El concejal Juan David Quintero presentó una propuesta al presidente electo Abelardo de la Espriella. La iniciativa busca fortalecer la seguridad en el transporte masivo de Bogotá. Además, plantea la creación de un cuerpo especializado para proteger TransMilenio y el Metro.
El Escuadrón Urbano de Autoridad, Convivencia y Justicia en el Transporte Público (EMAC) sería el nombre del nuevo grupo. Este cuerpo tendría como misión prevenir hechos delictivos en el sistema. Asimismo, atendería situaciones que afecten la operación del transporte público.
La propuesta contempla la participación de múltiples entidades del Estado. Entre ellas figuran la Policía Nacional y la Policía Judicial. También participarían el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía. Igualmente, se incluirían inspectores de Policía y autoridades distritales.
El cabildante explicó que el propósito es conformar un equipo permanente. Este grupo integraría distintas entidades con funciones complementarias. De esta manera, se respondería de forma coordinada ante diferentes situaciones. Por consiguiente, la atención sería más eficiente dentro del sistema de transporte.
Según Quintero, el modelo comenzaría a operar en Bogotá. Posteriormente, podría extenderse a otros sistemas de transporte masivo del país. El concejal solicitó que la propuesta sea analizada por el Gobierno. Esta administración iniciará funciones el próximo 7 de agosto.
El fortalecimiento de la seguridad debe hacer parte de las prioridades. Así lo considera el cabildante al referirse a la nueva administración. En efecto, la infraestructura de transporte masivo requiere atención especial. Por lo tanto, no puede posponerse esta discusión.
La futura entrada en funcionamiento del Metro de Bogotá representa una oportunidad. Esta permitiría implementar un esquema especializado antes del inicio de su operación. Quintero fue enfático al respecto durante su presentación.
“Lo que hoy ocurre en TransMilenio mañana puede trasladarse al Metro si no construimos desde ahora un modelo especializado de seguridad. No podemos esperar a que lleguen las bandas delincuenciales, los colados violentos, el vandalismo y las agresiones contra trabajadores para comenzar a reaccionar”, afirmó el concejal.
El nuevo cuerpo tendría capacidad de intervenir frente a diversos casos. Entre ellos se encuentran el hurto y el vandalismo. También atendería lesiones personales y amenazas. Además, respondería ante daños a la infraestructura del sistema.
Los bloqueos violentos serían otro foco de atención. Las agresiones contra trabajadores también estarían contempladas. Igualmente, se intervendría en casos de evasión del pago del pasaje. En consecuencia, el escuadrón tendría un amplio rango de acción.
La propuesta plantea una coordinación permanente entre las entidades participantes. Esto facilitaría la respuesta institucional ante cualquier incidente. Asimismo, permitiría el desarrollo de las actuaciones correspondientes. Por ende, la eficiencia del sistema mejoraría sustancialmente.
Quintero presentó cifras que sustentan la necesidad de esta iniciativa. Durante el último año se habrían registrado 8.260 hurtos en TransMilenio. Los robos aumentaron un 45 por ciento en este período. Estas estadísticas evidencian la gravedad de la situación.
Más de 230 guardas de seguridad han sido agredidos durante 2026. Estas agresiones ocurren mientras realizaban controles para evitar el ingreso sin pago. Las cifras fueron recopiladas por el equipo del concejal. En consecuencia, demuestran la vulnerabilidad del personal de seguridad.
El cabildante mencionó un caso ocurrido en junio en el Portal 20 de Julio. Un hombre intentaba ingresar sin cancelar el pasaje, presuntamente. Este individuo atacó con un martillo a un guarda de seguridad. El casco de protección evitó consecuencias de mayor gravedad.
“Los guardas están poniendo el cuerpo para recuperar el sistema, pero no cuentan con todas las facultades ni con el acompañamiento necesario para enfrentar organizaciones delincuenciales, agresores violentos y actos de vandalismo. El Estado tiene que entrar a respaldarlos”, manifestó Quintero.
La propuesta incluye la conformación de unidades de reacción especializadas. También contempla la presencia de funcionarios con funciones de Policía Judicial. Además, se articularía con personal del CTI de la Fiscalía. De esta forma, se garantizaría una respuesta integral.
Las personas sorprendidas en flagrancia podrían ser puestas de inmediato a disposición de las autoridades. Así lo establece el documento presentado por el concejal. Posteriormente, se activarían los procedimientos de judicialización. Por consiguiente, se agilizarían los procesos legales.
El proyecto contempla que existan funcionarios con competencia para imponer comparendos. Estos podrían aplicar medidas correctivas frente a comportamientos contrarios a la convivencia. Específicamente, se atenderían casos que no constituyan delitos. Entre ellos figuran algunos relacionados con la evasión del pago del pasaje.
Otro componente de la iniciativa busca fortalecer la recopilación de elementos materiales probatorios. El escuadrón tendría funciones orientadas a preservar evidencia dentro del sistema. También obtendría registros de cámaras de seguridad. Asimismo, recibiría denuncias de los usuarios.
El personal brindaría acompañamiento a las víctimas durante las actuaciones judiciales. Esta función resulta fundamental para garantizar el debido proceso. Además, permitiría que las víctimas se sientan respaldadas. En efecto, esto incentivaría la denuncia de delitos.
“Sin justicia no hay seguridad. No basta con sacar al delincuente de una estación si, minutos después, puede regresar sin ninguna consecuencia. Necesitamos preservar las pruebas, acompañar a las víctimas y garantizar que cada caso llegue correctamente a la autoridad competente”, señaló Quintero.
El concejal hizo un llamado al presidente electo. Solicitó promover una mesa de trabajo con diversas entidades. Entre ellas mencionó a la Alcaldía de Bogotá. También incluyó a la Policía Nacional y la Fiscalía.
Los operadores del sistema de transporte también participarían en esta mesa. El propósito sería evaluar la propuesta presentada. Además, se definiría un esquema de seguridad para TransMilenio. Igualmente, se establecería el modelo para la futura operación del Metro de Bogotá.
La iniciativa representa un cambio de paradigma en la seguridad del transporte público. Tradicionalmente, la respuesta ha sido reactiva ante los incidentes. Ahora, se propone un modelo preventivo y coordinado. Por lo tanto, se anticiparían problemas antes de que escalen.
El modelo de escuadrón especializado no es nuevo en otras ciudades del mundo. Sistemas de transporte masivo en Europa y Asia cuentan con unidades similares. Estas han demostrado efectividad en reducir la criminalidad. En consecuencia, la propuesta se basa en experiencias exitosas.
La coordinación interinstitucional es uno de los pilares de la propuesta. Históricamente, las entidades han trabajado de forma aislada. Esto ha generado duplicidad de esfuerzos y vacíos en la atención. Por ende, la integración propuesta podría resolver estas deficiencias.
El momento para implementar esta iniciativa resulta estratégico. El Metro de Bogotá iniciará operaciones en un futuro próximo. Establecer el modelo de seguridad desde el principio evitaría problemas posteriores. Además, permitiría generar una cultura de seguridad desde el inicio.
La propuesta también contempla aspectos de convivencia ciudadana. No todos los problemas en el transporte público son delictivos. Muchos tienen que ver con comportamientos inadecuados que afectan la convivencia. Por consiguiente, el escuadrón tendría un enfoque integral.
La evasión del pago del pasaje representa un problema complejo. No siempre constituye un delito en sentido estricto. Sin embargo, afecta la sostenibilidad financiera del sistema. Además, genera conflictos con el personal de seguridad.
El acompañamiento a las víctimas es un elemento diferenciador de la propuesta. Muchas veces, las personas no denuncian por falta de apoyo institucional. El proceso de denuncia resulta engorroso y desalentador. En consecuencia, muchos delitos quedan en la impunidad.
La preservación de pruebas es fundamental para la efectividad del sistema de justicia. Sin embargo, en el transporte público esto presenta desafíos particulares. Las personas están en constante movimiento y las evidencias pueden perderse rápidamente. Por lo tanto, se requiere personal especializado.
El uso de cámaras de seguridad ha aumentado en TransMilenio. No obstante, la recopilación y análisis de estas grabaciones requiere procedimientos específicos. El personal del escuadrón estaría capacitado para esta función. Asimismo, conocería los protocolos legales para su uso como prueba.
La violencia contra los trabajadores del sistema es un problema creciente. Los guardas de seguridad enfrentan situaciones de riesgo diariamente. Muchos no cuentan con el respaldo institucional necesario. Por ende, se encuentran en una posición vulnerable.
El caso del ataque con martillo en el Portal 20 de Julio ilustra la gravedad del problema. El trabajador solo se salvó gracias al equipo de protección personal. Sin embargo, no todos los guardas cuentan con este equipamiento. Además, el equipo no es suficiente sin respaldo institucional.
La propuesta reconoce que existen organizaciones delincuenciales operando en el sistema. Estas no son delincuentes ocasionales sino grupos estructurados. Enfrentarlos requiere capacidades especializadas de investigación y judicialización. Por consiguiente, la participación del CTI resulta fundamental.
El aumento del 45 por ciento en los robos evidencia una tendencia preocupante. Esta cifra sugiere que las medidas actuales son insuficientes. Además, indica que los delincuentes perciben el sistema como vulnerable. En consecuencia, se requiere un cambio de estrategia.
Los 8.260 hurtos registrados en un año representan un promedio significativo. Esto equivale a más de 22 hurtos diarios en el sistema. Cada uno de estos delitos afecta a una persona. Asimismo, genera sensación de inseguridad en miles de usuarios.
La extensión del modelo a otros sistemas de transporte masivo del país es visionaria. Ciudades como Medellín, Cali y Barranquilla enfrentan desafíos similares. Un modelo exitoso en Bogotá podría replicarse con adaptaciones locales. Por lo tanto, el impacto potencial trasciende la capital.
La fecha de inicio del nuevo gobierno, el 7 de agosto, marca un plazo. El concejal espera que la propuesta sea analizada antes de esa fecha. De esta manera, podría incorporarse en el plan de gobierno. Además, permitiría asignar recursos desde el principio.
La participación de inspectores de Policía añade una dimensión administrativa a la propuesta. Estos funcionarios pueden imponer medidas correctivas sin necesidad de judicialización. Esto agiliza la respuesta ante faltas menores. En consecuencia, se descongestiona el sistema judicial.
La propuesta implica una inversión significativa en recursos humanos y logísticos. Sin embargo, el costo de la inseguridad es también considerable. Los daños a la infraestructura generan gastos de reparación. Además, la sensación de inseguridad afecta el uso del sistema.
La coordinación con la Alcaldía de Bogotá es esencial para la viabilidad de la propuesta. El Distrito tiene competencias en materia de transporte público. Asimismo, cuenta con recursos y personal que podrían integrarse al escuadrón. Por ende, su participación resulta indispensable.
