El Comité Autónomo de la Regla Fiscal publicó este jueves su análisis del Marco Fiscal de Mediano Plazo 2026. La entidad concluyó que el escenario fiscal planteado por el Ministerio de Hacienda es “difícil de alcanzar”. Además, advirtió que Colombia enfrentaría cifras sin precedentes en su historia económica.
Según el CARF, la deuda neta llegaría a 61 % del PIB este año. Esta sería la más alta registrada en la historia del país. Por lo tanto, la visión económica del Gobierno Nacional no convence a la entidad autónoma. Asimismo, las proyecciones oficiales presentan diferencias significativas con las estimaciones técnicas del comité.
El Marco Fiscal del Gobierno proyecta un déficit fiscal de 5,3 % del PIB para 2026. El Ministerio de Hacienda presenta esta cifra como una mejora frente a 2025. Sin embargo, el CARF cuestiona la viabilidad de alcanzar estos números. En consecuencia, las autoridades económicas enfrentan un desafío de credibilidad técnica.
Para lograr el ajuste fiscal propuesto, el Gobierno calcula necesitar un incremento en ingresos tributarios. Este incremento sería de 1,6 % del PIB, según un reciente análisis de Fedesarrollo. De esta manera, se estabilizaría la deuda pública cerca del 58 % del PIB. No obstante, estas proyecciones parecen optimistas para los analistas independientes.
El CARF no comparte dichas cifras del Ministerio de Hacienda. La entidad estima que el gasto de funcionamiento e inversión será 2 % del PIB más alto. Esta diferencia equivale a COP 39,6 billones, una brecha considerable en las cuentas públicas. Por consiguiente, el balance total de las finanzas públicas llegaría a -7,4 % del PIB.
Con esa brecha fiscal, la deuda neta alcanzaría 61 % del PIB. Como se mencionó anteriormente, esta sería la más alta de la historia del país. Además, superaría los niveles observados durante la pandemia de COVID-19. De igual forma, representaría un deterioro acelerado de la sostenibilidad fiscal colombiana.
El tiempo tampoco juega a favor del Gobierno Nacional. El CARF advierte que con corte a mayo, el 58,1 % del techo de inversión ya fue comprometido. Este es el rubro más flexible del presupuesto disponible para ajustes. Eso reduce cada vez más el margen de efectividad de cualquier decreto de recorte.
Igualmente, cualquier aplazamiento que anuncie el Gobierno tendría menor impacto real. La ejecución presupuestal avanzada limita las opciones de política fiscal. Por ende, las autoridades económicas cuentan con menos herramientas para corregir el rumbo. Mientras tanto, las obligaciones de gasto continúan incrementándose según lo programado.
El panorama para 2027 es incluso más exigente que el de 2026. El Gobierno plantea en su Marco Fiscal una meta de balance primario de -0,5 % del PIB. Esta meta requeriría ajustes fiscales de gran magnitud en un período muy corto. Sin embargo, el CARF anota que alcanzar esa meta supondría la aprobación de una reforma tributaria.
Dicha reforma tributaria debería ser de 1,4 % del PIB, según los cálculos técnicos. El Gobierno anunció recientemente que radicará dicho proyecto el 20 de julio. No obstante, a la fecha no tiene contenido definido ni estrategia de implementación clara. Por lo tanto, el CARF no la incluye en sus estimaciones oficiales de proyección fiscal.
Sin esa reforma tributaria, el CARF calcula que cumplir la meta requeriría ajustes mayores. Específicamente, se necesitaría un ajuste de ingresos o recorte de gastos equivalente a 3,7 % del PIB. Esta magnitud de ajuste representa un desafío político y social considerable. Además, su implementación podría generar impactos significativos en la economía real.
Si el próximo gobierno logra ese ajuste fiscal, la deuda llegaría a 62,9 % del PIB. Esta cifra seguiría siendo históricamente elevada para los estándares colombianos. Asimismo, limitaría el espacio fiscal para responder a crisis futuras o necesidades de inversión. En cambio, si no se logra el ajuste, las consecuencias serían aún más graves.
Si el ajuste no se materializa, el balance primario sería de -4,3 % del PIB. En ese escenario, la deuda escalaría hasta 66,6 % del PIB para 2027. Esto acercaría peligrosamente al país al límite que fija la Regla Fiscal. Dicho límite está establecido en 71 % del PIB como techo máximo de endeudamiento.
A través de un comunicado, el CARF advirtió sobre la urgencia de actuar. Las medidas de ajuste fiscal estructural no dan espera, según la entidad. De lo contrario, el país podría enfrentar “una situación de estrés financiero, con consecuencias económicas potencialmente devastadoras”. Por ello, el tono del comité refleja preocupación por la situación actual.
El Gobierno y el Congreso deben acordar medidas urgentemente, asevera la entidad. Estas medidas deben ser “de alta envergadura para evitar una crisis fiscal”. La coordinación entre poderes resulta fundamental para implementar ajustes sostenibles. Mientras tanto, el tiempo disponible para actuar se reduce con cada mes que transcurre.
Para cumplir con la Regla Fiscal, el ajuste sugerido por el CARF tendría dimensiones significativas. Este ajuste debería ser del orden del 5,5 % del PIB en 2028. Posteriormente, se requeriría un ajuste de 6,1 % del PIB en 2030. Estas cifras representan recortes o aumentos de ingresos de magnitud histórica para Colombia.
Aun si ese ajuste se logra, el CARF estima que la deuda neta seguiría subiendo. El incremento continuaría hasta 2030, cuando alcanzaría 64,2 % del PIB. Solo después de ese punto comenzaría a bajar gradualmente. En otras palabras, la estabilización fiscal tomaría varios años incluso con ajustes severos.
La razón de la urgencia es que las crisis fiscales no siempre se anuncian gradualmente. Según el CARF, durante un tiempo puede coexistir una aparente normalidad macroeconómica con una trayectoria fiscal insostenible. Esta dualidad puede generar una falsa sensación de seguridad entre los hacedores de política. Sin embargo, cuando cambia la percepción de los mercados, los efectos son inmediatos.
Cuando cambia la percepción de solvencia o de refinanciación, las consecuencias son severas. Las primas de riesgo pueden aumentar de forma abrupta y repentina. La tasa de cambio puede deteriorarse rápidamente, afectando la inflación y el poder adquisitivo. Además, el acceso al financiamiento puede cerrarse, limitando las opciones del Gobierno.
El CARF enfatiza que estos deterioros pueden ocurrir “de forma abrupta”. Los mercados financieros reaccionan rápidamente ante señales de insostenibilidad fiscal. Por consiguiente, esperar demasiado para actuar aumenta exponencialmente los riesgos. Igualmente, las opciones de política se reducen cuando se actúa bajo presión de los mercados.
Las diferencias entre las proyecciones del Gobierno y del CARF son sustanciales. Mientras el Ministerio de Hacienda presenta un escenario de mejora gradual, el comité técnico advierte sobre deterioros. Esta divergencia refleja supuestos diferentes sobre crecimiento económico, recaudo tributario y ejecución del gasto. Además, evidencia la complejidad de la situación fiscal colombiana actual.
El gasto de funcionamiento e inversión es el principal punto de desacuerdo entre ambas entidades. El CARF estima que será significativamente más alto que las proyecciones oficiales. Esta diferencia de 2 % del PIB equivale a recursos considerables en el presupuesto nacional. Por lo tanto, representa presiones adicionales sobre las finanzas públicas que el Gobierno podría estar subestimando.
La ejecución presupuestal con corte a mayo muestra compromisos ya adquiridos significativos. El 58,1 % del techo de inversión comprometido limita la flexibilidad fiscal restante. En consecuencia, los decretos de recorte tendrían menor efectividad que en períodos anteriores. Asimismo, las posibilidades de aplazamiento de gastos se reducen conforme avanza el año fiscal.
La reforma tributaria anunciada para el 20 de julio enfrenta incertidumbres importantes. Sin contenido definido ni estrategia de implementación, su viabilidad es cuestionable. El Congreso debe aprobar la reforma para que tenga efecto sobre las finanzas públicas. Sin embargo, el ambiente político actual presenta desafíos para lograr consensos en temas tributarios.
La ausencia de definición sobre la reforma tributaria genera incertidumbre en los mercados. Los inversionistas y analistas requieren claridad sobre las medidas fiscales futuras. Mientras tanto, las calificadoras de riesgo observan de cerca la situación fiscal colombiana. De hecho, cualquier deterioro adicional podría afectar la calificación crediticia del país.
El balance primario es un indicador clave de la sostenibilidad fiscal de largo plazo. La meta de -0,5 % del PIB para 2027 representa una mejora significativa desde los niveles actuales. No obstante, alcanzarla requiere disciplina fiscal y medidas estructurales de gran calado. Por ende, el desafío no es solo técnico sino también político y social.
El ajuste fiscal de 3,7 % del PIB sin reforma tributaria implicaría recortes severos. Estos recortes afectarían programas sociales, inversión pública o ambos simultáneamente. Además, podrían tener efectos contractivos sobre la actividad económica general. Por consiguiente, el dilema fiscal presenta trade-offs complejos entre sostenibilidad y crecimiento económico.
La trayectoria ascendente de la deuda hasta 2030 es preocupante incluso con ajustes. Alcanzar 64,2 % del PIB en 2030 dejaría poco margen para enfrentar choques externos. Asimismo, los costos del servicio de la deuda aumentarían, reduciendo recursos para otras prioridades. En efecto, la sostenibilidad fiscal de mediano plazo requiere acciones inmediatas y sostenidas.
El límite de 71 % del PIB establecido por la Regla Fiscal es un techo importante. Acercarse a ese límite reduce la credibilidad de la política fiscal colombiana. Los mercados interpretan la proximidad al límite como señal de debilidad institucional. Por lo tanto, mantener distancia prudente del techo es fundamental para preservar la confianza.
Las consecuencias económicas de una crisis fiscal serían “potencialmente devastadoras”, según el CARF. Una crisis de esta naturaleza afectaría el empleo, la inversión y el crecimiento económico. Además, tendría impactos sociales significativos, especialmente sobre las poblaciones más vulnerables. De ahí la insistencia del comité en la urgencia de actuar preventivamente.
La coordinación entre el Gobierno y el Congreso es esencial para enfrentar el desafío fiscal. Las medidas de alta envergadura requieren consensos políticos amplios para su implementación. Sin embargo, el ambiente político actual presenta fragmentación y polarización significativas. Mientras tanto, las necesidades fiscales no esperan por acuerdos políticos.
El análisis de Fedesarrollo sobre el Marco Fiscal coincide en señalar brechas importantes. Esta coincidencia entre diferentes entidades técnicas fortalece la validez de las observaciones críticas. Asimismo, sugiere que las proyecciones oficiales podrían estar basadas en supuestos demasiado optimistas. En consecuencia, el debate técnico sobre la situación fiscal se intensifica.
La sostenibilidad fiscal de Colombia enfrenta su prueba más exigente en décadas. Los niveles de deuda proyectados superan los observados en crisis anteriores. Además, el espacio para maniobras fiscales se reduce con cada año de inacción. Por ello, las decisiones que se tomen en los próximos meses serán determinantes.
La percepción de solvencia del país depende de acciones concretas y creíbles. Los anuncios sin implementación efectiva no generan confianza en los mercados financieros. Por el contrario, pueden aumentar el escepticismo sobre la capacidad de ajuste del Gobierno. Entonces, la credibilidad fiscal se construye con hechos, no solo con palabras.
El acceso al financiamiento internacional podría complicarse si la situación fiscal se deteriora. Colombia depende de los mercados internacionales para financiar sus déficits y refinanciar deuda. Un cierre del acceso al crédito externo generaría presiones inmediatas sobre las finanzas públicas. Igualmente, aumentaría los costos de financiamiento para el sector público y privado.
Las primas de riesgo reflejan la percepción de los inversionistas sobre la solidez fiscal. Incrementos abruptos en estas primas encarecen el servicio de la deuda existente y futura. Además, generan efectos de contagio sobre las tasas de interés domésticas. Por consiguiente, mantener la confianza fiscal tiene beneficios amplios para toda la economía.
La tasa de cambio es particularmente sensible a las percepciones sobre sostenibilidad fiscal. Depreciaciones abruptas del peso colombiano aumentan la inflación importada y reducen el poder adquisitivo. Asimismo, incrementan el valor en pesos de la deuda externa pública y privada. De esta manera, la inestabilidad cambiaria amplifica los problemas fiscales originales.
El reto fiscal colombiano requiere una estrategia integral de mediano plazo. Esta estrategia debe combinar aumentos de ingresos, racionalización del gasto y reformas estructurales. Además, necesita consensos políticos y sociales amplios para ser sostenible en el tiempo. Mientras tanto, cada mes sin acción hace más difícil y costoso el ajuste necesario.
