La Fiscalía sorprendió esta semana al presentar una imputación contra tres miembros de la Oficina de Protección Presidencial por supuestas irregularidades en la investigación de la pérdida de dinero en la residencia de la exjefa de gabinete Laura Sarabia.
Los imputados son el coronel Carlos Alberto Feria, jefe de la Oficina de Protección Presidencial; el capitán Elkin Augusto Gómez Gutiérrez, jefe de la Oficina de Polígrafos; y el intendente Jhon Alexander Sacristán Bohórquez.
Según la Fiscalía, el coronel Feria habría ordenado localizar el dinero perdido y puesto un vehículo oficial para trasladar a la exniñera Marelbys Meza a hacerle una prueba de polígrafo. El capitán Gómez y el intendente Sacristán presuntamente recibieron a la mujer, le quitaron el celular, le hicieron preguntas sugiriendo su responsabilidad y luego le devolvieron el teléfono, para luego volver a quitárselo y extraer información.
La Fiscalía considera que esto constituye abuso de autoridad, mal uso de recursos públicos y constreñimiento ilegal. También acusa al intendente Sacristán de acceso abusivo a sistema informático.
Sin embargo, esta imputación sorpresiva genera más preguntas que respuestas. ¿Por qué la Fiscalía actúa ahora, a meses de los hechos? ¿Qué pruebas nuevas motivaron esta decisión? La investigación de la pérdida del dinero parece haber seguido los canales regulares, ¿había necesidad de imputar abuso de autoridad?
El gobierno ha dicho que la prueba de polígrafo a la exniñera fue un error, pero no un delito. Incluso la propia Marelbys Meza declaró que colaboró voluntariamente. ¿Busca entonces la Fiscalía complacer a sectores políticos que presionan por que ‘rueden cabezas’ en este caso?
También llama la atención el rigor con que se juzga a los uniformados, cuando altos funcionarios políticos rara vez reciben siquiera imputaciones por presuntos abusos. ¿Hay mano política detrás de esta decisión? ¿O realmente hubo extralimitación seria de funciones?
Por ahora más dudas que certezas. La Fiscalía debe sustentar muy bien esta sorpresiva imputación, y explicar por qué invoca el draconiano delito de abuso de autoridad en un caso que no parece tener víctimas. De lo contrario, se prestará para acusaciones de sesgo político o motivaciones ocultas. Este caso requiere transparencia total, no decisiones apresuradas.
