La Contraloría General de la República identificó irregularidades por $176.795 millones en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. El organismo de control realizó una auditoría financiera correspondiente a la vigencia 2025. Además, el ejercicio auditor detectó pagos de mesadas pensionales realizados después del fallecimiento de docentes y beneficiarios.
Las irregularidades están relacionadas con pagos indebidos de servicios médico-asistenciales represados. Asimismo, se encontraron sanciones y prestaciones sin el cumplimiento de requisitos legales. Estos desembolsos se realizaron con cargo a recursos del Fondo. Por otra parte, el informe fue elaborado por la Contraloría Delegada para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte.
En total, la auditoría detectó diez hallazgos con incidencia fiscal. También se identificaron doce hallazgos con presunta incidencia disciplinaria. Adicionalmente, se reportó un hallazgo con presunta incidencia penal. El comunicado advierte que varias de estas situaciones ya habían sido identificadas en procesos auditores de años anteriores.
**Pagos indebidos de servicios médico-asistenciales**
El principal hallazgo corresponde al pago indebido de servicios médico-asistenciales represados e intereses. Según la Contraloría, esta situación ocasionó un detrimento fiscal por $133.255 millones. Esta cifra concentra la mayor parte de los reparos identificados en el ejercicio auditor.
El ente de control señaló que esos pagos se realizaron a la Unión Temporal Medisalud. Esta unión corresponde a la región 4, que cubre Boyacá, Casanare y Meta. Igualmente, se realizaron pagos a la UT Redvital, de la región 8. Esta última región corresponde a Antioquia y Chocó.
De acuerdo con la Contraloría, esas erogaciones estaban bajo responsabilidad de los operadores salientes y entrantes. Así lo establecían las cláusulas de los contratos médico-asistenciales. No obstante, los pagos de servicios médico-asistenciales represados e intereses generaron detrimento fiscal. La razón es que fueron asumidos con recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Este fondo administra recursos asociados al régimen prestacional y de salud de los docentes. Por lo tanto, las observaciones fiscales tienen impacto directo sobre el manejo de dineros públicos destinados al magisterio.
**Cuenta del Fondo no fue fenecida**
Uno de los puntos más relevantes de la auditoría fue el no fenecimiento de la cuenta del FOMAG. Esta decisión corresponde a la vigencia 2025. La Contraloría explicó que esta determinación se derivó de una subestimación del pasivo por $598.363 millones. Dicha subestimación está relacionada con la inadecuada reclasificación contable de obligaciones de sanción por mora.
Según el organismo de control, esas obligaciones representan compromisos claros, expresos y exigibles. En términos fiscales, el fenecimiento de una cuenta implica que la información examinada cumple con las condiciones requeridas. En este caso, la Contraloría decidió no fenecer la cuenta debido a las inconsistencias encontradas. Específicamente, las fallas se ubicaron en el registro contable del pasivo.
El comunicado también reportó un hallazgo de alta cuantía por la destinación indebida de recursos del Fondo. Estos recursos se utilizaron para el pago de sanción moratoria establecida en la Ley 50 de 1990. Ese caso generó un detrimento fiscal por $5.479 millones. La razón es que los recursos del FOMAG son de destinación específica. Así lo establece la Ley 1995 de 2019.
**Sanciones e intereses moratorios**
Otros hallazgos se relacionan con pagos inoportunos de solicitudes de cesantías parciales o definitivas. Además, se identificaron fallos asociados a sanción mora y pensiones. Por esos conceptos, la Contraloría reportó desembolsos por $2.531 millones en sanciones moratorias. Asimismo, se reportaron $6.738 millones en intereses moratorios.
Estos pagos se derivaron del incumplimiento de los términos establecidos en la normativa. El ente de control citó las normas correspondientes en su informe.
**Pagos irregulares a docentes pensionados**
La auditoría también incluyó la revisión de pagos a docentes pensionados por concepto de prima de mitad de año. La Contraloría atendió una denuncia presentada por la Gerencia Jurídica de Fiduprevisora. Posteriormente, seleccionó una muestra de 1.105 pagos para su análisis.
En esta muestra encontró erogaciones sin el cumplimiento de requisitos constitucionales y legales. Incluso, se identificaron pagos en contra de decisiones judiciales ejecutoriadas. Por este concepto, el ente de control reportó un detrimento al erario por $27.982 millones.
El comunicado señala que se trató de pagos efectuados pese a que previamente existían decisiones judiciales. Estas decisiones habían negado ese derecho en algunos casos. Para la Contraloría, estos desembolsos forman parte de las situaciones que afectan la administración de los recursos del Fondo.
**Pagos posteriores a fallecimientos**
Además, se detectaron pagos de mesadas pensionales posteriores a la fecha de fallecimiento de docentes y beneficiarios. Estos pagos ascendieron a $419,1 millones. También se identificaron mayores valores pagados por concepto de pensión de invalidez. Igualmente, se encontraron sobrepagos por sanción mora por $369,1 millones.
Estos casos fueron incluidos dentro de las situaciones que ya habían sido advertidas en ejercicios previos. Según el ente de control, se trata de fallas recurrentes.
**Llamado a corregir las irregularidades**
La Contraloría reiteró el llamado a Fiduprevisora, en calidad de vocera y administradora del FOMAG. También hizo un llamado a las entidades territoriales. El objetivo es que adopten mecanismos que permitan corregir estas fallas.
El comunicado señala que persisten situaciones continuamente evidenciadas. Por ello, pide medidas para hacer más eficiente y eficaz la administración de estos recursos públicos. El ente de control concluyó que estas irregularidades lesionan el patrimonio público.
Según el comunicado, se requiere evitar que continúen los pagos por estos conceptos. Además, es necesario resolver las fallas recurrentes en la administración del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. De esta manera, se busca proteger los recursos destinados a los docentes del país.
La auditoría reveló problemas estructurales en la gestión del modelo de salud del magisterio. Estos problemas se manifiestan en múltiples áreas de la administración del Fondo. Desde pagos indebidos hasta inconsistencias contables, las irregularidades afectan significativamente el patrimonio público.
Las cifras reportadas por la Contraloría muestran la magnitud de los hallazgos fiscales. Los $133.255 millones por servicios médico-asistenciales represados representan el mayor rubro de irregularidades. A esto se suman los $27.982 millones por pagos indebidos de primas a pensionados.
La subestimación del pasivo por $598.363 millones refleja problemas en la gestión contable del Fondo. Esta situación impidió que la Contraloría feneciera la cuenta correspondiente a 2025. Tal decisión evidencia la gravedad de las inconsistencias encontradas.
Los pagos realizados después del fallecimiento de beneficiarios muestran fallas en los controles administrativos. Estos desembolsos por $419,1 millones revelan debilidades en los sistemas de verificación. Asimismo, los sobrepagos por $369,1 millones en pensiones de invalidez y sanciones mora indican problemas de liquidación.
La destinación indebida de recursos por $5.479 millones para pagar sanciones moratorias contradice la normativa vigente. La Ley 1995 de 2019 establece que los recursos del FOMAG tienen destinación específica. Por tanto, su uso para otros fines constituye una irregularidad fiscal.
Los pagos inoportunos de cesantías generaron sanciones moratorias por $2.531 millones. Además, produjeron intereses moratorios por $6.738 millones. Estas erogaciones adicionales pudieron evitarse con una gestión oportuna de las solicitudes.
La recurrencia de estas irregularidades resulta particularmente preocupante. El comunicado de la Contraloría señala que varias situaciones ya habían sido identificadas en auditorías anteriores. Sin embargo, no se implementaron las correcciones necesarias para prevenir su repetición.
Los contratos con la Unión Temporal Medisalud y la UT Redvital presentaron problemas en su ejecución. Las cláusulas contractuales establecían responsabilidades para operadores salientes y entrantes. No obstante, el Fondo asumió pagos que correspondían a estos operadores.
La denuncia presentada por la Gerencia Jurídica de Fiduprevisora sobre las primas de mitad de año fue atendida. La muestra de 1.105 pagos reveló que muchos se realizaron sin cumplir requisitos legales. Incluso, algunos se efectuaron contraviniendo decisiones judiciales ejecutoriadas.
Este hallazgo es especialmente grave porque implica el desconocimiento de fallos judiciales. Las decisiones de los jueces habían negado el derecho a la prima en ciertos casos. Sin embargo, los pagos se realizaron de todas formas.
La Contraloría hace un llamado específico a Fiduprevisora como administradora del FOMAG. También convoca a las entidades territoriales a tomar medidas correctivas. El objetivo es implementar mecanismos que eviten la repetición de estas irregularidades.
La eficiencia y eficacia en la administración de recursos públicos son fundamentales. Especialmente cuando se trata de fondos destinados al bienestar de los docentes. Los maestros dependen de estos recursos para sus prestaciones de salud y pensiones.
El patrimonio público ha sido lesionado por estas irregularidades. Los $176.795 millones en hallazgos fiscales representan recursos que debieron utilizarse adecuadamente. Estos dineros podrían haberse destinado a mejorar los servicios para el magisterio.
La necesidad de resolver las fallas recurrentes es urgente. No basta con identificar los problemas en cada auditoría. Es imprescindible implementar soluciones estructurales que corrijan las causas de las irregularidades.
Los doce hallazgos con presunta incidencia disciplinaria sugieren responsabilidades individuales. Además, el hallazgo con presunta incidencia penal podría derivar en investigaciones judiciales. Estas consecuencias reflejan la seriedad de las irregularidades detectadas.
La administración del FOMAG enfrenta desafíos importantes para recuperar la confianza. Los docentes del país merecen una gestión transparente y eficiente de sus recursos. Las prestaciones de salud y las pensiones son derechos fundamentales que deben garantizarse adecuadamente.
