El Comité Autónomo de la Regla Fiscal lanzó una advertencia contundente sobre las finanzas públicas colombianas. El déficit fiscal del país dejó de ser un problema temporal. Ahora es estructural.
Esto significa que el Estado gasta más rápido de lo que crecen sus ingresos. Además, esta situación se mantiene hace años. Cerrar esa brecha costará billones de pesos a los colombianos.
Las opciones disponibles son limitadas y dolorosas. Entre ellas figuran recortes en el gasto público. También aparece la posibilidad de mayor endeudamiento. Finalmente, nuevos impuestos completan el menú de alternativas.
El CARF fue directo en su diagnóstico. “Los gastos han crecido más que los ingresos”, señaló el organismo. La explicación parece sencilla, pero las implicaciones son profundas.
**El crecimiento económico esconde un problema**
La economía colombiana mostró expansión en años recientes. Sin embargo, esa expansión tiene una base frágil. Desde el cuarto trimestre de 2019 hasta 2026, el PIB aumentó cerca de 17,5 %.
Este porcentaje supera el desempeño de otros países latinoamericanos. Brasil registró un crecimiento de 14,5 % en el mismo período. Perú alcanzó 11,7 %, mientras Argentina llegó a 7,3 %. México cerró con 6,1 %.
Durante 2025, la economía creció 2,88 %. Por su parte, la demanda interna aumentó 3,7 %. Estos números parecen positivos a primera vista.
No obstante, el CARF identificó una debilidad preocupante. El consumo público sostiene gran parte del crecimiento. Si se excluye este rubro del cálculo, el panorama cambia radicalmente.
Sin consumo público, el PIB apenas habría crecido 0,99 %. Esta cifra resulta alarmante al compararla con datos históricos. Entre 1976 y 2019, el crecimiento promedio fue de 3,63 %. Sin consumo público, ese promedio se ubicó en 3,44 %.
La diferencia entre ambas mediciones era mínima en décadas pasadas. Actualmente, esa brecha se amplió de manera notoria. Esto revela una dependencia peligrosa del gasto estatal.
**Una economía impulsada por el consumo**
El Comité detectó un patrón preocupante en la estructura económica. El consumo público y privado mueven la economía colombiana. Mientras tanto, la inversión perdió protagonismo como motor de crecimiento.
Esta configuración se mantiene al menos desde 2019. Cada vez que la economía avanza, ambos rubros empujan el movimiento. El consumo lidera especialmente este impulso.
Para este año, el CARF proyecta un crecimiento del PIB de 2,5 %. Durante la próxima década, la cifra se mantendría alrededor de 2,6 %. Estas estimaciones reflejan una economía de bajo dinamismo.
El organismo fue categórico en su evaluación. “Colombia es un caso atípico”, señaló. El problema del gasto desbordado y los ingresos insuficientes es particular de este país.
Otros países latinoamericanos muestran trayectorias diferentes. Chile, Brasil, México y Perú registrarían una reducción conjunta de 1 % en el gasto. Simultáneamente, estos países verían un aumento de 0,5 % en sus ingresos.
Colombia seguiría el camino contrario. El gasto aumentaría 2,5 % mientras los ingresos caerían 0,8 %. Esta divergencia coloca al país en una posición vulnerable.
**Los rubros que desbordan el gasto**
Ciertos sectores explican el crecimiento acelerado del gasto público. La salud encabeza la lista de presiones fiscales. Le sigue el Sistema General de Participaciones.
Las pensiones también pesan considerablemente en las cuentas estatales. Finalmente, el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles completa los principales focos de gasto.
Estos rubros comparten una característica crucial. Son “gastos inflexibles”, según la terminología técnica. Esto significa que el Estado no puede recortarlos fácilmente.
Reducir estos gastos afectaría servicios esenciales para la población. También impactaría transferencias constitucionales a regiones y municipios. Además, comprometería compromisos legales establecidos.
Por otro lado, Colombia enfrenta un problema recurrente de proyecciones. El país sobrestima sistemáticamente los ingresos que recibirá cada año. Esta práctica ocurre tanto en presupuestos anuales como en marcos fiscales de mediano plazo.
El patrón se repite con regularidad. Un año sí, otro no. Esta sobrestimación genera “presiones fiscales persistentes”, advirtió el CARF.
La razón es elemental. El Estado programa gastos esperando recursos que finalmente no llegan. Esta brecha entre expectativa y realidad crea desequilibrios constantes.
En 2025, la meta de recaudo equivalía al 16,5 % del PIB. Sin embargo, el resultado final fue de 14,7 %. Esta diferencia parece pequeña en términos porcentuales.
No obstante, trasladada a una economía del tamaño de Colombia, representa decenas de billones de pesos. Son recursos que el Estado esperaba y que no ingresaron en la magnitud prevista.
**El desequilibrio para 2026**
Para el año en curso, el CARF proyecta un desequilibrio significativo. El balance primario alcanzaría un déficit de 3,9 % del PIB. Esta cifra contrasta con el 3,3 % calculado por el gobierno Petro.
La diferencia parece menor cuando se expresa en puntos porcentuales. Sin embargo, equivale a cerca de 10,3 billones de pesos. Esta brecha adicional representa un desafío mayúsculo.
El gobierno de De la Espriella tendrá que financiar, recortar o recaudar estos recursos. Cualquiera de estas opciones implica decisiones difíciles con consecuencias políticas y sociales.
Entre sus recomendaciones, el CARF propone recortar 9,7 billones de pesos en gastos flexibles. Estos son rubros con mayor margen constitucional y legal para ser ajustados.
Incluyen algunos gastos operativos no esenciales. También abarcan subsidios temporales que podrían eliminarse o reducirse.
Adicionalmente, el Comité pidió eliminar de las previsiones cerca de 30,2 billones de pesos. Estos recursos estaban asociados a la emergencia invernal. El ajuste busca reflejar con mayor precisión la situación real de las cuentas públicas.
**Los riesgos que se acumulan para 2027**
El CARF identifica un escenario complejo para el próximo año. Por un lado, considera posibles señales positivas de política económica. Estas podrían disminuir las primas de riesgo del país.
Las primas de riesgo reflejan la desconfianza inversora y productiva. También incorporan los cambios de reglas de juego. Finalmente, incluyen el riesgo de déficit de pago.
Si el mercado laboral se mantiene estable, el crecimiento podría fortalecerse. Además, un precio favorable del petróleo brindaría más aportes fiscales.
Sin embargo, la lista de riesgos es considerablemente más larga. El aumento del salario mínimo de 2026 podría acentuar presiones fiscales en 2027.
La reforma laboral representaría una presión adicional equivalente a 0,2 % del PIB. Por su parte, la reforma pensional requerirá mayores recursos. Específicamente, el pilar semicontributivo demandará financiamiento adicional.
Los pasivos de sectores estratégicos también pesan sobre las proyecciones. La salud continúa acumulando deudas pendientes. El sector energético enfrenta compromisos sin resolver. Los programas sociales también requieren recursos crecientes.
**La alarma de la deuda pública**
La deuda representa otra de las principales preocupaciones del CARF. Según el Gobierno, la deuda neta se ubicaría en 60,2 % del PIB.
Esto significa que las obligaciones del Estado equivalen a más de 60 pesos por cada 100 que produce la economía. El límite establecido por la Regla Fiscal es 71 %.
El problema trasciende el tamaño absoluto de la deuda. Lo que realmente preocupa es el costo de sostenerla. El CARF advierte que cerca de un tercio de los ingresos tributarios se destina al pago de intereses.
Esta situación se ha mantenido salvo la reducción temporal registrada en 2025. Para 2027, el Gobierno proyecta un gasto por intereses equivalente al 4,9 % del PIB. En términos absolutos, esto representa unos 104,7 billones de pesos.
El Comité advierte que la trayectoria de la deuda neta podría deteriorarse. Su estimación para 2027 ubica la deuda neta en 67,3 % del PIB. Esta cifra supera la proyección gubernamental.
El contraste histórico muestra la magnitud del cambio estructural. Durante el siglo XX, el promedio de deuda rondó el 12,6 % del PIB. Entre 2000 y 2019, ese promedio fue de 39,6 %.
En años recientes, la tendencia se aceleró dramáticamente. Entre 2022 y 2024, la deuda alcanzó un promedio de 56,7 %. Esta evolución refleja un cambio profundo en las finanzas públicas colombianas.
**La urgencia del ajuste fiscal**
El CARF fue enfático en su recomendación principal. “Entre más rápido sea el ajuste, menor el esfuerzo necesario”, señaló el Comité.
Para lograrlo, será necesario alcanzar acuerdos políticos amplios. Específicamente, entre el Gobierno y el Congreso de la República. Sin consenso político, cualquier ajuste será inviable.
El plan de ajuste debe incluir medidas para incrementar el PIB potencial. También debe incorporar protecciones para los hogares vulnerables. Estos dos objetivos pueden parecer contradictorios, pero resultan igualmente necesarios.
La ecuación fiscal tiene salidas limitadas. Si los ingresos no alcanzan y el gasto continúa creciendo, alguien tendrá que cerrar la diferencia.
El Estado puede optar por gastar menos. Esta opción implica recortes en servicios y programas. También puede endeudarse más, trasladando el problema al futuro. Finalmente, puede recaudar más mediante nuevos impuestos o ampliación de bases tributarias.
Las tres decisiones terminan teniendo consecuencias concretas. Se reflejan en la calidad de los servicios públicos. También afectan los programas estatales disponibles para la población.
Además, impactan las tasas de interés que paga el país. Finalmente, se traducen en impuestos que recaen sobre empresas y ciudadanos.
Todas estas consecuencias terminan, inevitablemente, en el bolsillo de los colombianos. El ajuste fiscal dejó de ser un debate técnico entre economistas. Ahora es una realidad que afectará la vida cotidiana de millones de personas.
El problema fiscal de Colombia ya no es temporal ni coyuntural. Es estructural, persistente y creciente. Resolverlo requerirá decisiones políticas difíciles, sacrificios compartidos y visión de largo plazo.
