La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia estableció un precedente histórico. El alto tribunal determinó que la prostitución constituye violencia sexual. Además, descartó su consideración como actividad laboral. Esta decisión surgió al confirmar la condena contra Luis Carlos Toro Cano. El acusado fue procesado por abusar sexualmente de cuatro menores en Medellín.
La sentencia abarca 38 páginas de análisis detallado. En ella, la Corte examinó los hechos ocurridos en 2016. Según las investigaciones de la Fiscalía, Toro Cano prometió pagos económicos. También efectuó transferencias monetarias a tres niñas y un niño. Las víctimas tenían entre 11 y 13 años. A cambio, el hombre las obligó a participar en actos sexuales.
Los abusos ocurrieron en la residencia del acusado. La vivienda estaba ubicada en el barrio Belén Alta Vista. Allí, Toro Cano realizó tocamientos libidinosos en los cuerpos de los menores. Además, obligó a las víctimas a acariciarlo. También se masturbó en presencia de los niños. Posteriormente, las autoridades capturaron al responsable.
El 5 de octubre de 2018, la Fiscalía lo imputó formalmente. El ente investigador le endilgó dos delitos principales. El primero fue comisión de actos sexuales con menor de 14 años. El segundo, demanda de explotación sexual comercial agravada. Sin embargo, Toro Cano no aceptó los cargos. Por tanto, fue llamado a juicio el 9 de abril de 2019.
El juzgado 29 penal de Medellín asumió el caso. El 19 de junio de 2020 emitió una sentencia mixta. Esta decisión absolvió al acusado del primer delito. No obstante, lo condenó por explotación sexual comercial. La pena impuesta fue de 18 años y seis meses de cárcel.
Las víctimas apelaron la decisión judicial. La Fiscalía también presentó recurso de apelación. Igualmente, la Procuraduría impugnó el fallo. En consecuencia, el expediente llegó al Tribunal Superior de Medellín. Este tribunal estudió el caso en segunda instancia.
El 2 de noviembre de 2021, el Tribunal emitió su fallo. La decisión revocó la absolución por actos sexuales. Asimismo, dejó en firme la condena por explotación sexual. Además, aumentó la pena a 20 años y seis meses. Esta sentencia representó un avance para las víctimas.
La defensa de Toro Cano impugnó ante la Corte Suprema. El magistrado Jorge Hernán Díaz Soto asumió la ponencia. Al analizar el expediente, el togado realizó consideraciones fundamentales. Determinó que la prostitución no constituye trabajo. Por el contrario, la definió como violencia sexual.
El magistrado enfatizó la gravedad cuando involucra menores. En estos casos, la violencia se considera agravada. La sentencia rechaza el término “cliente” en estos contextos. Según el fallo, esta denominación resulta inapropiada. Quien accede sexualmente a un menor mediante pago no es usuario.
“En este tipo de conductas no es apropiada la denominación de ‘cliente’, en la medida en que quien accede sexualmente a una NNA (niño, niña o adolescente) mediante contraprestación no es un mero usuario de un servicio, sino el primer eslabón de la cadena de explotación”, establece la sentencia.
El documento continúa explicando la naturaleza del delito. Quien paga por acceso sexual es el explotador directo. Su conducta activa hace posible la materialización del ilícito. Además, perpetúa esta grave forma de violencia infantil. Por tanto, no puede considerarse como participante pasivo.
La Corte citó informes de organismos internacionales. Estos documentos abordan los derechos humanos fundamentales. Según estos análisis, la prostitución constituye un sistema específico. Se basa en desigualdad y discriminación por sexo. También reproduce relaciones de poder históricamente desiguales. En definitiva, configura una forma de violencia.
El alto tribunal eliminó la validez del término “cliente”. Esta palabra no debe usarse en casos de explotación sexual. Tampoco en situaciones de prostitución en general. La sentencia explica las razones de esta decisión. Llamar “cliente” a quien paga justifica conductas criminales. Específicamente, legitima a quienes sostienen la explotación sexual.
La decisión judicial es categórica sobre este punto. Las personas no son productos comerciales. Sus cuerpos están fuera del comercio. La integridad sexual tampoco puede mercantilizarse. Por consiguiente, quien paga no es sujeto pasivo. Tampoco resulta marginal dentro de esta dinámica.
“Quien paga no es un sujeto pasivo ni marginal dentro de esta dinámica, sino el directo explotador, cuya conducta configura una forma de violencia sexual”, afirma el documento.
La Corte ordenó utilizar términos precisos. Se debe hablar de explotadores sexuales directos. También pueden emplearse las palabras prostituyentes o demandantes. Estas denominaciones reflejan la verdadera naturaleza del delito. Además, visibilizan la responsabilidad de quienes pagan.
El fallo analiza la explotación sexual infantil. Esta no debe examinarse de manera aislada. Por el contrario, forma parte de un sistema amplio. Este sistema constituye violencia estructural contra la niñez. La demanda materializada en quienes pagan resulta determinante. Constituye un factor esencial en la perpetuación del delito.
La sentencia establece que la respuesta penal debe ser integral. No basta con sancionar a explotadores directos. También deben castigarse a los intermediarios. Además, resulta fundamental visibilizar a los demandantes. La conducta de quienes pagan merece reproche determinante. Ellos hacen posible la existencia del mercado ilícito.
El documento concluye con una reflexión importante. La explotación sexual comercial de menores requiere enfoque sistémico. Debe reconocerse como parte de estructuras de violencia. Estas estructuras se sostienen mediante la demanda. Por tanto, eliminar esta demanda resulta fundamental. Solo así puede desarticularse el sistema completo.
La decisión de la Corte Suprema sienta precedente. Establece criterios claros para casos futuros. Define la prostitución como violencia sexual. Elimina eufemismos que minimizan la gravedad. Además, responsabiliza directamente a quienes pagan. Esta interpretación fortalece la protección de menores.
El caso de Luis Carlos Toro Cano ejemplifica esta problemática. Sus acciones contra cuatro menores evidencian la violencia. Los pagos económicos no legitimaron sus actos. Por el contrario, los configuraron como explotación directa. La Corte reconoció esta realidad en su fallo.
Las víctimas tenían edades extremadamente vulnerables. Oscilaban entre 11 y 13 años. Fueron sometidas a actos sexuales mediante dinero. Esta situación constituye explotación sexual comercial agravada. También implica violencia sexual directa. Ambos delitos merecen sanción penal contundente.
El proceso judicial duró varios años. Inició con la captura en 2016. Continuó con la imputación en 2018. Luego vino el juicio en 2019. La primera sentencia llegó en 2020. La apelación se resolvió en 2021. Finalmente, la Corte Suprema confirmó la condena.
Este recorrido judicial demuestra complejidades del sistema. También evidencia la importancia de las apelaciones. Las víctimas y la Fiscalía impugnaron la absolución inicial. Gracias a ello, se logró condena por ambos delitos. El Tribunal Superior aumentó la pena. La Corte Suprema validó esta decisión.
La sentencia tiene implicaciones más allá del caso concreto. Establece marco interpretativo para situaciones similares. Define conceptos fundamentales sobre prostitución y violencia. Elimina lenguaje que normaliza la explotación. Además, fortalece herramientas jurídicas contra estos delitos.
El pronunciamiento rechaza considerar la prostitución como trabajo. Esta postura se basa en análisis de derechos humanos. Reconoce las desigualdades estructurales subyacentes. También identifica las relaciones de poder involucradas. Por tanto, caracteriza la prostitución como violencia sistémica.
Esta interpretación resulta especialmente relevante con menores. La explotación sexual comercial infantil constituye tortura. Vulnera derechos fundamentales de manera extrema. Causa daños físicos y psicológicos profundos. Además, perpetúa ciclos de violencia y exclusión.
La Corte enfatizó la responsabilidad de los demandantes. Estos individuos activan la cadena de explotación. Sin su participación, el sistema no funcionaría. Por tanto, merecen sanción y reproche social. No pueden escudarse tras eufemismos comerciales.
El fallo ordena cambios en el lenguaje jurídico. Las palabras importan en la construcción de realidades. Términos como “cliente” invisibilizan la violencia. Por el contrario, palabras como “explotador” la visibilizan. Este cambio lingüístico tiene consecuencias prácticas importantes.
La decisión judicial reconoce la dignidad humana. Los cuerpos no son mercancías comercializables. La sexualidad no puede someterse a transacciones. Estos principios fundamentales sustentan el fallo. Además, orientan la interpretación de casos futuros.
El precedente establecido fortalece la protección infantil. Proporciona herramientas jurídicas más claras y contundentes. Facilita la persecución de explotadores sexuales. También contribuye a prevenir estos delitos. Finalmente, reconoce la gravedad de la violencia sexual.
