Alejandro Char - @AlejandroChar Twitter
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La Contraloría General de la República lanzó una alerta preocupante sobre el futuro del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Colombia.

Un déficit presupuestal de 500.000 millones de pesos amenaza con interrumpir este servicio esencial a partir de septiembre de 2025.

Esta crisis podría afectar directamente a más de 3.5 millones de niños, niñas y adolescentes en 53 Entidades Territoriales Certificadas del país.

La información sobre este grave riesgo financiero surgió durante las mesas de control social participativo realizadas en Buenaventura la semana pasada.

Los datos analizados por la Contraloría Delegada para Educación, con corte al 20 de agosto de 2025, revelan la magnitud del problema.

El PAE representa una iniciativa fundamental para garantizar la permanencia escolar y la nutrición adecuada de los estudiantes colombianos.

La suspensión del programa podría tener consecuencias devastadoras en el desarrollo educativo y el bienestar nutricional de millones de menores.

Hasta el momento, las autoridades gubernamentales no han especificado las medidas que tomarán para cubrir el déficit presupuestal señalado.

La situación genera especial preocupación en las regiones más vulnerables del país, donde el PAE constituye la principal fuente de alimentación.

Este panorama plantea interrogantes sobre la gestión presupuestal y la priorización de recursos destinados a programas sociales fundamentales.

La comunidad educativa y las organizaciones sociales han expresado su preocupación ante la posible interrupción del servicio de alimentación escolar.

Los expertos en educación señalan que la suspensión del PAE podría incrementar los índices de deserción escolar en el país.

Las entidades territoriales afectadas deberán buscar alternativas urgentes para garantizar la continuidad del programa en sus jurisdicciones.

El llamado de atención de la Contraloría busca movilizar acciones inmediatas para evitar una crisis en el sistema educativo nacional.

La situación requiere una respuesta coordinada entre el gobierno nacional, las autoridades locales y los organismos de control.

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