La Universidad Nacional Abierta y a Distancia defendió la transparencia del modelo Cale. Esto ocurrió después de que el Ministerio de Transporte aplazara el examen teórico obligatorio. El aplazamiento durará tres meses.
La institución fue contratada como operador principal del esquema. Ratificó su compromiso con la confianza pública. Mientras tanto, el Gobierno revisa varios aspectos del modelo. Entre ellos están la capacidad operativa y la cobertura territorial. También analiza los costos para los ciudadanos.
El aplazamiento no cancela definitivamente los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación. Tampoco termina automáticamente el contrato suscrito con la universidad. La medida abre un periodo de análisis técnico. Después se establecerá una nueva fecha de implementación.
La Circular Externa 20261010000317 fue expedida el 28 de agosto. Difirió el requisito que debía comenzar a exigirse el 14 de septiembre de 2026. Los trámites continuarán bajo las condiciones anteriores. Esto ocurrirá mientras avanza la evaluación.
Los Cale fueron concebidos para separar la enseñanza de la evaluación. Los Centros de Enseñanza Automovilística conservarían la formación. Una red independiente comprobaría los conocimientos de cada conductor. También verificaría las habilidades de los aspirantes.
El esquema se sustenta en el artículo 19 del Código Nacional de Tránsito. Este fue modificado por la Ley 2251 de 2022. La disposición asignó los exámenes a instituciones públicas de educación superior. Estas deben tener reconocimiento oficial. Además, requieren capacidad de cobertura nacional.
En diciembre de 2025 se firmó el Contrato Interadministrativo 760. Las partes fueron el Ministerio de Transporte y la Unad. El acuerdo comprende la implementación del proceso de evaluación. También incluye la puesta en funcionamiento y la administración. Abarca la operación y el soporte en el territorio colombiano.
El contrato tiene una vigencia de 20 años. Sin embargo, no estableció un valor determinado. Tampoco contempla una transferencia directa de recursos presupuestales del Mintransporte. Los ingresos de la Unad provendrían de las tarifas pagadas por los usuarios. Estos dependerían de la demanda efectiva.
La universidad deberá disponer de infraestructura física y tecnológica. Aplicará procedimientos uniformes en todo el país. Garantizará la continuidad del servicio. Además, custodiará los registros de las evaluaciones.
La Unad tendrá que verificar la identidad de los aspirantes. Establecerá controles destinados a prevenir irregularidades. También evitará posibles fraudes en el proceso. El acuerdo asigna a la universidad el riesgo asociado con las variaciones de la demanda.
Esta condición incluye aquellos territorios con costos operativos elevados. En algunos lugares, mantener la operación podría costar más. Los ingresos por presentación de exámenes podrían ser insuficientes.
Uno de los principales puntos de revisión será la cobertura. El Ministerio establecerá si la red disponible puede atender la demanda nacional. La atención debe ser oportuna en todo el territorio.
El Ministerio informó que el 3 de agosto fueron aprobados 32 centros. Estos registros fueron solicitados por la Unad. Tres de esas sedes están localizadas en Bogotá. Las 29 restantes se distribuyen en diferentes departamentos.
Sin embargo, Guainía, Vaupés y Vichada no cuentan con un centro físico registrado. La mayoría de los departamentos dispone solamente de uno. Algunos Cale tampoco funcionan en las respectivas capitales departamentales.
El centro del Meta está ubicado en Acacías. El de Sucre se encuentra en Corozal. El de Córdoba está en Sahagún. El de Caldas opera en La Dorada. El de Putumayo funciona en Puerto Asís.
La inscripción en el Registro Único Nacional de Tránsito acredita requisitos documentales. También verifica el cumplimiento de requisitos técnicos. No obstante, esto no demuestra que la red pueda ofrecer disponibilidad suficiente. Tampoco garantiza continuidad y oportunidad.
La cartera señaló que el expediente no contiene un análisis determinante. Falta información sobre recursos físicos, humanos y tecnológicos. También se requieren datos sobre recursos operacionales necesarios. Esa información permitirá conocer si los centros podrían absorber la demanda.
El estudio deberá establecer cuántos puestos de examen hay en cada sede. Determinará sus horarios de funcionamiento. Calculará la duración de cada prueba. Establecerá el número de personas que podrían atender diariamente.
También deberá calcular la capacidad mensual de cada centro. Estimará los tiempos para obtener cita. Para el Ministerio, activar el requisito sin comprobar estas condiciones podría generar problemas. Entre ellos están la congestión y las largas esperas.
Los ciudadanos podrían enfrentar mayores desplazamientos. El impacto sería especialmente sensible para quienes viven en zonas alejadas. También afectaría a departamentos con oferta limitada de centros.
El costo para los ciudadanos constituye otro punto central de análisis. El Ministerio estima que obtener actualmente una licencia cuesta alrededor de $1,4 millones. La implementación de los Cale podría elevar el valor hasta $2,2 millones. Esto representa cerca de $800.000 adicionales.
La ministra de Transporte, Elsa Noguera, indicó que el Gobierno establecerá la justificación técnica. Verificará si el aumento puede traducirse en mejores resultados de seguridad vial. No incorporará el nuevo cobro sin análisis previo.
“Queremos mejores conductores y menos muertes en las vías, pero no vamos a trasladarle nuevos costos a la gente sin analizarlos objetivamente, demostrar que son necesarios y que producirán resultados”, aseguró la ministra. Estas palabras explican el alcance de la revisión.
El Gobierno también analizará la legalidad del contrato. Revisará las condiciones que dejaron a la Unad como único operador contratado. Según los cálculos de la cartera, el modelo podría movilizar cerca de $20 billones. Este monto se generaría durante los 20 años de vigencia.
Esa estimación no corresponde a un valor estipulado en el contrato. El monto quedó indeterminado en el acuerdo. Dependerá de las tarifas cobradas a los usuarios. También variará según el número real de personas evaluadas.
Por lo tanto, el recaudo puede variar durante el periodo pactado. La Dirección de Transporte y Tránsito tendrá 30 días hábiles para completar el estudio. Contará con el acompañamiento de la supervisión contractual.
El análisis abarcará múltiples aspectos del modelo. Entre ellos están la demanda y la capacidad instalada. Evaluará la interoperabilidad y la seguridad. Revisará la cobertura territorial y la continuidad del servicio. También examinará las condiciones de acceso.
Durante ese periodo, ningún organismo de tránsito podrá exigir el certificado. Este requisito estaba previsto inicialmente para el 14 de septiembre. Los ciudadanos podrán continuar realizando los trámites de expedición. También podrán realizar recategorizaciones con los requisitos anteriores.
El certificado solamente comenzará a regir un mes después. Esto ocurrirá cuando el Ministerio emita una nueva notificación. Además, deberá comprobar que existe capacidad operativa suficiente.
La evaluación determinará si el modelo continúa como fue pactado. También establecerá si necesita ajustes técnicos. Podrían requerirse modificaciones operativas y contractuales. La decisión final dependerá de los resultados del análisis.
La universidad defendió la transparencia de su propuesta. Argumentó que el modelo busca mejorar la calidad de los conductores. También pretende reducir la accidentalidad en las vías colombianas. La separación entre formación y evaluación es clave en este esquema.
Los defensores del modelo señalan que la evaluación independiente reduce riesgos de corrupción. Elimina posibles conflictos de interés entre quienes enseñan y quienes evalúan. Este sistema se aplica en otros países con resultados positivos.
No obstante, los críticos cuestionan el incremento de costos. Consideran que $800.000 adicionales representan una carga significativa. Especialmente para ciudadanos de bajos ingresos. También expresan dudas sobre la cobertura en zonas rurales.
La distribución geográfica de los centros genera preocupación. Departamentos completos carecen de infraestructura. Otros cuentan con un solo centro ubicado fuera de la capital. Esto implica desplazamientos largos y costosos para muchos ciudadanos.
La capacidad de atención también genera interrogantes. Con 32 centros para todo el país, la demanda podría superar la oferta. Esto generaría demoras en la obtención de citas. Los tiempos de espera podrían extenderse semanas o meses.
El Ministerio busca evitar que la implementación precipitada cause problemas. Prefiere asegurar condiciones adecuadas antes de activar el requisito. La revisión permitirá tomar decisiones basadas en información técnica. No en presiones o plazos arbitrarios.
La Unad, por su parte, sostiene que cuenta con capacidad institucional. Destaca su experiencia en educación a distancia. Argumenta que puede desplegar infraestructura en todo el territorio nacional. También señala que su modelo garantiza uniformidad en los criterios de evaluación.
La universidad enfatiza que los controles tecnológicos reducirán el fraude. Los sistemas biométricos verificarán la identidad de los aspirantes. Las cámaras de vigilancia registrarán el desarrollo de las pruebas. Los algoritmos detectarán patrones irregulares.
Además, la Unad argumenta que la inversión inicial es significativa. Requiere adecuación de espacios físicos en todo el país. Necesita equipos tecnológicos especializados. También debe contratar personal capacitado para operar los centros.
Estos costos justificarían, según la universidad, las tarifas propuestas. Sin embargo, el Ministerio exige demostración objetiva de esta relación. No aceptará incrementos sin sustento técnico claro.
La revisión también examinará la interoperabilidad del sistema. Los Cale deberán comunicarse con los organismos de tránsito. Intercambiarán información sobre resultados de exámenes. Actualizarán bases de datos en tiempo real.
Esta integración tecnológica es fundamental para el funcionamiento del modelo. Evitará duplicidades y errores en los registros. Facilitará el seguimiento de los trámites. Reducirá tiempos de espera para los ciudadanos.
La seguridad de la información constituye otro aspecto crítico. El sistema manejará datos personales sensibles. Deberá cumplir con estándares de protección de datos. Implementará protocolos contra ciberataques.
La continuidad del servicio también será evaluada. Los centros deberán operar sin interrupciones prolongadas. Contarán con planes de contingencia ante fallas técnicas. Garantizarán atención en horarios amplios.
El análisis incluirá las condiciones de acceso para personas con discapacidad. Los centros deberán contar con infraestructura inclusiva. Las pruebas se adaptarán a diferentes necesidades. El personal recibirá capacitación en atención a poblaciones diversas.
El Gobierno enfatiza que la seguridad vial es prioritaria. No obstante, las medidas deben ser efectivas y accesibles. El equilibrio entre calidad, costo y cobertura es fundamental. La revisión busca encontrar ese punto óptimo.
Los próximos 30 días serán determinantes para el futuro del modelo. La información recopilada orientará las decisiones finales. Podría confirmarse la implementación tal como fue diseñada. También podrían introducirse modificaciones sustanciales.
Incluso existe la posibilidad de replantear completamente el esquema. Todo dependerá de los hallazgos del estudio técnico. La transparencia del proceso es fundamental para la legitimidad de la decisión.
Los ciudadanos, mientras tanto, continúan realizando trámites bajo las reglas anteriores. No enfrentan requisitos adicionales por ahora. Tampoco deben pagar costos incrementados. La situación permanecerá así hasta nueva notificación oficial.
Los organismos de tránsito recibieron instrucciones claras. No pueden exigir el certificado de aprobación del examen teórico. Deben procesar las solicitudes con los requisitos vigentes antes del cambio. Cualquier exigencia adicional sería irregular.
La expectativa se centra ahora en los resultados de la revisión. El Ministerio promete transparencia en la comunicación de hallazgos. Informará a la opinión pública sobre las conclusiones del estudio. Explicará las razones de la decisión final.
La Unad, por su parte, colabora con el proceso de evaluación. Proporciona información solicitada por las autoridades. Defiende la viabilidad técnica y financiera de su propuesta. Confía en que la revisión confirmará la solidez del modelo.
El debate refleja tensiones entre diferentes objetivos de política pública. Por un lado, mejorar la calidad de los conductores. Por otro, mantener accesibilidad y costos razonables. Equilibrar estos elementos constituye el desafío central.
La experiencia internacional ofrece lecciones relevantes. Muchos países han implementado sistemas similares. Algunos han logrado reducir significativamente la accidentalidad. Otros han enfrentado problemas de implementación.
El contexto colombiano presenta particularidades propias. La geografía diversa complica la cobertura uniforme. Las diferencias socioeconómicas afectan la capacidad de pago. La infraestructura vial varía enormemente entre regiones.
Estos factores deben considerarse en el diseño final del modelo. Una solución que funciona en países pequeños podría no ser viable aquí. La adaptación al contexto local es fundamental.
El resultado de esta revisión marcará el futuro de la expedición de licencias. Definirá cómo se evaluarán los conductores en los próximos años. Establecerá precedentes sobre procesos de contratación pública. Influirá en la confianza ciudadana en las instituciones.
