Las Comisiones Económicas Conjuntas del Senado y la Cámara de Representantes aprobaron el proyecto de Presupuesto General para 2027. El documento presentado por el Ministerio de Hacienda superó esta fase legislativa. Sin embargo, las proposiciones quedaron como constancia para discutirse en las plenarias.
El debate estuvo marcado por críticas de congresistas del Pacto Histórico. También participaron representantes de otros sectores de izquierda. Los cuestionamientos se centraron en la distribución de recursos. Además, surgieron reparos sobre las medidas incluidas en el proyecto.
La bancada del Pacto Histórico radicó una ponencia alternativa por $598,6 billones. Esta propuesta buscaba modificar sustancialmente el presupuesto oficial. No obstante, el Gobierno logró avanzar con su iniciativa original.
**El orden de las votaciones y los artículos debatidos**
Las votaciones comenzaron con los artículos sin proposiciones. Posteriormente, se avanzó hacia aquellos con iniciativas de modificación. El artículo 2 generó amplio debate entre los congresistas presentes.
Jorge Hernán Bastidas, representante del Pacto Histórico, solicitó revisar la proposición sobre financiación universitaria. Su intervención se centró en los entes autónomos universitarios estatales. Inicialmente, se contempló votar sus proposiciones en esa sesión.
Finalmente, se decidió dejar las proposiciones como constancia. Esta decisión se extendió al resto de artículos con modificaciones propuestas. Las discusiones continuarán en las sesiones plenarias posteriores.
**La intervención de la JEP sobre recortes presupuestales**
Raúl Sánchez, magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz, también intervino. Pidió reconsiderar el recorte presupuestal al tribunal. Aseguró que la entidad está dando resultados concretos.
El magistrado advirtió sobre las consecuencias del nuevo presupuesto. Afirmó que no podrían ni siquiera pagar una sede. “Sería la primera vez en la historia donde una entidad pública es sometida a la quiebra”, declaró.
Su intervención reflejó la preocupación por la continuidad operativa. La JEP enfrenta desafíos para cumplir su mandato constitucional. Los recortes podrían afectar procesos judiciales en curso.
**El agradecimiento del ministro de Hacienda tras la aprobación**
Después de la aprobación, el ministro Miguel Gómez Martínez reconoció a la oposición. Agradeció sus argumentos durante el debate. También valoró el resultado obtenido en las comisiones.
“Este es un presupuesto muy difícil”, afirmó el funcionario. Reconoció que se necesitaba coraje de los parlamentarios. El ministro destacó los costos políticos que asumieron los congresistas.
“Quiero agradecerles que hayan pensado en el bien de la patria”, expresó. Valoró el respaldo a la iniciativa gubernamental. Subrayó la importancia de priorizar el interés nacional.
**Los cuestionamientos sobre ingresos y endeudamiento**
El senador Wilson Neber Arias Castillo presentó una comparación detallada. Contrastó el aforo de 2026 con la propuesta para 2027. Argumentó que el “sinceramiento” de las cuentas no se reflejaba.
Según sus cifras, los ingresos corrientes bajarían de $337 billones a $315 billones. En contraste, los recursos de capital aumentarían significativamente. Pasarían de $184 billones a $287 billones.
La presentación también señaló un incremento sustancial de la deuda. Esta pasaría de $100 billones en 2026 a $155 billones en 2027. El crecimiento representa un aumento del 55 por ciento.
El gasto total del presupuesto crecería de $550 billones a $634,9 billones. Sin embargo, se mostrarían reducciones en rubros específicos. La nómina tendría un recorte de $4,5 billones.
El Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles perdería $9,5 billones. Las pensiones enfrentarían una reducción de $6 billones. También se mencionó un recorte de $500.000 millones al Sena.
**Las proyecciones del déficit fiscal para 2027**
El representante Santiago Osorio Marín presentó cifras del Ministerio de Hacienda. Estas ubican el déficit primario de 2027 entre 4,5 y 4,9 por ciento del PIB. Los datos generaron preocupación entre varios congresistas.
Al sumar los intereses de la deuda, el panorama empeora. Estos se estiman en $18 billones según la exposición. El déficit total proyectado llegaría a 9,4 por ciento.
Osorio también mostró una proyección de deuda neta preocupante. Esta equivaldría al 66,2 por ciento del PIB para 2027. Las cifras reflejan la presión sobre las finanzas públicas.
**La defensa del ministro sobre la situación fiscal heredada**
Miguel Gómez Martínez defendió el proyecto ante las críticas. Sostuvo que las restricciones presupuestales responden a la situación fiscal heredada. También mencionó la emergencia provocada por el terremoto del 10 de agosto.
El ministro explicó que inicialmente se previó un plan de austeridad. Sin embargo, el desastre natural modificó las prioridades. La emergencia obligó a revisar la estrategia económica completamente.
“Veníamos con la idea de un plan de austeridad”, señaló. Explicó que esa era la estrategia responsable. Permitiría abrir espacios para que el país vuelva a crecer.
“Pero obviamente no contábamos con el terremoto”, añadió. El desastre cambió la realidad económica en instantes. El Gobierno debió enfrentar nuevos desafíos no previstos.
**Los cuestionamientos a las cifras del gobierno anterior**
Gómez también cuestionó las condiciones fiscales recibidas. Según su exposición, la administración anterior dejó problemas significativos. Las cifras presentadas diferían de las proyectadas inicialmente.
“Petro decía que el déficit fiscal era de 5,7”, recordó. Sin embargo, la verdad resultó siendo diferente. El déficit real alcanzó 8,2 por ciento.
El presupuesto recibido estaba desfinanciado en 30 billones. Además, el cupo de crédito estaba agotado en 94 billones. La economía mostraba una adicción al gasto preocupante.
Este recalentamiento se nota todavía en la inflación actual. El ministro utilizó estos argumentos para justificar las medidas. La situación heredada limitaba las opciones disponibles.
**Las limitaciones para aumentar el endeudamiento**
El ministro sostuvo que el margen para endeudarse era limitado. Cuestionó la forma en que se presupuestó el servicio de la deuda. Atribuyó esta situación al gobierno saliente.
“¿Podíamos endeudarnos más?”, preguntó retóricamente. Explicó que el propio gobierno saliente era consciente de la situación. La situación financiera era delicadísima según su análisis.
El gobierno anterior había decidido presupuestar el servicio de deuda de manera fantasiosa. También lo calificó como maquillado. Gómez defendió el congelamiento de parte de la ejecución presupuestal.
Las medidas de reducción del gasto eran necesarias según su visión. El contexto fiscal no permitía otras alternativas viables. La responsabilidad fiscal debía primar sobre otras consideraciones.
**La evolución de las partidas presupuestales entre 2022 y 2027**
Durante su intervención, el funcionario comparó las principales partidas. El análisis abarcó desde 2022 hasta 2027. Los datos revelaron cambios significativos en la composición del gasto.
Entre 2022 y 2027, el funcionamiento del Estado aumentó 86 por ciento. El servicio de la deuda creció aún más. En el mismo periodo aumentó 122 por ciento.
En contraste, la inversión únicamente creció 25 por ciento. Esta diferencia evidencia el desequilibrio en las prioridades. El gasto corriente superó ampliamente la inversión productiva.
El ministro también señaló que los niveles de inversión serían históricamente bajos. Según su presentación, serían los más bajos desde 1975. Tanto la inversión pública como la privada enfrentarían esta situación.
**Los recursos destinados a la atención del terremoto**
La atención de la emergencia fue presentada como prioridad máxima. Los recursos liberados mediante recortes se destinarían a este fin. El ministro enfatizó este punto durante su intervención.
“Todo lo que nos ahorramos hoy en gasto lo estamos destinando para atender el terremoto”, explicó. Mostró las cifras correspondientes a esta asignación. Los recursos no aumentarían nómina ni inversión regular.
“No es para aumentar nómina”, aclaró. Tampoco es lamentablemente para aumentar inversión general. Es específicamente para atender el terremoto.
Esta es la prioridad absoluta del Gobierno actual. Para los seis meses posteriores al desastre se mencionaron recursos específicos. El monto alcanza $5,25 billones destinados a la reconstrucción.
**Las fuentes adicionales de financiación para 2027**
El ministro también planteó fuentes adicionales de financiación. Estas complementarían el presupuesto general para 2027. Los recursos provendrían de diversas fuentes especiales.
Entre ellas mencionó recursos del denominado frente frío. También incluyó fondos especiales de la Nación. Los aportes voluntarios de contribuyentes forman parte del plan.
El monto estimado de estas fuentes alcanza $6,2 billones. Además, se sumarían mecanismos por fuera del PGN. El Fonpet aportaría $700.000 millones adicionales.
Los recursos de obras por impuestos también se consideran. Las regalías contribuirían entre $800.000 millones y $1 billón. La propuesta fue defendida como parte de la respuesta fiscal.
Esta estrategia busca enfrentar la emergencia sin comprometer la sostenibilidad. El Gobierno intenta balancear las necesidades inmediatas con la responsabilidad fiscal. Los mecanismos alternativos complementan el presupuesto tradicional.
**Las expectativas para el debate en plenarias**
El proyecto ahora avanza hacia las plenarias del Senado y la Cámara. Allí se discutirán las proposiciones dejadas como constancia. El debate promete ser intenso y prolongado.
Los congresistas del Pacto Histórico mantienen sus objeciones. También otros sectores de izquierda expresaron reservas. Las discusiones sobre financiación universitaria continuarán.
La situación de la JEP será otro tema central. Los recortes a esta entidad generan controversia. Los defensores de la justicia transicional buscarán revertir estas medidas.
La oposición intentará introducir modificaciones sustanciales. El Gobierno buscará mantener la estructura aprobada. Las negociaciones políticas serán determinantes para el resultado final.
Las plenarias definirán la versión definitiva del presupuesto. Este documento marcará las prioridades del Estado para 2027. Las decisiones tomadas impactarán diversos sectores de la sociedad.
