La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en San Francisco emitió este miércoles un fallo histórico que invalida una controvertida orden ejecutiva del presidente Donald Trump.
La medida presidencial pretendía restringir el derecho a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos, generando un intenso debate constitucional y legal.
Los estados de Washington, Arizona, Illinois y Oregón encabezaron la batalla legal contra el gobierno federal. En sus argumentos, advirtieron sobre graves consecuencias para sus sistemas de salud, educación y servicios sociales.
La orden ejecutiva establecía criterios restrictivos para otorgar la ciudadanía. Específicamente, negaba este derecho a niños nacidos de madres sin estatus migratorio legal o con visas temporales.
El tribunal decidió con una votación dividida de 2-1. Los jueces Michael Hawkins y Ronald Gould, nombrados durante la administración Clinton, conformaron la mayoría que declaró la inconstitucionalidad.
Por su parte, el juez Patrick Bumatay, designado por Trump, expresó su desacuerdo. Sin embargo, su disenso se centró en aspectos procedimentales más que en el fondo constitucional del asunto.
La decisión judicial se fundamentó en una sólida interpretación de la Decimocuarta Enmienda. Esta establece claramente que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos son ciudadanos”.
Los estados demandantes recordaron el precedente histórico del caso United States v. Wong Kim Ark de 1898. Este fallo emblemático garantizó la ciudadanía a un niño nacido en San Francisco de padres chinos no ciudadanos.
El Departamento de Justicia defendió la orden presidencial con una interpretación particular. Argumentaron que la frase “sujeto a la jurisdicción” permitía excluir a hijos de personas sin pleno estatus legal.
Los estados presentaron evidencia detallada sobre el impacto económico de la medida. Señalaron pérdidas en reembolsos federales y aumentos significativos en costos administrativos.
La decisión judicial llega en un momento de particular atención sobre las facultades de los tribunales inferiores. Recientemente, la Corte Suprema ha limitado su capacidad para emitir medidas nacionales.
Sin embargo, el tribunal consideró que este caso ameritaba una excepción. La naturaleza del asunto y su impacto directo en los estados demandantes justificaron una medida de alcance nacional.
El fallo genera expectativas sobre una posible revisión por la Corte Suprema. Hasta ahora, nueve demandas similares en todo el país han desafiado la orden ejecutiva de Trump.
Los tribunales han mantenido bloqueada la implementación de la medida desde su emisión. Esta consistencia en las decisiones judiciales refuerza la interpretación constitucional tradicional del derecho a la ciudadanía.
Ni la Casa Blanca ni el Departamento de Justicia han emitido comentarios oficiales sobre esta última decisión judicial. El silencio institucional aumenta la especulación sobre los próximos pasos legales.
