La situación financiera de las universidades públicas en Colombia enfrenta un momento crítico. La disminución del 18,1% en el presupuesto del Ministerio de Educación Nacional (MEN) para 2025 es un reflejo de la crisis fiscal que atraviesa el país. Este recorte afecta directamente a las Instituciones de Educación Superior (IES) oficiales, que ya lidian con dificultades para mantener los flujos de recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones, especialmente las salariales.
Desde 2019, las IES han recibido financiación adicional para cubrir gastos de nómina. Sin embargo, el compromiso del gobierno de mantener estos recursos se ve condicionado por la política de los 500.000 nuevos cupos del Plan Integral de Cobertura (PIC). Esta situación genera tensiones financieras en el funcionamiento de las universidades.
El proyecto de Ley 212, en discusión en el Congreso, busca modificar la Ley 30 de 1992 para abordar el desfinanciamiento histórico de las IES públicas. Este contexto es crucial para entender la implementación del Decreto 0391 de 2025, que promueve la formalización laboral en las IES oficiales.
El Decreto 0391 tiene como objetivo mejorar las condiciones laborales de quienes desarrollan actividades misionales en las IES, pero no están en la carrera docente y administrativa. Para ello, las universidades deben realizar estudios de necesidades de planta y financiar los planes de formalización con sus propios recursos, incluyendo rentas propias y aportes de la Nación y entes territoriales.
Hasta ahora, los recursos adicionales han sido fundamentales para reducir la brecha salarial histórica en el Sistema Universitario Estatal (SUE). Antes de 2019, esta brecha era cercana al 4%, lo que profundizó el déficit de las universidades. Desde entonces, los recursos adicionales han crecido un 11,5% en promedio, mientras que los incrementos salariales han sido del 10,5%. Sin embargo, para 2025, el MEN propone un aumento del 11% en los recursos adicionales, de los cuales el 8% se destinaría al PIC y el 3% a las nóminas del SUE.
Este 3% es insuficiente frente al 5% otorgado en años anteriores. Con un incremento salarial proyectado del 13,15% para 2025, las universidades enfrentarían un descalce salarial del 4,95%. El crecimiento de la base presupuestal, descontando el PIC, no cubriría este incremento.
Si no se modifica la distribución de los recursos adicionales y los sindicatos no moderan su propuesta salarial, las dificultades financieras aumentarán. Condicionar los recursos adicionales a la ampliación de la cobertura sin resolver problemas estructurales es una apuesta incompleta. Además, presionar el uso de estos recursos para financiar planes de formalización profundiza los desequilibrios financieros de las universidades.
La distribución desigual de los recursos adicionales entre universidades genera inequidades. En medio de la crisis fiscal, garantizar financiación adicional para cubrir nómina, aumentar cobertura y financiar formalización parece imposible. Las universidades no tienen espacio fiscal para nuevas obligaciones laborales, ya que sus rentas propias no cubren el faltante de las transferencias de Ley.
El proyecto de Ley 212 busca una nueva Ley de financiamiento para la educación superior pública. Sin embargo, no cuenta con el aval financiero del Ministerio de Hacienda y presenta asimetrías que deben corregirse. Una reforma financiera profunda es necesaria para garantizar recursos adecuados para las tareas misionales de las IES, incluyendo la mejora de condiciones salariales.
Sin esta reforma, es imposible cumplir con los planes de formalización. El riesgo es que el Decreto de formalización laboral siga el mismo camino del Decreto 1279 de 2002, que nació desfinanciado. Aunque el cumplimiento de estas obligaciones ha mejorado la productividad académica, sin financiación adecuada, la sostenibilidad del sector está comprometida.
