La crisis en la Vía al Llano alcanza su quinto día de cierre total debido a un masivo derrumbe que interrumpió esta vital conexión vial entre el centro y oriente colombiano.
La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, elevó un urgente llamado al gobierno nacional ante la crítica situación que enfrenta la región. Durante una entrevista con La FM, la mandataria expresó su preocupación por la falta de respuesta efectiva.
“El gobierno nacional ha hecho oídos sordos frente al clamor, no de un departamento, sino de una región completa”, manifestó Cortés. En efecto, la crisis afecta a siete departamentos que dependen de esta conexión con el centro del país.
La problemática no es nueva ni exclusiva de la actual administración presidencial. Sin embargo, los frecuentes cambios en el Ministerio de Transporte han ralentizado significativamente las iniciativas para resolver la situación en este corredor vial estratégico.
Durante los últimos 20 meses, las autoridades regionales han intentado infructuosamente obtener recursos para atender los puntos críticos. El exministro Camargo solicitó 623.000 millones a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, mientras que la exministra Constanza propuso destinar 103.000 millones para intervenir 16 zonas vulnerables.
Los efectos económicos del cierre ya son evidentes en la región. Los precios de los tiquetes aéreos se han disparado, oscilando entre 500.000 y 1.3 millones de pesos. Ante esto, la gobernadora anunció una reunión con el presidente de Satena para abordar la regulación tarifaria.
La situación se complica aún más por las condiciones geológicas del área. “La alcaldesa de Chipaque está preocupada porque si continúa el movimiento de la montaña, podría afectar a 20 propiedades cercanas”, advirtió Cortés.
El panorama se extiende más allá del Meta. Otros departamentos de la región también requieren inversiones urgentes en infraestructura vial y diversos sectores. “Esta es la Colombia oculta que al gobierno nacional no le importa”, señaló la gobernadora.
La mandataria departamental propone realizar recortes en gastos de funcionamiento y redirigir esos recursos para atender las necesidades regionales. Además, ha convocado una reunión con otros gobernadores para presentar un frente común ante el gobierno nacional.
Las labores de remoción del derrumbe iniciaron recientemente a través de la concesión vial. Se estima que tomará al menos tres días remover la masa de tierra que bloquea la vía. No obstante, la inestabilidad del terreno genera incertidumbre sobre una solución definitiva.
El cierre indefinido de esta arteria vial amenaza con generar desabastecimiento y sobrecostos que impactarán severamente la economía del Meta, la región Orinoquía y, por extensión, todo el país.
