Colombia enfrenta nuevamente el desafío de reconstruir una región devastada por un terremoto. El sismo del lunes tuvo su epicentro en San José de Palmar, Chocó. Sin embargo, sus efectos se extendieron por Risaralda, Valle del Cauca y Caldas.
Según Asocapitales, hasta las 5:30 de la mañana ya se contabilizaban 169 personas fallecidas. Además, más de 900 personas resultaron heridas. En Chocó, más de 1.300 viviendas quedaron afectadas por el movimiento telúrico.
El gobierno De La Espriella respondió habilitando subsidios de arriendo para las familias damnificadas. No obstante, la pregunta sobre cómo financiar y organizar la reconstrucción permanece vigente. Afortunadamente, Colombia cuenta con un precedente que puede iluminar el camino actual.
**La experiencia de 1999 en el Eje Cafetero**
El 25 de enero de 1999, un terremoto sacudió el Eje Cafetero colombiano. El presidente Andrés Pastrana Arango coordinó entonces la creación de una respuesta institucional. Así nació el Fondo para la Reconstrucción del Eje Cafetero, conocido como Forec.
Este fondo se destinó específicamente a reconstruir la infraestructura física de los municipios afectados. Igualmente, atendió las necesidades sociales y económicas de las comunidades devastadas. Dos sismos consecutivos impactaron aquella región, abarcando aproximadamente 1.360 kilómetros cuadrados.
El primer terremoto registró una magnitud de 6,2 en la escala de Richter. Cuatro horas después, un segundo sismo alcanzó 5,8 grados. Las consecuencias humanas fueron devastadoras: 1.185 personas fallecieron en la tragedia. Además, 8.523 personas resultaron heridas en 28 municipios de cinco departamentos.
Quindío, Risaralda, Caldas, Tolima y Valle sufrieron los embates del desastre natural. Los cálculos de la Cepal revelaron daños por 2,79 billones de pesos colombianos. Esto equivalía a 1.857 millones de dólares según la investigación de Roberto Gutiérrez.
**El impacto económico regional**
El costo económico representó el 35,3% del PIB de los departamentos del Eje Cafetero. Asimismo, alcanzó el 2,2% del PIB nacional, según documentó la Universidad de los Andes. Estas cifras evidenciaban la magnitud del desafío que enfrentaba el país.
Los recursos del Estado destinados a la reconstrucción fueron organizados centralizadamente por el Forec. La gestión se realizó mediante procedimientos fiduciarios que garantizaban transparencia. Santiago Camargo, gerente del Forec en Armenia, explicó las ventajas de este modelo.
“Se logró una instancia de control centralizada que permitió establecer presupuestos y planes de inversión en corto tiempo. Este proceso permitió eliminar la dispersión y la atomización de recursos que se dio en Popayán, Armero y Páez”, afirmó Camargo en su momento.
La centralización evitó los errores cometidos en desastres anteriores del país. Anteriormente, los recursos se dispersaban sin coordinación efectiva entre las distintas entidades. Ahora, el Forec garantizaba un manejo unificado y eficiente del dinero público.
**La distribución de subsidios**
Una de las áreas fundamentales del Forec fue la Unidad de Subsidios. Esta dependencia se encargó de distribuir ayudas económicas a los damnificados. Además, verificó que cada beneficiario cumpliera los requisitos para recibir el apoyo estatal.
En total, se aprobaron 73.542 subsidios destinados a la reparación de viviendas. Paralelamente, 11.350 subsidios se otorgaron para la reconstrucción completa de casas. También se entregaron 11.434 subsidios para la reubicación de familias en zonas seguras.
Cada persona afectada recibió hasta 8 millones de pesos para reparación o reconstrucción. Esta cifra permitía a las familias iniciar la recuperación de sus hogares. Naturalmente, el monto variaba según el nivel de daño sufrido.
**El modelo de gestión territorial**
El gobierno seleccionó 28 organizaciones diferentes para administrar las zonas operacionales. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, participaron universidades, cooperativas y grupos cívicos. También se incluyeron asociaciones profesionales con experiencia en gestión comunitaria.
Estas organizaciones establecieron 32 zonas operacionales para el programa de reconstrucción. Cada una seleccionó los proyectos de recuperación prioritarios en su territorio. Igualmente, identificaron las familias que necesitaban vivienda nueva con mayor urgencia.
Las entidades aplicaron métodos administrativos adecuados para cada contexto local. Además, implementaron mecanismos para promover la participación de los damnificados en la reconstrucción. También establecieron salvaguardias ambientales para proteger los ecosistemas durante las obras.
Posteriormente, estas organizaciones convocaron licitaciones para empresas constructoras. Luego, adjudicaron contratos a las compañías seleccionadas para ejecutar las obras. Este modelo descentralizado en la ejecución, pero centralizado en la planeación, resultó eficaz.
**Lecciones para el presente**
Everardo Murillo, experto en gestión de emergencias, participó en la respuesta de 1999. Recientemente, también colaboró en la emergencia venezolana tras desastres naturales. Ahora, comparte su visión sobre lo que Colombia debe hacer hoy.
“Aquí se requieren instrumentos rápidos para hacerlo bien y hacerlo al lado de la gente para construir confianza”, señala Murillo en Caracol Radio. El especialista enfatiza la importancia de estar junto a quienes levantan escombros. Según él, se trata de “volver a construir una posibilidad de vida”.
Murillo identifica necesidades concretas que deben atenderse con urgencia. Primero, se requieren recursos para contratar personal capacitado en gestión de emergencias. Este equipo debe acompañar directamente a las familias afectadas en su proceso.
Sobre todo, el experto subraya la necesidad de acompañamiento psicosocial para los damnificados. Los traumas generados por un terremoto perduran mucho después del evento físico. Por tanto, la atención emocional resulta tan importante como la reconstrucción material.
**Los elementos clave de la reconstrucción**
La experiencia del Forec demuestra que la rapidez en la respuesta es fundamental. Igualmente, la construcción de confianza entre el Estado y las comunidades resulta esencial. Estos dos elementos deben guiar cualquier esfuerzo de reconstrucción actual.
La centralización de recursos evita la duplicación de esfuerzos y el desperdicio. Simultáneamente, la descentralización operativa permite adaptar las soluciones a cada contexto local. Este equilibrio entre coordinación central y ejecución territorial demostró ser efectivo.
La participación de organizaciones sociales y académicas aporta legitimidad al proceso. Además, estas entidades conocen mejor las realidades locales que las instituciones nacionales. Consecuentemente, pueden identificar necesidades específicas que podrían pasar desapercibidas.
Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas generan confianza ciudadana. Asimismo, previenen la corrupción que históricamente ha afectado la reconstrucción post-desastre. La gestión fiduciaria implementada en 1999 ofreció garantías en este sentido.
**Más allá de la infraestructura física**
La reconstrucción no puede limitarse a edificios y carreteras. También debe atender el tejido social y económico de las comunidades afectadas. Las personas necesitan recuperar sus medios de vida y sus redes comunitarias.
El acompañamiento psicosocial reconoce que los desastres generan traumas profundos. Estos afectan la salud mental de las víctimas durante años. Por consiguiente, los programas de reconstrucción deben incluir apoyo psicológico profesional.
La reactivación económica permite que las familias recuperen su autonomía financiera. Sin ingresos, las personas dependen indefinidamente de los subsidios estatales. En cambio, con oportunidades laborales, pueden reconstruir sus vidas con dignidad.
**El desafío actual de Colombia**
Colombia enfrenta ahora un desafío similar al de hace 27 años. La región afectada incluye nuevamente departamentos del occidente colombiano. Sin embargo, las lecciones aprendidas entonces pueden acelerar la respuesta actual.
El gobierno debe actuar con rapidez para establecer mecanismos de coordinación efectivos. Paralelamente, necesita garantizar la participación de las comunidades en las decisiones. La confianza se construye cuando las personas sienten que sus voces son escuchadas.
Los recursos financieros deben gestionarse con transparencia absoluta. Cualquier sospecha de corrupción erosiona la confianza y dificulta la recuperación. Por ello, los mecanismos de control y auditoría resultan indispensables desde el inicio.
La experiencia internacional también ofrece aprendizajes valiosos para la reconstrucción. Otros países han enfrentado desastres similares con diferentes estrategias. Colombia puede incorporar las mejores prácticas globales adaptadas a su contexto.
**La dimensión humana de la tragedia**
Detrás de las cifras de viviendas destruidas hay familias que perdieron todo. Cada número representa historias de vida interrumpidas y sueños deshechos. La reconstrucción debe honrar esta dimensión humana del desastre.
Las 169 personas fallecidas dejan familias en duelo que necesitan apoyo. Las más de 900 personas heridas requieren atención médica y rehabilitación. Además, miles de damnificados enfrentan la incertidumbre sobre su futuro inmediato.
El trauma colectivo de una comunidad afectada por un terremoto es profundo. Las réplicas generan temor constante y dificultan el retorno a la normalidad. Por tanto, la recuperación emocional debe acompañar la reconstrucción física.
**Construyendo resiliencia para el futuro**
La reconstrucción ofrece la oportunidad de construir mejor que antes. Las nuevas edificaciones deben incorporar estándares sismorresistentes más rigurosos. Así, las comunidades estarán mejor preparadas para futuros eventos sísmicos.
La planificación territorial debe considerar las zonas de mayor riesgo geológico. Algunas áreas simplemente no son seguras para asentamientos humanos. Consecuentemente, la reubicación de comunidades puede ser necesaria en ciertos casos.
La educación sobre gestión de riesgos fortalece la preparación comunitaria. Cuando las personas conocen los protocolos de emergencia, pueden salvar vidas. Por ello, los programas educativos deben acompañar la reconstrucción física.
**El papel de la sociedad civil**
Las organizaciones comunitarias son aliadas fundamentales en la reconstrucción. Conocen las necesidades específicas de sus territorios mejor que nadie. Además, su presencia permanente garantiza sostenibilidad en los procesos.
Las universidades aportan conocimiento técnico y capacidad de investigación. Pueden documentar lecciones aprendidas para futuras emergencias. Asimismo, forman profesionales que liderarán procesos de reconstrucción posteriores.
El sector privado también tiene responsabilidades en la recuperación. Las empresas pueden generar empleo y reactivar la economía local. Sin embargo, deben hacerlo respetando los derechos laborales y ambientales.
**Mirando hacia adelante**
Colombia tiene ante sí un camino largo pero no desconocido. La experiencia de 1999 demostró que la reconstrucción efectiva es posible. No obstante, requiere voluntad política, recursos adecuados y participación comunitaria.
La rapidez en la respuesta inicial marca la diferencia en la recuperación. Cada día de demora prolonga el sufrimiento de las familias afectadas. Por ello, el gobierno debe actuar con decisión y eficiencia.
La construcción de confianza entre el Estado y los ciudadanos es fundamental. Esta confianza se gana con transparencia, eficacia y cercanía. Cuando las personas ven resultados concretos, renace la esperanza.
