El gobierno busca soluciones para enfrentar una creciente tensión en el suministro energético del país. La demanda aumenta mientras los proyectos se retrasan. Al mismo tiempo, la necesidad de gas importado presiona el sistema. El panorama combina riesgos inmediatos con desafíos estructurales que tardarán años en resolverse.
Natalia Gutiérrez preside Acolgen, el gremio de generadores de energía. Durante el Congreso Anual de Energía señaló dos problemas distintos. “Tenemos una necesidad coyuntural. Un problema estructural”, subrayó. El primero requiere respuestas rápidas. El segundo demanda planificación de largo plazo. Ambos convergen en este momento.
Las cifras ilustran la magnitud del riesgo. Una hora diaria de racionamiento eléctrico costaría entre 170.000 y 200.000 millones de pesos. El cálculo varía según el escenario. Los sectores más vulnerables serían manufactura, minería y comercio. Estas actividades concentran cerca del 30% de los empleos nacionales.
El impacto trasciende el consumo doméstico. Para una fábrica, el corte significa producción detenida. Una mina enfrenta operaciones aplazadas. Un establecimiento comercial asume mayores costos. La interrupción del servicio golpea directamente la capacidad productiva del país.
El riesgo tampoco es solamente teórico. XM opera el Sistema Interconectado Nacional. La compañía advirtió sobre posibles racionamientos en el área oriental. Los mantenimientos programados de El Guavio y Chivor coincidirían con efectos del fenómeno de El Niño. Ambas centrales suman más de 1.700 megavatios.
Juan Carlos Morales gerencia XM de forma encargada. Explicó que la generación de seguridad del área oriental también se vería afectada. La alternativa consistía en reprogramar al menos uno de los mantenimientos. XM descartó un gran apagón nacional. Sin embargo, reconoció problemas de capacidad en zonas concretas.
El escenario se complica cuando varios factores adversos coinciden. Demanda elevada, menores aportes hídricos y centrales importantes fuera de operación. La combinación reduce el margen de maniobra del sistema. Por eso la reprogramación de mantenimientos se volvió necesaria.
Los datos más recientes de XM muestran el estado del sistema. El nivel de embalse útil alcanzó 78,89%. Los aportes al sistema llegaron a 67,69%. El promedio habitual se ubica en 72,97%. Las cifras revelan una situación por debajo de lo normal.
A finales de agosto, Guavio y Chivor superaban el 90%. No obstante, algunos embalses de la región occidental rondaban el 50%. El agua no se distribuye de manera uniforme en el territorio. Esta disparidad complica el análisis del promedio nacional. El racionamiento permanece como punto crítico en el debate energético.
La demanda crece más rápido que la oferta disponible. Según XM, el déficit de energía firme frente a la demanda alcanzará 5,4% en 2026. Subirá a 7,8% en 2027. Se mantendrá en 7,6% en 2028. Las proyecciones no muestran mejora en el corto plazo.
La energía firme puede garantizarse incluso en condiciones desfavorables. En un sistema con alta participación de hidroeléctricas, esta capacidad resulta especialmente relevante. Cuando disminuyen los aportes de los embalses, la energía firme sostiene el suministro. Por eso el déficit proyectado preocupa al sector.
Para Acolgen, el riesgo trasciende el fenómeno de El Niño. Existe una diferencia entre la electricidad que el país necesita y la velocidad de incorporación de nueva capacidad. La demanda eléctrica nacional crece alrededor de 6% anual. La expansión de la oferta avanza a un ritmo cercano al 3%.
La brecha no implica un colapso automático del sistema. Colombia cuenta con diferentes fuentes de generación. También dispone de mecanismos para responder a cambios en demanda y disponibilidad. El problema surge cuando el margen se reduce. Varios factores adversos simultáneos pueden desbordar la capacidad de respuesta.
Además, la infraestructura requiere tiempo para construirse. Una planta no entra al sistema cuando se anuncia. Necesita financiación, permisos, construcción, conexión y pruebas. Las redes de transporte también demandan inversión y desarrollo. El proceso completo puede tomar años.
El gremio propone un régimen de estabilidad de 30 años. La medida buscaría proteger las inversiones de largo plazo. Gutiérrez aseguró que las empresas han destinado cerca de 140 billones de pesos a proyectos. Las iniciativas incluyen plantas de generación y otras inversiones estratégicas.
En 2025, el sector ejecutó 261.000 millones de pesos en iniciativas ambientales. Destinó 365.000 millones de pesos a proyectos sociales. Estas inversiones llegaron a más de 80 municipios. Las cifras reflejan el alcance territorial de la actividad del sector.
El vicepresidente José Manuel Restrepo participó en el evento. Sostuvo que Colombia debe apuntar a un crecimiento económico anual del 6%. Este objetivo requeriría expansión de la productividad. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos advirtió sobre riesgos. El estancamiento de la productividad y la menor inversión amenazan el crecimiento potencial.
Su propuesta para el sector energético contempla cuatro frentes. El primero es un banco de proyectos estratégicos. Incluye 100 iniciativas en fase de estructuración. De ellas, 35 están priorizadas. El segundo frente busca destrabar proyectos mediante revisión de trámites, licencias y procedimientos.
El tercer componente plantea incentivos para atraer capital. El cuarto apunta a aumentar la participación del ahorro nacional. Actualmente representa 15,9% del PIB. La meta es llegar a 24%. El gobierno propone nueve mecanismos para alcanzar este objetivo.
Restrepo afirmó que algunas demoras pueden llegar a 800 días. El tiempo perdido en trámites retrasa la entrada de nueva capacidad. Por eso la agilización de procedimientos se volvió prioritaria. Cada día de retraso amplía la brecha entre oferta y demanda.
La consulta previa también apareció en la discusión. El vicepresidente la reconoció como un derecho constitucional. Sin embargo, señaló que la falta de regulación sobre sus procedimientos genera incertidumbre. Esta afecta tanto a desarrolladores como a comunidades. “Lo que no está regulado no protege a nadie, ni al desarrollador, ni sobre todo a la comunidad, que ve irse el proyecto”, dijo.
La Guajira se perfila como territorio clave para ampliar la generación. Restrepo afirmó que en la Alta Guajira apenas se ha desarrollado 0,2% del potencial. El gobierno plantea avanzar en energía eólica, solar, hidráulica y térmica. También contempla nuevas tecnologías como la nuclear.
La apuesta trasciende el aumento de capacidad instalada. El gobierno vincula la disponibilidad de energía con la atracción de nuevas actividades económicas. “El megavatio colombiano compite por una demanda que no espera: la de la inteligencia artificial”, sostuvo Restrepo. Los centros de datos requieren suministro eléctrico abundante y confiable.
Esta demanda introduce una competencia adicional por la energía disponible. No se trata solo de atender el consumo actual. También hay que tener capacidad para nuevas industrias. Estas pueden llegar en los próximos años. La planificación debe considerar ambos escenarios.
Mientras tanto, la presión sobre el sistema eléctrico coincide con otra urgencia. El país necesita cada vez más gas importado. Colombia comenzó a requerir gas del exterior desde finales de 2024. El combustible abastece hogares, comercios y vehículos.
Las importaciones ya se utilizaban para respaldar la generación térmica. Según cifras de Naturgás publicadas en enero, cerca del 20% del gas consumido era importado. Para 2026, el gremio estimaba que la proporción podía subir a 26%. La dependencia del gas externo aumenta rápidamente.
El problema también alcanza al consumidor final. El gas importado resulta más costoso que el nacional. El precio de la molécula es más alto. Además se suman costos de transporte y regasificación. Naturgás estimó aumentos del gas vehicular de hasta 38% en algunas regiones.
En el mercado residencial, el gremio proyectó incrementos de entre 20% y 25%. El Eje Cafetero y Antioquia enfrentarían los mayores ajustes. Los hogares sentirán el impacto en sus facturas. La inflación en servicios públicos presiona el costo de vida.
Una parte importante de la nueva oferta nacional todavía está por llegar. Sirius es uno de los principales proyectos de gas del país. Tiene prevista su entrada al mercado hacia 2030. Hasta entonces, la dependencia de importaciones continuará.
Por eso el gobierno está mirando tanto la producción nacional como las alternativas de importación. La terminal de regasificación de Cartagena, SPEC LNG, tiene capacidad para 475 millones de pies cúbicos diarios. Esta infraestructura resulta clave para mantener el suministro.
Además, el gobierno plantea reactivar el gasoducto Antonio Ricaurte. La estructura mide 224 kilómetros entre Colombia y Venezuela. Dejó de operar en 2019. La propuesta viene cimentada sobre el planteamiento del gobierno Petro. Este acordó con PDVSA la reposición de un tramo de cinco kilómetros. El objetivo es permitir el flujo de gas venezolano al país.
La reactivación del gasoducto representa una alternativa para diversificar el suministro. Sin embargo, implica desafíos técnicos, financieros y políticos. La relación bilateral con Venezuela añade complejidad al proyecto. No obstante, la urgencia energética impulsa la búsqueda de soluciones.
El panorama energético colombiano enfrenta múltiples presiones simultáneas. La demanda eléctrica crece más rápido que la oferta. Los proyectos de nueva generación se retrasan. El gas importado se vuelve cada vez más necesario. Los costos para el consumidor aumentan.
Al mismo tiempo, el sistema debe prepararse para nuevas demandas. La inteligencia artificial y los centros de datos requieren grandes cantidades de energía. La competencia por el megavatio disponible se intensifica. El país necesita ampliar su capacidad mientras atiende el consumo presente.
Los riesgos de racionamiento no son hipotéticos. Las advertencias de XM sobre el área oriental lo demuestran. La coincidencia de mantenimientos con condiciones climáticas adversas puede forzar restricciones. El costo económico de estas interrupciones es significativo.
El sector generador ha invertido billones de pesos en proyectos. También ha destinado recursos a iniciativas ambientales y sociales. Sin embargo, necesita condiciones de estabilidad para continuar invirtiendo. Por eso propone un régimen de 30 años.
El gobierno responde con un plan de cuatro frentes. Busca estructurar proyectos, destrabar trámites, atraer capital y movilizar ahorro nacional. También plantea desarrollar el potencial de La Guajira. La urgencia impulsa la búsqueda de soluciones en múltiples direcciones.
La consulta previa requiere regulación clara. Actualmente genera incertidumbre para todos los actores. Una normativa definida protegería tanto a comunidades como a desarrolladores. La falta de claridad retrasa proyectos y aleja inversiones.
En el frente del gas, la situación es igualmente apremiante. El país depende crecientemente de importaciones costosas. Los proyectos nacionales como Sirius tardarán años en entrar. Mientras tanto, alternativas como el gasoducto Antonio Ricaurte se evalúan. La terminal de Cartagena mantiene su rol estratégico.
Los consumidores enfrentan aumentos en las tarifas de gas. El impacto varía según la región. El gas vehicular y residencial se encarecen. La presión sobre el costo de vida se incrementa. Las familias y las empresas ajustan sus presupuestos.
La seguridad energética de Colombia enfrenta un momento crítico. Las decisiones de hoy determinarán la capacidad del país para crecer. La energía es insumo esencial para la producción y el empleo. También es condición para atraer nuevas industrias.
El desafío es doble: resolver la urgencia inmediata y construir soluciones estructurales. El primero requiere agilidad en trámites y optimización del sistema actual. El segundo demanda inversión sostenida en nueva infraestructura. Ambos frentes deben avanzar simultáneamente.
El sector energético colombiano está en una encrucijada. La demanda no espera. Los proyectos no pueden retrasarse más. El gas importado no puede ser la única respuesta. El país necesita ampliar su capacidad de generación.
La coordinación entre gobierno, empresas y comunidades resulta esencial. Los proyectos requieren claridad regulatoria. Las inversiones necesitan estabilidad. Las comunidades merecen protección de sus derechos. El equilibrio entre estos factores determinará el éxito.
Los próximos años serán decisivos para el sistema energético colombiano. El déficit de energía firme crecerá hasta 2028. La demanda seguirá aumentando. La dependencia del gas importado continuará. El margen de maniobra se reducirá.
Por eso la acción inmediata es fundamental. Cada proyecto que se destraba suma capacidad al sistema. Cada trámite que se agiliza acerca nuevas inversiones. Cada megavatio adicional amplía el margen de seguridad. La suma de esfuerzos puede cambiar el panorama.
