Más de dos hectáreas de bosque habrían sido taladas en Bosques de Torca, al norte de Bogotá. La denuncia fue presentada por Greencity Inversiones y Construcciones S.A.S. Además, la compañía asegura que las actividades continúan sin cesar. Esto ocurre pese a múltiples comunicaciones enviadas a autoridades ambientales y judiciales.
El área afectada se encuentra en la localidad de Usaquén. Asimismo, está ubicada en inmediaciones de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. Este espacio fue declarado bajo protección desde 1976. Por consiguiente, es considerado de especial importancia ambiental y urbanística.
La reserva cuenta con entre 13.000 y 14.000 hectáreas de extensión. Constituye, por tanto, parte del bosque protector de la capital. En este territorio existen restricciones estrictas para la tala de árboles. Sin embargo, la intervención denunciada habría avanzado durante los últimos dos meses.
La situación se presenta en un sector contiguo al Conjunto Residencial Campestre Bosques de Torca. Esta zona es de carácter rural y de ladera. Por su cercanía con la Reserva Forestal, cualquier intervención requiere evaluación rigurosa. También debe cumplir con disposiciones ambientales vigentes y criterios de sostenibilidad.
Las primeras alertas fueron reportadas el 31 de mayo de 2026. En ese momento, residentes de la urbanización advirtieron actividades continuas de tala. Estas se desarrollaban en el lindero oriental de la copropiedad. Desde entonces, se enviaron comunicaciones a la administración del conjunto residencial. No obstante, las solicitudes de intervención inmediata no habrían sido atendidas eficazmente.
Greencity Inversiones y Construcciones S.A.S. adelantó posteriormente inspecciones de campo detalladas. Realizó sobrevuelos con drones y capturó fotografías aéreas. Además, elaboró registros videográficos y comparaciones temporales de imágenes. Igualmente, ejecutó ejercicios de georreferenciación del área afectada.
A partir de esas labores, la compañía identificó una tala masiva. Esta habría comprometido más de dos hectáreas de bosque en el sector. Además, la empresa sostiene que la intervención continúa avanzando diariamente. Así, cerca de 100 metros cuadrados de bosque serían afectados por cada día de inacción.
Ante la ausencia de actuaciones eficaces, la empresa presentó denuncia penal el 3 de julio. Esta fue radicada ante la Fiscalía General de la Nación contra responsables por determinar. El documento menciona presuntos delitos de deforestación y promoción de la deforestación. También incluye financiación de la deforestación, daño en recursos naturales y ecocidio.
Adicionalmente, se radicaron denuncias ante la Policía Nacional y Ambiental. La Secretaría Distrital de Ambiente recibió comunicación el 23 de julio. Por su parte, la Corporación Autónoma Regional fue notificada el 29 de julio. El Ministerio de Ambiente también fue informado de los hechos.
Según la comunicación de la empresa, estos procedimientos no habrían producido respuesta efectiva. Mientras tanto, la tala continuaría afectando la zona protegida. Los hechos denunciados estarían ocurriendo en el lindero entre la Finca Novitá y el conjunto residencial. Al parecer, el acceso al lugar se realiza a través de las haciendas Novitá o Betania.
Los registros recopilados describen dos focos de tala separados aproximadamente por cinco metros. En la denuncia ante la Fiscalía se solicita investigar la posible responsabilidad de personas relacionadas. También se pide determinar si existió algún tipo de encubrimiento o complicidad. Específicamente, se cuestiona a quienes, teniendo el deber legal de denunciar, habrían omitido hacerlo.
Laura Sofía Fernández Flechas elaboró un concepto técnico preliminar sobre los posibles impactos. Ella es ingeniera ambiental y especialista en Evaluación Ambiental de Proyectos. La experta advirtió que en áreas de alta sensibilidad ecológica los efectos son complejos. Por tanto, deben analizarse no solo por el número de árboles afectados.
También es necesario considerar las consecuencias acumulativas sobre la estructura del ecosistema. Igualmente, hay que evaluar los efectos sobre el funcionamiento del ecosistema. “La remoción de vegetación puede modificar las condiciones de estabilidad del suelo”, señaló Fernández. Además, puede “alterar la infiltración y regulación del agua”.
Asimismo, la tala puede “reducir la capacidad de captura de carbono”. También puede “afectar la disponibilidad de hábitat para la fauna silvestre”. Por otra parte, puede “disminuir la conectividad entre relictos boscosos”, agregó la experta. La magnitud de los impactos dependerá de varios factores.
Entre estos se encuentran la extensión intervenida y las especies comprometidas. También influyen las medidas de manejo implementadas durante y después de la intervención. El concepto técnico advierte sobre posibles procesos de erosión en el área. Igualmente, señala riesgo de pérdida de materia orgánica y compactación del suelo.
La reducción de la infiltración de agua es otro efecto probable. También se esperan alteraciones en la escorrentía superficial del terreno. Además, la eliminación de cobertura vegetal puede fragmentar los corredores ecológicos. Estos corredores son fundamentales en los Cerros Orientales de Bogotá.
La fragmentación reduce la capacidad de desplazamiento de especies de flora y fauna. Esto ocurre entre diferentes parches de bosque que aún permanecen. Otra de las alertas está relacionada con el riesgo de incendios de cobertura vegetal. La acumulación de ramas, hojas, cortezas y troncos puede favorecer la ignición.
También puede facilitar la propagación del fuego bajo condiciones climáticas adversas. Estas incluyen altas temperaturas, déficit de lluvias y baja humedad relativa. Asimismo, la presencia de vientos intensos aumenta el riesgo de incendios. La disminución de árboles aumenta la exposición del terreno a la radiación solar.
Por consiguiente, se reduce la humedad del suelo y la vegetación remanente. La compañía denunciante insiste en que la intervención sigue avanzando sin control. También sostiene que una actuación tardía podría producir daños ambientales irreversibles. El caso pone ahora el foco sobre la respuesta de las autoridades.
Tanto las autoridades ambientales como las judiciales están siendo observadas. La zona hace parte de uno de los corredores ecológicos más importantes de Bogotá. Cumple funciones de regulación hídrica y captura de carbono atmosférico. Además, contribuye a la conservación del paisaje y al soporte de biodiversidad.
La Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental constituye un patrimonio ambiental de la ciudad. Su protección es fundamental para la calidad de vida de los habitantes. Sin embargo, la denuncia evidencia posibles fallas en los mecanismos de control y vigilancia. También señala deficiencias en la respuesta institucional ante afectaciones ambientales.
Las comunicaciones enviadas desde finales de mayo no habrían generado acciones contundentes. Mientras tanto, el área afectada continúa expandiéndose según los denunciantes. La situación plantea interrogantes sobre la efectividad de los procedimientos administrativos vigentes. También cuestiona la capacidad de respuesta de las autoridades ambientales del Distrito.
El sector de Bosques de Torca se encuentra en una zona de especial importancia ecológica. Su ubicación en ladera y su carácter rural lo hacen particularmente vulnerable. Además, su proximidad con la Estructura Ecológica Principal del Distrito le confiere protección adicional. No obstante, esto no habría sido suficiente para evitar la intervención denunciada.
Los sobrevuelos con drones permitieron documentar la extensión del daño. Las fotografías aéreas muestran áreas desprovistas de vegetación arbórea. Los registros videográficos evidencian la continuidad de las actividades de tala. La comparación temporal de imágenes revela la progresión del fenómeno durante dos meses.
Los ejercicios de georreferenciación permitieron delimitar con precisión el área afectada. Esta información fue incorporada a las denuncias presentadas ante las autoridades. Sin embargo, hasta el momento de la publicación de la denuncia no se habría detenido la tala. Esto genera preocupación sobre la posibilidad de daños mayores en el corto plazo.
La empresa denunciante ha manifestado su disposición a colaborar con las investigaciones. También ha puesto a disposición de las autoridades toda la información técnica recopilada. Esto incluye coordenadas geográficas, registros fotográficos y videográficos, y análisis de imágenes satelitales. Asimismo, ha facilitado el concepto técnico elaborado por la ingeniera ambiental.
La denuncia penal presentada ante la Fiscalía incluye varios delitos ambientales. Entre estos se encuentra la deforestación, tipificada en el Código Penal colombiano. También se menciona la promoción y financiación de la deforestación. Además, se incluye el daño en los recursos naturales y el ecocidio.
Este último delito ha cobrado relevancia en el derecho ambiental internacional. Se refiere a daños graves y extensos al medio ambiente. La inclusión de este delito en la denuncia refleja la magnitud percibida de la afectación. También evidencia la intención de los denunciantes de que el caso sea tratado con la mayor seriedad.
La Policía Nacional y la Policía Ambiental recibieron copias de la denuncia. Estas entidades tienen competencia para adelantar investigaciones preliminares. También pueden realizar operativos de verificación y control en terreno. Sin embargo, no se ha reportado públicamente ninguna actuación en este sentido.
La Secretaría Distrital de Ambiente es la autoridad ambiental competente en Bogotá. Tiene la responsabilidad de proteger los recursos naturales del Distrito. También debe ejercer control y vigilancia sobre actividades que puedan afectar el medio ambiente. La denuncia del 23 de julio busca activar estas funciones en el caso de Torca.
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca también tiene competencias en la zona. Esto se debe a que el área limita con jurisdicciones regionales. La notificación del 29 de julio busca involucrar a esta entidad en el caso. Así se pretende ampliar el alcance de la respuesta institucional.
El Ministerio de Ambiente es la máxima autoridad ambiental del país. Su intervención podría ser determinante para la resolución del caso. Además, puede coordinar acciones entre diferentes autoridades regionales y locales. También puede emitir conceptos técnicos y jurídicos sobre la situación.
La ausencia de respuesta efectiva hasta el momento genera preocupación entre ambientalistas. También inquieta a los residentes del sector que denunciaron inicialmente los hechos. La continuidad de la tala pese a las denuncias sugiere falta de control efectivo. Asimismo, podría indicar debilidades en los mecanismos de sanción y prevención.
El caso de Bosques de Torca se suma a otras denuncias de afectación ambiental en Bogotá. Los Cerros Orientales han sido objeto de múltiples intervenciones irregulares a lo largo de décadas. Estas incluyen construcciones ilegales, minería informal y tala de bosques. La protección efectiva de esta zona sigue siendo un desafío para las autoridades.
La Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental cumple funciones ecosistémicas fundamentales para Bogotá. Regula el ciclo hidrológico de varias cuencas que abastecen a la ciudad. También captura y almacena carbono, contribuyendo a la mitigación del cambio climático. Además, alberga especies de flora y fauna nativas de la región.
La pérdida de cobertura vegetal en esta zona tiene efectos que trascienden lo local. Afecta la conectividad ecológica a escala regional. También compromete servicios ecosistémicos de los que depende la población urbana. Por tanto, su protección es un asunto de interés público y colectivo.
La denuncia de Greencity Inversiones y Construcciones S.A.S. busca llamar la atención sobre esta situación. También pretende activar los mecanismos institucionales de protección ambiental. Además, busca identificar y sancionar a los responsables de la tala. Finalmente, aspira a que se implementen medidas de restauración ecológica en el área afectada.
La respuesta de las autoridades en los próximos días será determinante. De ella dependerá la posibilidad de detener la tala y prevenir daños mayores. También influirá en la credibilidad de los mecanismos de protección ambiental del Distrito. Asimismo, enviará un mensaje sobre la voluntad institucional de proteger el patrimonio ecológico de Bogotá.
