“Cuando de repente en mitad de la vida llega una palabra jamás antes pronunciada, una densa marea nos recoge”. La frase pertenece a un poema de Álvaro Mutis. Se titula muy aptamente “Una palabra”. Poco o nada tiene que ver con temas de finanzas personales. Sin embargo, viene muy al caso cuando queremos hablar de insolvencia.
Insolvencia es uno de esos términos que quizá nadie quiera pronunciar. Es una señal de “Pare” en un camino difícil. El asfalto desapareció hace unos cientos de metros. Ahora el conductor puede ir abismo abajo.
No obstante, puede ser la tabla de salvación. Usada legalmente, funciona para personas y empresas. Ayuda a quienes necesitan enderezar el rumbo en medio de crisis financieras. El agua de las deudas está muy por encima de la cabeza.
Esta semana en Echemos Cuentas participó David Santiago Leyva Gómez. Es director de procesos de insolvencia de la firma Riveros Victoria Abogados. Explicó qué es la ley de insolvencia. También aclaró para quién aplica. Detalló cómo funciona. Además, señaló qué errores hay que evitar a toda costa.
En términos sencillos, la insolvencia es un mecanismo legal. Permite a personas y empresas reorganizar el pago de sus deudas. Esto ocurre cuando ya no pueden cumplir de manera normal. No es exclusiva de grandes empresas. En Colombia aplica tanto para personas naturales como para sociedades.
Para una persona natural no comerciante existen requisitos concretos. Este grupo incluye a la mayoría de colombianos. Deben tener obligaciones en mora de más de 90 días. Además, deben tener al menos dos acreedores. Esa mora debe superar el 30 por ciento del valor total de sus deudas. Si se cumplen esas condiciones, la persona puede acogerse al proceso.
Existe una diferencia entre insolvencia y quiebra. Son términos que en la práctica apuntan a lo mismo. La quiebra es la situación de incapacidad económica. La insolvencia es el mecanismo legal para enfrentarla.
Leyva es claro sobre cuándo considerar esta opción. Cuando los ingresos empiezan a ser insuficientes para cubrir obligaciones mensuales, hay que prender alarmas. No hay que esperar a que el salario esté embargado. Tampoco esperar a que la casa esté a punto de remate. Mientras más temprano se actúe, mejores condiciones se pueden negociar.
Someterse a un proceso de insolvencia activa una serie de protecciones inmediatas. Se suspenden los embargos sobre el salario. Se detienen los descuentos por créditos de libranza. Se rehabilitan los servicios públicos suspendidos. Lo más importante es que se deja de pagar todas las deudas simultáneamente. En cambio, se hace de manera ordenada. Se sigue el orden de prelación. Esto libera flujo de caja.
Uno de los puntos más importantes de la conversación fue una advertencia. Se refiere al uso indebido de esta figura. En Colombia, los procesos de insolvencia de personas naturales han crecido exponencialmente. Pasaron de unos 400 al año hace 10 años. Llegaron a 20.000 en 2025.
Parte de ese crecimiento responde a esquemas fraudulentos. Algunas personas se endeudan deliberadamente. Son asesoradas por abogados inescrupulosos. Luego se acogen a la insolvencia para evadir el pago. Leyva advierte que esto no sólo perjudica a los acreedores. También puede derivar en consecuencias penales. Afecta tanto al deudor como al abogado. Incluye delitos como concierto para delinquir. También falsedad en documento privado.
Leyva cerró la conversación con tres consejos concretos. Primero, buscar un abogado de confianza. El proceso de insolvencia siempre debe estar acompañado por un apoderado judicial. La elección de ese profesional es crítica.
Segundo, no usar la figura para defraudar. La insolvencia existe para proteger a quien genuinamente no puede pagar. No existe para evadir obligaciones legítimas.
Tercero, no esperar a que todo se salga de manos. Es importante considerar la aplicación de una figura como la insolvencia oportunamente.
Echemos Cuentas es el formato de finanzas personales de El Espectador. Cada jueves, a las 3:00 de la tarde, hay una transmisión en vivo. Se invitan expertos para hablar sobre temas que afectan el bolsillo. La lista de reproducción está disponible en YouTube. También se encuentra en Spotify.
El proceso de insolvencia representa una herramienta legal importante. Está diseñada para proteger a deudores de buena fe. Permite reorganizar obligaciones financieras de manera ordenada. Ofrece un respiro a quienes enfrentan dificultades económicas genuinas.
Las protecciones que activa este mecanismo son significativas. La suspensión de embargos salariales alivia presión inmediata. La detención de descuentos por libranza devuelve capacidad de maniobra. La rehabilitación de servicios públicos restaura condiciones de vida básicas. El pago ordenado según prelación legal establece prioridades claras.
Sin embargo, el aumento exponencial de casos levanta señales de alerta. El crecimiento de 400 a 20.000 casos anuales en una década es notable. No todo este incremento responde a necesidades legítimas. Existen redes organizadas que explotan el sistema.
Estos esquemas fraudulentos operan de manera sistemática. Asesoran a personas para endeudarse sin intención de pagar. Posteriormente, las guían a través del proceso de insolvencia. Buscan evadir responsabilidades financieras mediante artimañas legales. Esto pervierte el propósito original de la ley.
Las consecuencias de estos fraudes son múltiples. Los acreedores legítimos sufren pérdidas económicas. El sistema financiero enfrenta mayores riesgos. Los costos eventualmente se trasladan a otros usuarios. Además, quienes realmente necesitan el mecanismo enfrentan mayor escrutinio.
Las autoridades han comenzado a identificar estos patrones. Las investigaciones penales se han incrementado. Los delitos asociados incluyen concierto para delinquir. También se persigue la falsedad en documentos privados. Tanto deudores como abogados enfrentan responsabilidad penal.
La importancia de actuar tempranamente no puede subestimarse. Esperar hasta el último momento reduce opciones. Los embargos ya ejecutados complican la situación. Las deudas acumuladas crecen con intereses moratorios. La capacidad de negociación disminuye significativamente.
Por el contrario, actuar con anticipación ofrece ventajas. Se pueden negociar mejores condiciones con acreedores. Existe mayor margen para reestructurar obligaciones. Se preservan más activos y recursos. El proceso resulta menos traumático.
La selección del abogado es un paso crucial. No todos los profesionales tienen experiencia en insolvencia. Algunos pueden carecer de ética profesional. Es fundamental verificar trayectoria y reputación. Las referencias de otros clientes son valiosas.
Un buen abogado explicará claramente el proceso. Evaluará honestamente la situación financiera. Propondrá estrategias realistas y legales. Acompañará durante todo el procedimiento. Protegerá los derechos del cliente dentro de la legalidad.
El orden de prelación de créditos es un concepto clave. Establece qué deudas se pagan primero. No todas las obligaciones tienen la misma prioridad. Los créditos laborales suelen tener preferencia. Los impuestos también ocupan posiciones prioritarias.
Comprender este orden ayuda a planificar pagos. Permite distribuir recursos limitados de manera eficiente. Evita conflictos innecesarios con acreedores. Facilita el cumplimiento de obligaciones según la ley.
La insolvencia no es una solución mágica. Requiere compromiso y disciplina del deudor. Implica ajustes significativos en el estilo de vida. Demanda transparencia total sobre la situación financiera. Exige cumplimiento estricto de los acuerdos alcanzados.
Tampoco elimina todas las deudas automáticamente. Algunas obligaciones pueden subsistir después del proceso. Los acuerdos de pago deben cumplirse fielmente. El incumplimiento puede tener consecuencias graves.
La rehabilitación financiera es el objetivo final. El proceso busca dar una segunda oportunidad. Permite a personas y empresas recuperar estabilidad. Facilita el retorno a la normalidad económica. Ofrece un camino hacia la reconstrucción financiera.
Para que esto funcione, se requiere honestidad. El deudor debe reconocer su situación real. Debe estar dispuesto a hacer sacrificios temporales. Necesita comprometerse con cambios en sus hábitos financieros. Debe aprender de los errores del pasado.
La educación financiera emerge como componente esencial. Muchas situaciones de insolvencia podrían evitarse. El manejo responsable de créditos es fundamental. El ahorro para emergencias proporciona colchón de seguridad. El presupuesto mensual permite controlar gastos.
Las entidades financieras también tienen responsabilidades. Deben evaluar adecuadamente la capacidad de pago. No pueden otorgar créditos irresponsablemente. Tienen obligación de informar claramente sobre condiciones. Deben ofrecer alternativas antes de llegar a extremos.
El sistema legal colombiano ha evolucionado en esta materia. Las leyes de insolvencia se han modernizado. Buscan equilibrar protección al deudor con derechos de acreedores. Intentan facilitar procesos mientras previenen abusos. Establecen mecanismos de supervisión y control.
Los jueces especializados desempeñan papel importante. Evalúan cada caso individualmente. Verifican que se cumplan los requisitos legales. Detectan intentos de fraude. Aprueban o rechazan propuestas de reorganización.
La transparencia durante el proceso es obligatoria. El deudor debe declarar todos sus activos. Debe revelar todas sus deudas. No puede ocultar información relevante. La falsedad puede invalidar el proceso.
Los acreedores tienen derechos dentro del proceso. Pueden objetar propuestas que consideren injustas. Tienen derecho a verificar la información presentada. Pueden participar en la negociación de acuerdos. Sus intereses legítimos merecen protección.
El balance entre derechos es delicado. La ley busca proteger al deudor de buena fe. Simultáneamente, debe proteger a acreedores legítimos. Este equilibrio es esencial para la justicia. También es necesario para la confianza en el sistema.
La estigmatización social de la insolvencia está cambiando. Históricamente se consideraba un fracaso vergonzoso. Ahora se reconoce como herramienta legítima. Las crisis económicas pueden afectar a cualquiera. El desempleo o enfermedad pueden generar insolvencia.
Esta nueva perspectiva es más saludable. Reduce el estrés psicológico de los deudores. Facilita que busquen ayuda tempranamente. Disminuye la tendencia a esconder problemas. Promueve soluciones constructivas.
Sin embargo, esto no debe normalizarse excesivamente. El endeudamiento irresponsable no debe celebrarse. Las obligaciones financieras deben tomarse en serio. El compromiso de pago debe mantenerse siempre que sea posible. La insolvencia debe ser último recurso, no primera opción.
