En el año 2023, el divorcio de Pablo y Sagrario se convirtió en un caso emblemático, no solo por las disputas habituales que surgen en estos procesos, como la repartición de bienes y la custodia de los hijos, sino por un elemento menos común: la custodia y manutención de una mascota. Este caso, resuelto por la Audiencia Provincial de Pontevedra, ha puesto de relieve cómo las leyes y la sociedad están evolucionando para reconocer la importancia de los animales en las familias.
La decisión judicial de asignar una pensión de 40 euros mensuales para el cuidado de la mascota, a ser compartida por ambos cónyuges, marca un precedente en la consideración de los animales domésticos dentro de los litigios familiares. La mascota, que quedó bajo el cuidado de Sagrario, simboliza cómo los tribunales están comenzando a tratar a los animales de compañía como miembros de la familia, merecedores de consideración en los acuerdos de divorcio.
Además, el tribunal estableció que Sagrario recibiría la mitad de los gastos extraordinarios y de veterinario, financiados por Pablo, siempre que fuera necesario. Esta medida refleja un reconocimiento de la responsabilidad compartida en el bienestar del animal, más allá de la simple propiedad.
En cuanto a los hijos de la pareja, Bernardo y Camilo, nacidos en 2021, la custodia se determinó bajo un sistema de patria potestad compartida, con intercambios semanales y una pensión de alimento de 150 euros, dividida equitativamente entre ambos niños. Este arreglo subraya la tendencia hacia la co-parentalidad, buscando el equilibrio y el bienestar de los menores por encima de las disputas de los padres.
La capacidad económica de Pablo fue un factor determinante para fijar la cantidad de la pensión para la mascota, estableciendo un precedente sobre cómo los recursos financieros pueden influir en las decisiones judiciales relativas al cuidado de los animales. La actualización anual de esta pensión según el Índice de Precios al Consumo (IPC) de España asegura que el bienestar del animal no se verá comprometido por la inflación o cambios económicos.
Sin embargo, el descontento de Sagrario con la decisión inicial llevó el caso a una instancia superior. Su argumento se centró en su papel predominante en el cuidado y la crianza de los hijos, solicitando una pensión aumentada y la atribución del vehículo familiar, lo que refleja las complejidades emocionales y financieras que suelen acompañar a los procesos de divorcio.
La Audiencia de Pontevedra, al desestimar el recurso de Sagrario, confirmó la sentencia original, manteniendo las condiciones establecidas para la custodia de los hijos y la mascota, así como las pensiones correspondientes. Esta decisión subraya la importancia de encontrar un equilibrio justo entre las partes, considerando tanto las necesidades económicas como el bienestar emocional de todos los involucrados, incluidos los animales de compañía.
Este caso no solo refleja los desafíos legales y emocionales inherentes a los procesos de divorcio, sino que también destaca cómo la sociedad y las leyes están evolucionando para reconocer y proteger los derechos y el bienestar de todos los miembros de la familia, incluidas las mascotas. La decisión de la Audiencia Provincial de Pontevedra representa un paso adelante en la consideración de los animales dentro del núcleo familiar y establece un precedente importante para futuros litigios familiares.
