La deuda interna del Gobierno Nacional superó por $125 billones toda la cartera de crédito de los colombianos con el sistema financiero. Esta cifra representa una situación sin precedentes en la economía del país. José Ignacio López, presidente de Anif, fue quien advirtió sobre esta situación preocupante.
El Estado colombiano continúa aumentando su dependencia del mercado local para financiarse. Mientras tanto, los intereses de la deuda siguen presionando las finanzas públicas de manera considerable. Esta situación ha encendido las alarmas entre economistas y analistas del sector financiero.
Desde agosto de 2022, la cartera bruta de crédito del sistema financiero creció $142 billones. Sin embargo, la deuda interna del Gobierno aumentó $386 billones en el mismo periodo. Esta diferencia abismal muestra la velocidad con la que el sector público absorbe recursos del mercado.
La presión del sector público sobre el mercado local tiene consecuencias directas sobre los colombianos. Según López, esta situación ayuda a explicar por qué las tasas de interés permanecen altas en Colombia. Los hogares y empresas enfrentan así mayores costos para acceder al crédito.
El informe del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) correspondiente a mayo de 2026 reveló datos contundentes. La deuda interna ya representa 43,3% del Producto Interno Bruto del país. Además, la deuda bruta total del Gobierno Nacional Central cerró marzo en 60,8% del PIB.
El Gobierno continúa financiándose principalmente con deuda local a través de TES de largo plazo. Estos títulos ya representan 80,5% del financiamiento interno del Estado bajo la administración Petro. Este nivel refleja el creciente peso que tiene el mercado colombiano en las necesidades de caja.
Los TES son títulos de deuda emitidos por el Gobierno para conseguir recursos del mercado. Bancos, fondos y otros inversionistas compran esos papeles con la promesa de recuperación futura. El Estado se compromete a devolver el dinero con intereses en plazos determinados.
El CARF reportó que el saldo de TES de largo plazo llegó a $700,8 billones en marzo. Esta cifra superó en $149 billones el promedio histórico observado entre 2021 y 2025. El crecimiento acelerado evidencia la estrategia de financiamiento del actual gobierno.
La financiación de corto plazo perdió participación dentro de la estructura de deuda interna. Los TES de corto plazo y otros instrumentos de caja redujeron su peso hasta 18,2%. Esta reducción ocurrió después de varias disminuciones consecutivas en los últimos meses.
Paralelamente, la deuda externa perdió participación dentro del total de obligaciones del Gobierno colombiano. A marzo de 2026 representó 28,8% del total de la deuda pública nacional. Este es el nivel más bajo registrado desde noviembre de 2014.
El costo de sostener la deuda preocupa especialmente al CARF más allá del tamaño total. Entre enero y marzo, los intereses representaron 36,9% de los ingresos tributarios del Gobierno Nacional Central. Esto significa que casi 37 de cada 100 pesos recaudados en impuestos se destinan a pagar intereses.
Este porcentaje se ubica muy por encima del promedio histórico registrado entre 2004 y 2025. Durante ese periodo, la relación entre intereses e ingresos tributarios era de apenas 22%. El aumento de 15 puntos porcentuales refleja el deterioro de las finanzas públicas.
El Comité explicó que parte de esa presión estuvo asociada al pago de cupones específicos. Los bonos internos y externos pagados durante marzo representaban cerca de 12% del saldo total de deuda. Estos pagos concentrados generan picos de presión sobre las finanzas del Estado.
Aunque el informe muestra que la deuda total cayó 1,1 puntos del PIB frente a febrero, el nivel sigue siendo alto. La comparación con el año anterior evidencia que la situación no ha mejorado sustancialmente. El CARF indicó que la reducción mensual estuvo explicada por una disminución de la deuda externa.
Los pagos anticipados y menores saldos de bonos globales impulsaron la reducción de la deuda externa. No obstante, la deuda neta del Gobierno cerró marzo en 58,8% del PIB. Esta cifra continúa siendo elevada según los estándares internacionales para economías emergentes.
A la situación de deuda se suma una menor posición de liquidez del Gobierno. El CARF reportó que la caja total pasó de $12,4 billones a $9,8 billones en abril. La caída de $2,6 billones en apenas un mes reduce el margen de maniobra del Estado.
Pese a las presiones por deuda e intereses, el recaudo tributario mostró una recuperación importante. La cifra neta acumulada a marzo llegó a $73,4 billones con un crecimiento de 13,6% frente al mismo periodo de 2025. Este incremento ofrece un respiro parcial a las finanzas públicas.
Sin embargo, el mensaje de fondo del informe apunta a una situación compleja y estructural. El mercado financiero colombiano sigue absorbiendo una porción más grande de las necesidades de financiamiento del Gobierno. Esta dinámica ocurre precisamente cuando hogares y empresas enfrentan tasas de interés elevadas.
Las condiciones de crédito se han vuelto más exigentes para el sector privado. Mientras el Gobierno accede a recursos del sistema financiero, los ciudadanos y empresarios encuentran mayores barreras. Esta competencia por recursos genera un efecto de desplazamiento o “crowding out” en la economía.
Los analistas coinciden en que esta situación plantea riesgos importantes para el crecimiento económico. Cuando el Estado absorbe gran parte del crédito disponible, limita las posibilidades de inversión privada. Las empresas enfrentan dificultades para financiar proyectos de expansión o modernización.
Los hogares también sufren las consecuencias de esta dinámica en el mercado financiero. Las tasas hipotecarias se resisten a bajar y complican los planes de quienes quieren comprar vivienda. El crédito de consumo mantiene costos elevados que afectan la capacidad de gasto de las familias.
La concentración en TES de largo plazo también implica compromisos futuros significativos para el Estado. Estos títulos generan obligaciones de pago que se extenderán por décadas en algunos casos. Las futuras administraciones heredarán una carga financiera considerable que limitará su capacidad de acción.
El incremento de 80,5% en la participación de TES de largo plazo marca un cambio estructural. Esta estrategia contrasta con periodos anteriores donde existía mayor balance entre instrumentos de corto y largo plazo. La dependencia de financiamiento a largo plazo reduce la flexibilidad de la política fiscal.
La relación entre deuda interna y PIB de 43,3% representa un nivel históricamente alto para Colombia. Este indicador ha venido creciendo de manera sostenida durante los últimos años. La trayectoria ascendente genera preocupación sobre la sostenibilidad fiscal en el mediano plazo.
El hecho de que la deuda externa haya alcanzado su menor participación desde 2014 tiene implicaciones mixtas. Por un lado, reduce la exposición a riesgos cambiarios y volatilidad de mercados internacionales. Por otro lado, aumenta la presión sobre el mercado financiero doméstico.
La capacidad del mercado local para absorber emisiones adicionales de deuda tiene límites. Si el Gobierno continúa aumentando su demanda de recursos, eventualmente enfrentará mayores costos de financiamiento. Las tasas de interés de los TES podrían subir si la oferta supera la demanda.
Los inversionistas institucionales como fondos de pensiones son los principales compradores de TES. Estos fondos tienen obligaciones regulatorias que los llevan a invertir en títulos de deuda pública. Sin embargo, su capacidad de absorción no es ilimitada y depende del flujo de aportes.
La situación fiscal colombiana se compara desfavorablemente con países de ingresos y riesgos similares. Colombia gasta más y tiene peores cuentas fiscales que naciones con características económicas comparables. Este diagnóstico sugiere la necesidad de ajustes estructurales en el manejo de las finanzas públicas.
El Gobierno colocó recientemente $6 billones a 32 años con tasas cercanas al 15%. Este nivel de tasas refleja las condiciones desafiantes del mercado y las expectativas de los inversionistas. El costo elevado del endeudamiento aumenta la carga futura de intereses sobre el presupuesto.
La recuperación del recaudo tributario ofrece una señal positiva pero insuficiente para resolver los problemas estructurales. El crecimiento de 13,6% en el recaudo debe compararse con el crecimiento mucho mayor de la deuda. La brecha entre ingresos y necesidades de financiamiento persiste.
La caída de la liquidez del Gobierno de $12,4 billones a $9,8 billones limita su capacidad de respuesta. Ante imprevistos o necesidades urgentes, el Estado tiene menos margen de maniobra financiero. Esta situación aumenta la vulnerabilidad ante choques económicos externos o internos.
El panorama descrito por el CARF y los analistas plantea desafíos importantes para la política económica. La sostenibilidad fiscal requiere medidas que equilibren las cuentas públicas sin comprometer el crecimiento. El balance entre ajuste fiscal y estímulo económico representa un dilema complejo.
