El Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla. La decisión se tomó por vencimiento de términos procesales. Bonilla está señalado por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Ungrd.
El abogado Alejandro Carranza representa al exministro en este caso. Carranza criticó duramente el proceso judicial adelantado por la Fiscalía. Además, cuestionó la gestión del ente investigador en este escándalo de corrupción.
La defensa de Bonilla presentó una solicitud ante el Tribunal Superior. El objetivo era obtener la libertad del exministro por vencimiento de términos. El tribunal acogió la petición y ordenó su liberación inmediata.
Sin embargo, la decisión no fue bien recibida por todas las partes. La Fiscalía apeló la orden de libertad otorgada a Bonilla. También presentaron recursos las víctimas del caso de corrupción. Igualmente, la Contraloría General de la República apeló la decisión judicial. Por su parte, el Instituto Nacional de Vías también impugnó el fallo.
El abogado Carranza explicó las razones jurídicas de la libertad concedida. Según su interpretación, la Fiscalía dejó abierta una ventana judicial. “La Fiscalía tenía 120 días para radicar el escrito acusación contado desde el primero de diciembre… Fue una pequeña ventana en la que se abrió ese espacio y por eso la magistrada ordenó la libertad”, dijo.
No obstante, la Fiscalía tiene una posición diferente sobre los términos. El ente investigador argumenta que cuenta con un plazo especial. Al tratarse de delitos contra la administración pública, existe un doble plazo. Normalmente, la Fiscalía dispone de 120 días para presentar acusación. Sin embargo, en estos casos particulares el término se amplía considerablemente.
Específicamente, el plazo se extiende hasta 240 días para estos delitos. Por lo tanto, la Fiscalía podía presentar la acusación hasta el 16 de abril. Esta interpretación contradice la argumentación de la defensa de Bonilla.
Carranza también realizó graves señalamientos contra el ente investigador. El abogado afirmó que la Fiscalía utiliza el proceso con fines políticos. Según su visión, existe una intención de hacer política en época electoral. “Intentan criminalizar las funciones de un ministro para tejer una historia que sirva en época de elecciones y atacar la reforma laboral”, agregó.
Además, la defensa cuestionó la medida de aseguramiento impuesta inicialmente. Carranza señaló que fue desproporcionada considerando las circunstancias personales del exministro. Específicamente, mencionó la edad avanzada de Bonilla como factor relevante. También destacó el estado de salud del exfuncionario como elemento importante.
A pesar de obtener la libertad, Bonilla deberá enfrentar un juicio. El proceso judicial continuará su curso en los próximos meses. Al respecto, el abogado Carranza manifestó confianza en la defensa. Aseguró que cuentan con pruebas contundentes para desvirtuar la hipótesis fiscal.
“Nosotros también tenemos evidencias… para poder decir y señalar con toda la claridad que las actividades de un ministro no se pueden criminalizar”, dijo. La defensa sostiene que las actuaciones de Bonilla fueron propias de su cargo. Argumentan que no existe conducta criminal en el ejercicio de sus funciones.
Carranza también denunció la existencia de una red de mentiras. Según el abogado, los testigos de la Fiscalía han tejido falsedades. Estas supuestas mentiras estarían diseñadas para favorecer a otros involucrados. La defensa promete demostrar estas irregularidades durante el juicio correspondiente.
La imputación de cargos contra Bonilla se realizó el 1 de diciembre de 2025. En esa audiencia, la Fiscalía presentó graves acusaciones contra el exministro. También señaló al exministro Luis Fernando Velasco como presunto copartícipe. Ambos habrían comprometido la entrega de múltiples proyectos de infraestructura.
Según la Fiscalía, se comprometieron 74 proyectos del Invías. Estos proyectos sumaban aproximadamente 571.000 millones de pesos colombianos. Adicionalmente, se habrían comprometido cinco proyectos más en la Ungrd. Estos últimos representaban más de 40.000 millones de pesos adicionales.
En total, los contratos cuestionados sumaban más de 612.000 millones de pesos. Estas cifras representan una magnitud considerable de recursos públicos comprometidos. Los proyectos habrían sido dirigidos estratégicamente hacia congresistas específicos.
Los beneficiarios pertenecían a diversas comisiones del Congreso de la República. Entre ellas estaban las comisiones Primera, Tercera, Cuarta y Séptima del Senado. También se mencionan las comisiones Tercera y Cuarta de la Cámara de Representantes. Finalmente, se incluye la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.
Varios congresistas están siendo investigados por este escándalo de corrupción. Liliana Esther Bitar, del Partido Conservador Colombiano, enfrenta investigaciones. También está involucrado Julián Peinado en las indagaciones judiciales. Juan Pablo Gallo, del Partido Liberal Colombiano, igualmente es investigado. El excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera, de la Alianza Verde, también enfrenta cargos.
Todos estos congresistas mencionados enfrentarán el juicio en libertad. Sin embargo, otros legisladores no corrieron con la misma suerte procesal. El pasado 11 de marzo, la Fiscalía tomó medidas más drásticas.
El ente investigador ordenó la captura inmediata del congresista Wadith Manzur. Manzur pertenece al Partido Conservador y ya está privado de la libertad. También se ordenó capturar a la congresista Karen Manrique. Manrique representa las curules de paz en el Congreso colombiano. Actualmente, ambos legisladores se encuentran detenidos preventivamente.
El escándalo de la Ungrd ha sacudido profundamente las instituciones colombianas. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres es clave para emergencias. Esta entidad maneja recursos significativos destinados a atender desastres naturales. Por ello, las acusaciones de corrupción resultan particularmente graves.
El caso ha generado un amplio debate sobre la administración pública. También ha puesto en evidencia posibles redes de corrupción política. Las investigaciones continúan avanzando para esclarecer todos los hechos. Mientras tanto, el país observa atentamente el desarrollo de este proceso judicial.
La tensión entre la Fiscalía y la defensa de Bonilla es evidente. Ambas partes mantienen posiciones diametralmente opuestas sobre los hechos investigados. La Fiscalía insiste en la existencia de un esquema criminal organizado. Por su parte, la defensa sostiene que se trata de una persecución política.
Este choque de narrativas se resolverá finalmente en los tribunales. Los jueces deberán evaluar cuidadosamente todas las pruebas presentadas. También tendrán que analizar los argumentos jurídicos de ambas partes. La decisión final determinará la responsabilidad o inocencia del exministro Bonilla.
El proceso judicial promete ser largo y complejo dada su magnitud. Involucra múltiples actores políticos y enormes sumas de dinero público. Además, tiene implicaciones profundas para la gobernabilidad del país. Los colombianos esperan que la justicia actúe con imparcialidad y transparencia.
Las críticas de la defensa sobre motivaciones electorales generan controversia adicional. Si fueran ciertas, representarían una grave instrumentalización de la justicia. Sin embargo, la Fiscalía rechaza categóricamente estas acusaciones de politización. El ente investigador insiste en que actúa únicamente conforme a derecho.
La liberación de Bonilla por vencimiento de términos genera cuestionamientos procesales. Algunos analistas consideran que evidencia problemas en la gestión fiscal. Otros argumentan que simplemente refleja el cumplimiento de garantías procesales. Este debate técnico-jurídico continuará desarrollándose en las instancias judiciales correspondientes.
Mientras tanto, Ricardo Bonilla recupera su libertad aunque sigue siendo procesado. Deberá comparecer ante la justicia cuando sea requerido para el juicio. Las restricciones y obligaciones específicas dependerán de las condiciones impuestas. El exministro tendrá que demostrar su inocencia ante los tribunales colombianos.
