Los costos crecientes de la vigilancia privada están empujando a conjuntos residenciales hacia la automatización. Sin embargo, este cambio tecnológico trae consigo responsabilidades legales complejas. Además, implica el manejo de información sensible que muchas administraciones no han considerado.
La tarifa mínima del servicio de vigilancia experimentó un aumento significativo recientemente. Pasó de un factor de 9,77 veces el salario mínimo a 10,21 veces desde julio. Esto ocurrió según la estructura tarifaria de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Para un puesto permanente, el costo puede acercarse a los 19 millones de pesos mensuales.
Este incremento ha llevado a propiedades horizontales a explorar alternativas tecnológicas. Cámaras de seguridad, controles de acceso automatizados y portería virtual aparecen frecuentemente en asambleas. También se discuten sistemas de reconocimiento facial y lectores de huellas dactilares. No obstante, estas soluciones plantean dilemas que van más allá de lo económico.
El Gobierno propuso en junio un proyecto de decreto para modificar la estructura tarifaria. La iniciativa busca establecer tarifas diferenciales para hogares, colegios y microempresas. También contempla beneficios para entidades públicas de municipios pequeños. El proyecto pretende reducir el factor salarial para determinados servicios residenciales. Adicionalmente, propone separar otros costos de la tarifa base.
Sin embargo, esta propuesta aún no se ha convertido en norma vigente. Por lo tanto, las copropiedades no pueden modificar unilateralmente las condiciones del servicio. Mientras tanto, el debate continúa y las presiones económicas se intensifican.
En Bogotá, la situación ya generó alertas del sector de seguridad privada. Empresas especializadas señalaron en julio que varios edificios están retirando vigilantes. En su lugar, instalan principalmente cámaras y sistemas de acceso automatizado. Esta tendencia coincide con un aumento preocupante en la inseguridad residencial.
El hurto a residencias en la capital creció 10,3 % entre 2025 y 2026. Los casos pasaron de 2.552 a 2.815 durante ese período. Estas cifras fueron citadas por Fedeseguridad y evidencian una paradoja preocupante. Mientras los conjuntos reducen personal de seguridad por costos, los delitos aumentan.
Aquí emerge una segunda discusión que muchas administraciones pasan por alto. Los sistemas automatizados de acceso frecuentemente emplean tecnología biométrica. Reconocimiento facial y lectores de huellas dactilares son cada vez más comunes. Estos dispositivos no solo verifican la autorización de ingreso de una persona.
Además, convierten características físicas únicas en información digital almacenable. Esta información puede tratarse, compartirse o, en el peor escenario, filtrarse. Y precisamente esa información tiene una protección especial bajo la legislación colombiana.
La Superintendencia de Industria y Comercio ha sido clara al respecto. Los datos biométricos son considerados datos sensibles por la entidad. Por consiguiente, su tratamiento requiere autorización previa, expresa e informada. Esto incluye información como el rostro cuando se utiliza para identificación biométrica. También abarca las huellas dactilares procesadas por sistemas automatizados.
Esta clasificación tiene consecuencias prácticas inmediatas para los conjuntos residenciales. Un residente no está obligado a entregar sus datos biométricos para acceder a su vivienda. La SIC ha señalado que las administraciones deben ofrecer mecanismos alternativos. Tarjetas de proximidad, chips, códigos de seguridad u otros sistemas son opciones válidas. Estos métodos no implican la recolección de información sensible.
La razón detrás de esta exigencia es fundamentalmente práctica. Una contraseña comprometida puede cambiarse en minutos. Una tarjeta perdida o clonada puede bloquearse y reemplazarse rápidamente. El rostro y las huellas dactilares, en cambio, son inmutables. No pueden modificarse si son comprometidos o utilizados indebidamente.
La propia SIC ha advertido sobre los riesgos específicos de estos datos. Una filtración o uso indebido de información biométrica puede tener consecuencias permanentes. Afecta la identidad y la seguridad de una persona de manera irreversible. Por ello, la protección legal es más estricta que para otros tipos de información.
Esto significa que una copropiedad que decida automatizar su seguridad enfrenta dos desafíos distintos. El primero es evaluar si la tecnología realmente responde a los riesgos específicos. También debe determinar si puede sustituir efectivamente las funciones que cumple un vigilante. El segundo desafío es definir qué información deberá recoger para operar. Igualmente importante es establecer bajo qué condiciones podrá utilizarse esa información.
La SIC no ha sido pasiva ante los incumplimientos en este ámbito. Ya ha sancionado propiedades horizontales por violar las reglas sobre tratamiento de datos. En 2019, un edificio fue multado con más de 78 millones de pesos. La sanción se impuso después de encontrar irregularidades en la recolección de información. Fotografías y grabaciones de videovigilancia se manejaban inadecuadamente. Además, había fallas graves en las medidas para proteger esos datos.
Este antecedente demuestra que las consecuencias del mal manejo de datos son reales. No se trata únicamente de un riesgo teórico o de recomendaciones sin dientes. Las multas pueden ser significativas y afectar las finanzas de la copropiedad. Asimismo, generan responsabilidades para los administradores y miembros del consejo.
La tecnología, sin duda, puede reducir costos operativos en seguridad. También puede hacer más eficiente un sistema de vigilancia y control de acceso. Sin embargo, automatizar una portería no equivale simplemente a reemplazar personas por cámaras. Tampoco es solo instalar un lector de huellas en lugar de una cerradura tradicional.
También puede significar crear una base de datos sobre quienes viven en el edificio. Igualmente, sobre quienes trabajan allí o lo visitan regularmente. Esta base de datos contiene información sensible que debe protegerse adecuadamente. Además, debe gestionarse conforme a la normativa vigente sobre protección de datos personales.
Por eso, antes de aprobar una solución tecnológica en asamblea, se requiere análisis profundo. El precio del equipo debería ser apenas una parte de la evaluación. La otra parte, igualmente importante, involucra preguntas sobre el tratamiento de datos. ¿Qué información va a recoger el sistema exactamente? ¿Para qué se necesita cada tipo de dato?
También es crucial definir quién podrá acceder a esa información. ¿Solo el administrador? ¿El consejo de administración completo? ¿La empresa proveedora del servicio tecnológico? Cada nivel de acceso representa un riesgo potencial que debe evaluarse. Además, debe establecerse qué ocurrirá si un residente decide no entregar sus datos biométricos.
¿Tendrá alternativas reales de acceso? ¿O se verá efectivamente obligado a elegir entre su privacidad y su hogar? Estas preguntas no son menores ni pueden responderse superficialmente. Requieren asesoría legal especializada y políticas claras de protección de datos.
Los comentarios de usuarios reflejan la complejidad del debate. Algunos señalan que los sistemas humanos también presentan vulnerabilidades. Existe delincuencia y falta de control en la contratación de personal de seguridad. Otros apuntan que las empresas de seguridad abusaron durante años de su posición. Lograron cambiar regulaciones a su favor y operaron prácticamente como monopolios.
Este cambio hacia la tecnología, según esta perspectiva, es resultado del abuso económico. Las tarifas se volvieron insostenibles para muchas copropiedades de estratos medios. Por lo tanto, la automatización aparece como única alternativa viable económicamente.
No obstante, la solución no puede ser saltar de un problema a otro. Reducir costos a expensas de la privacidad de los residentes genera nuevos conflictos. También puede exponer a la copropiedad a sanciones y responsabilidades legales. Además, puede crear tensiones internas entre residentes con diferentes posturas sobre privacidad.
La clave está en encontrar un equilibrio informado y legalmente sólido. La tecnología no es enemiga de la seguridad ni de la privacidad. Puede ser aliada de ambas si se implementa correctamente. Esto requiere planificación cuidadosa, asesoría especializada y transparencia con los residentes.
Las administraciones deben informarse sobre las obligaciones legales antes de implementar sistemas biométricos. También deben consultar con expertos en protección de datos personales. Igualmente importante es involucrar a los residentes en la toma de decisiones. Después de todo, son ellos quienes entregarán su información más sensible.
La transición hacia sistemas automatizados de seguridad es probablemente inevitable en muchos casos. Las presiones económicas son reales y las tarifas de vigilancia continúan aumentando. Sin embargo, esta transición debe hacerse con conocimiento pleno de las implicaciones. Tanto económicas como legales y de privacidad.
Un sistema bien diseñado puede incluir tecnología de punta sin comprometer la privacidad. Puede ofrecer múltiples opciones de acceso para diferentes preferencias de los residentes. También puede implementar protocolos estrictos de protección de datos y acceso limitado. Además, puede establecer políticas claras sobre retención y eliminación de información.
La automatización de la seguridad residencial llegó para quedarse. No obstante, debe implementarse de manera responsable, legal y respetuosa de los derechos. El ahorro económico no puede justificar la creación de riesgos nuevos para los residentes. Menos aún puede hacerse a costa de violar la normativa sobre protección de datos.
Las copropiedades que lideren esta transición de manera ejemplar establecerán estándares para el sector. Aquellas que la hagan apresuradamente, sin considerar las implicaciones legales, enfrentarán problemas. Multas, demandas, conflictos internos y vulnerabilidades de seguridad son riesgos reales.
La tecnología es una herramienta poderosa para mejorar la seguridad residencial. Pero como toda herramienta poderosa, requiere conocimiento y responsabilidad en su uso. Las asambleas de copropietarios tienen ahora una responsabilidad adicional. Deben evaluar no solo costos y funcionalidades, sino también privacidad y cumplimiento normativo.
