El bolívar venezolano acumuló una depreciación del 45% frente al dólar estadounidense en lo que va de 2026. Así lo confirman datos oficiales del Banco Central de Venezuela. La moneda nacional continúa su caída pronunciada en el mercado cambiario.
El viernes, última jornada hábil de mayo, la cotización del dólar alcanzó los 549,37 bolívares en el mercado oficial. Esta cifra contrasta dramáticamente con los 301,37 bolívares registrados a comienzos de enero. En consecuencia, el valor de la divisa norteamericana subió un 82,2% en apenas cinco meses.
La divisa estadounidense representa la principal referencia para la fijación de precios en el país. Por lo tanto, su escalada impacta directamente en la economía cotidiana de los venezolanos. Durante mayo, el dólar aumentó un 12,2%, pasando de 489,55 a 549,37 bolívares. Esto implicó una devaluación del 10,8% de la moneda venezolana en ese lapso.
El deterioro del bolívar no es un fenómeno nuevo en la economía venezolana. En 2025, la moneda perdió un 82% de su valor frente al dólar. El tipo de cambio pasó de 52 a 298,14 bolívares en el mercado oficial durante ese año. Además, esta tendencia muestra una aceleración preocupante en los primeros meses de 2026.
Especialistas señalan que la escalada del dólar provoca un encarecimiento generalizado de bienes y servicios. Asimismo, genera una pérdida significativa del poder adquisitivo de los salarios en bolívares. Esta situación afecta principalmente a los trabajadores públicos y también al sector privado. Entre enero y abril, la inflación acumulada en el país alcanzó el 90%, según cifras del BCV.
El salario mínimo permanece congelado en 130 bolívares desde 2022. Esta cantidad equivale hoy a unos 23 centavos de dólar a la tasa oficial. Igualmente, ese mismo monto es el que perciben los pensionados del sistema de seguridad social venezolano.
La depreciación constante del bolívar llevó al Gobierno chavista a otorgar bonificaciones adicionales en dólares. El 30 de abril, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció un aumento de los bonos. Estos bonos alcanzaron 240 dólares para trabajadores y 70 dólares para pensionados. Sin embargo, esta medida generó malestar en sindicatos y organizaciones laborales.
Los bonos no se incorporan al cálculo de beneficios laborales como vacaciones y prestaciones sociales. Por consiguiente, los trabajadores no ven reflejado este ingreso en sus derechos adquiridos. Esta característica de los bonos reduce su efectividad como mecanismo de protección salarial a largo plazo.
Delcy Rodríguez informó el viernes que más de 365.000 adultos mayores se encuentran en situación de vulnerabilidad. La presidenta encargada detalló el despliegue de brigadas para atender esta emergencia social. “Más de 5.000 brigadas están desplegadas para brindar atención integral a los que la necesiten”, precisó.
“Nosotros estamos desplegados para buscar a los pensionados, pensionadas, abuelas, abuelos, que estén en situación de mayor vulnerabilidad. Ya hemos encontrado a más de 365.000”, afirmó la presidenta encargada en un mensaje difundido a través de Telegram.
El anuncio coincidió con la celebración del Día del Adulto Mayor en Venezuela. Durante esa jornada, más de un centenar de jubilados y pensionados protestaron ante el Ministerio de Educación. También se manifestaron frente al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), en Caracas. Los manifestantes exigieron ingresos que les permitan cubrir sus necesidades básicas, como la compra de medicinas y alimentos.
El pasado 29 de abril, los jubilados y pensionados también se manifestaron ante Educación y el IVSS. Las protestas se realizaron en el centro de la capital venezolana. Nuevamente, los adultos mayores exigieron ingresos dignos que les permitan cubrir sus necesidades básicas.
Carlos Gallego, de 65 años, denunció su difícil situación a la agencia EFE. “La pensión está en 130 bolívares, que significan 0,23 dólares. Eso cobramos al mes. Entonces para nosotros comernos un kilo de carne tenemos que reunirnos entre 50 (personas) y comernos un pedacito, esa es la precariedad”, expresó el pensionado.
Gallego agregó detalles sobre la imposibilidad de cubrir gastos básicos de movilización. “El pasaje (de autobús) está en 100 bolívares y la pensión en 130, nos alcanza para ir al banco y nos quedan 30 bolívares y nos tendríamos que devolver a pie. Esa es la realidad del pensionado en Venezuela”, señaló con indignación.
Durante la protesta, la jubilada Carmen Laya denunció la respuesta gubernamental a las manifestaciones. “Cada vez que salimos a la calle la respuesta del Gobierno es la represión. Hoy queremos demostrarle a este régimen que los adultos mayores tenemos la fuerza para seguir en la calle”, declaró con firmeza.
Los manifestantes denunciaron que el monto mensual de la pensión solo permite acceder a una mínima parte de la canasta básica. Esta realidad obliga a muchos adultos mayores a depender de familiares o de ayuda comunitaria. Otros deben continuar trabajando en la informalidad para complementar sus ingresos insuficientes.
La crisis económica venezolana muestra un impacto particularmente severo en la población de adultos mayores. Este grupo vulnerable carece de alternativas para generar ingresos adicionales debido a limitaciones físicas y de salud. Además, muchos no cuentan con redes familiares de apoyo en un país marcado por la emigración masiva.
La devaluación registrada hasta mayo impactó de forma directa en la capacidad de compra de los venezolanos. Las familias enfrentan precios más altos y menores ingresos en comparación a inicios del año. Esta combinación genera una presión insostenible sobre los hogares más vulnerables del país caribeño.
El sistema de bonificaciones en dólares implementado por el gobierno representa una respuesta parcial a la crisis. No obstante, esta estrategia no resuelve el problema estructural de los salarios y pensiones congelados. Tampoco aborda la inflación galopante que erosiona constantemente el poder adquisitivo de la población.
La situación de los pensionados venezolanos refleja la profundidad de la crisis económica que atraviesa el país. Las protestas continuas demuestran la desesperación de un sector que históricamente contribuyó al desarrollo nacional. Ahora, estos ciudadanos se encuentran abandonados en su etapa de mayor vulnerabilidad y dependencia.
Las brigadas desplegadas por el gobierno para atender a adultos mayores vulnerables enfrentan un desafío monumental. Más de 365.000 personas requieren asistencia inmediata según las cifras oficiales. Esta cantidad representa apenas una fracción de la población pensionada total del país sudamericano.
La brecha entre el salario mínimo oficial y el costo de vida real continúa ampliándose peligrosamente. Los 130 bolívares mensuales resultan insuficientes incluso para cubrir el transporte al banco a cobrar la pensión. Esta paradoja ilustra la severidad de la crisis que enfrentan los venezolanos más vulnerables.
La inflación del 90% acumulada entre enero y abril supera ampliamente cualquier ajuste salarial o bonificación otorgada. En consecuencia, los venezolanos experimentan un empobrecimiento acelerado mes tras mes. Las familias deben constantemente ajustar sus patrones de consumo y eliminar gastos considerados básicos.
El mercado venezolano opera mayoritariamente con referencia al dólar estadounidense para la fijación de precios. Esta dolarización informal complica aún más la situación de quienes reciben ingresos en bolívares. Los trabajadores públicos y pensionados quedan especialmente desprotegidos ante esta dinámica económica.
La escalada del tipo de cambio no muestra señales de desaceleración según los datos disponibles. Los analistas económicos anticipan que la presión sobre el bolívar continuará en los próximos meses. Esta perspectiva genera incertidumbre adicional en una población ya agobiada por la crisis prolongada.
Las protestas de jubilados y pensionados representan un termómetro del malestar social acumulado en Venezuela. A pesar de los riesgos de represión denunciados por los manifestantes, continúan saliendo a las calles. Esta persistencia demuestra la urgencia de sus demandas y la gravedad de su situación económica.
