agosto de 2026. Son más de dos años de supuesta persecución sistemática. Este plazo prolongado sugiere un conflicto institucional profundo.
La información reservada, confidencial o privilegiada es el núcleo de la denuncia. Determinar qué información tenía ese carácter será crucial. También lo será establecer si Vergara la reveló efectivamente.
Las entrevistas de Vergara a medios fueron el detonante formal de la denuncia. Sin embargo, el conflicto parece tener raíces más profundas. Las auditorías y los hallazgos previos sugieren tensiones anteriores.
