Una alianza entre sectores académicos y organizaciones de la sociedad civil acaba de consolidarse en Colombia. Su objetivo es defender las políticas de alimentación saludable. Entre ellas destacan el etiquetado frontal y los impuestos saludables. Estas medidas enfrentan ahora un intento de eliminación en el Congreso.
El escenario se configuró durante el Foro “Alimentación saludable: retos y amenazas”. Distintos actores discutieron los avances logrados hasta el momento. También analizaron los desafíos que amenazan la continuidad de estas políticas. El encuentro culminó con la creación de una red de defensa.
Los representantes Daniel Briceño, del Centro Democrático, y Carol Borda, de Salvación Nacional, presentaron un proyecto de ley. La iniciativa busca eliminar el impuesto saludable. Este gravamen comenzó a aplicarse en noviembre de 2023. Desde entonces ha generado un recaudo significativo para el Estado.
Durante 2024, el tributo recaudó $2,88 billones. En lo corrido de 2026 ya acumulaba $1,9 billones. Sin embargo, los autores del proyecto cuestionan su efectividad. Argumentan que no ha modificado los hábitos de consumo como se esperaba. Además, señalan presión sobre pequeños establecimientos comerciales.
El impuesto fue creado mediante el artículo 54 de la Ley 2277 de 2022. Su diseño contempla gravámenes sobre bebidas azucaradas. También incluye determinados alimentos ultraprocesados. Las tarifas aumentan gradualmente según el cronograma establecido.
La finalidad declarada era desincentivar el consumo de productos nocivos. Estos están asociados con enfermedades crónicas no transmisibles. Además, se buscaba contribuir a reducir la presión sobre el sistema de salud. Los defensores de la medida sostienen que estos objetivos se están cumpliendo.
La Encuesta de Calidad de Vida del Dane ofrece datos reveladores. Entre 2023 y 2024 disminuyó el consumo de productos de paquete. También bajó la ingesta de bebidas azucaradas. Los defensores del impuesto citan estas cifras como evidencia de cambio en el consumo.
En 2024, los alimentos ultraprocesados aportaron $2,39 billones al recaudo. Por su parte, las bebidas azucaradas representaron cerca de $489.000 millones. Estas cifras demuestran que el gravamen tiene mayor impacto sobre alimentos que sobre bebidas. La diferencia es significativa en términos de recaudación.
El representante Briceño cuestionó la estrategia tributaria. “Yo no creo que, subiéndole impuestos a la gente, la gente se vaya a comenzar a cuidar más”, afirmó. Su posición refleja el escepticismo de quienes consideran insuficiente la medida. Para ellos, cambiar decisiones de consumo requiere otras estrategias.
La representante Carol Borda enfatizó los efectos económicos. Aseguró que el gravamen habría afectado al 67 por ciento de los establecimientos. Advirtió sobre riesgos de cierre para tiendas y pequeños comercios. Una encuesta de Fenalco de 2025 respalda esta afirmación.
Según ese estudio, el 66,8 por ciento de los tenderos reportó impactos directos. Sus ventas se vieron afectadas tras la implementación del impuesto. Este argumento económico constituye uno de los pilares del proyecto de eliminación. Los comerciantes pequeños se presentan como los principales perjudicados.
Frente a esta iniciativa, la alianza recién formada plantea una estrategia integral. Busca fortalecer una red académica independiente. También pretende producir análisis rigurosos, libres y transparentes. Reconoce el papel fundamental de la sociedad civil en este proceso.
Además, la alianza propone crear semilleros de investigación. Estos se enfocarían en políticas públicas de alimentación. Integrarían diferentes disciplinas y conocimientos. Mantendrían vigilancia ante eventuales intentos de modificar las medidas alcanzadas.
José Fernando Galván es decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Señaló que la alimentación adecuada está relacionada con la permanencia estudiantil. También influye en el desarrollo cognitivo y el desempeño académico. “Por eso no solo formamos profesionales de la salud, sino que estamos trabajando en crear un entorno saludable”, afirmó.
Su intervención subraya la dimensión educativa del problema. La alimentación no es solo una cuestión de salud pública. También afecta el rendimiento académico de niños y jóvenes. Por tanto, las políticas alimentarias tienen repercusiones en el sistema educativo.
Juan Carlos Morales González dirige FIAN Colombia. Llamó la atención sobre la necesidad de responder a posibles retrocesos. “Necesitamos movilizarnos, y para ello necesitamos el acompañamiento de la sociedad civil y sobre todo de una academia sin conflictos de interés, que genere conocimiento”, afirmó durante el foro.
Su énfasis en la academia sin conflictos de interés resulta significativo. Sugiere que parte del debate está influenciado por intereses económicos. La independencia de la investigación se presenta como requisito fundamental. Solo así se puede generar conocimiento confiable para las políticas públicas.
El Análisis de Impacto Normativo del Ministerio de Salud evaluó el etiquetado frontal. En 2020 estimó un costo de implementación de $697.758 millones. Sin embargo, calculó beneficios en salud y ahorros de $2.787.180 millones. Los beneficios casi cuadruplican el valor de implementación.
Esta relación costo-beneficio favorece ampliamente la medida. Los ahorros proyectados provienen principalmente de la prevención de enfermedades. Menos casos de diabetes, hipertensión y obesidad reducen gastos en el sistema de salud. A largo plazo, la inversión inicial se recupera con creces.
El debate abordó además los ambientes alimentarios educativos. También se discutió sobre publicidad, marketing y patrocinio. La captura de datos personales para publicidad dirigida fue otro tema relevante. Estos aspectos conforman un ecosistema complejo que influye en las decisiones de consumo.
Lina Cerón coordina el Proyecto de Alimentación Sana en RedPaPaz. Cuestionó la exposición de niños, niñas y adolescentes a publicidad de productos ultraprocesados. Sostuvo que “la autorregulación no funciona”. Su afirmación plantea la necesidad de regulación estatal más estricta.
La publicidad dirigida a menores es especialmente preocupante. Los niños y adolescentes son más vulnerables a las estrategias de marketing. Desarrollan preferencias alimentarias que pueden durar toda la vida. Por ello, la protección de este grupo etario es prioritaria.
La controversia no se limita a mantener o eliminar un impuesto. También cuestiona qué herramientas debe utilizar el Estado. Plantea hasta dónde debe llegar la intervención pública en decisiones personales. Este dilema refleja tensiones más amplias sobre el papel del gobierno.
Por un lado están quienes defienden la libertad individual de elección. Consideran que el Estado no debe interferir en las decisiones de consumo. Por otro lado están quienes argumentan que la salud pública justifica la intervención. Señalan que las enfermedades crónicas generan costos para toda la sociedad.
La alianza pretende que la discusión tenga como base evidencia independiente. Busca que las políticas de alimentación saludable sean tratadas adecuadamente. Las considera parte del derecho a una alimentación adecuada. Este enfoque de derechos humanos añade una dimensión adicional al debate.
El derecho a la alimentación adecuada está reconocido internacionalmente. No se refiere solo a la cantidad de alimentos disponibles. También incluye su calidad nutricional y su acceso equitativo. Desde esta perspectiva, el Estado tiene obligaciones positivas de garantizar alimentación saludable.
Los próximos meses serán decisivos para estas políticas. El proyecto de eliminación del impuesto debe tramitarse en el Congreso. Mientras tanto, la alianza trabajará para generar evidencia y movilizar apoyo. El desenlace determinará el rumbo de las políticas de alimentación en Colombia.
La experiencia de otros países latinoamericanos ofrece lecciones valiosas. México implementó impuestos similares con resultados mixtos. Chile desarrolló un sistema integral de etiquetado y regulación publicitaria. Uruguay también avanzó en políticas de alimentación saludable con enfoque de derechos.
Estos referentes internacionales pueden informar el debate colombiano. Permiten aprender de aciertos y errores ajenos. También demuestran que estas políticas enfrentan resistencias similares en distintos contextos. La industria alimentaria suele oponerse a regulaciones que afecten sus productos.
La tensión entre salud pública e intereses comerciales es evidente. Las empresas argumentan que las regulaciones afectan su competitividad. Señalan pérdidas de empleos y reducción de inversiones. Los defensores de la salud pública responden que los costos sanitarios son mayores.
El debate también tiene dimensiones regionales y de clase. Las enfermedades asociadas a la mala alimentación afectan desproporcionadamente a sectores vulnerables. Las comunidades de menores ingresos tienen menor acceso a alimentos frescos y saludables. Dependen más de productos ultraprocesados económicos.
Desde esta perspectiva, las políticas de alimentación saludable tienen implicaciones de equidad. No se trata solo de cambiar hábitos individuales. También requiere transformar los ambientes alimentarios que condicionan las opciones disponibles. La justicia social exige que todos tengan acceso a alimentación nutritiva.
La formación de la alianza representa un paso significativo. Articula actores diversos en torno a objetivos comunes. Incluye academia, organizaciones sociales y profesionales de la salud. Esta amplitud puede fortalecer la capacidad de incidencia en políticas públicas.
Sin embargo, la alianza enfrenta desafíos importantes. Debe generar evidencia convincente en poco tiempo. Necesita comunicar efectivamente sus hallazgos a tomadores de decisiones. También requiere movilizar apoyo ciudadano para contrarrestar presiones de grupos de interés.
La producción de evidencia independiente es crucial. Debe estar libre de conflictos de interés con la industria alimentaria. Necesita rigor metodológico que resista el escrutinio académico y político. Solo así podrá influir efectivamente en el debate legislativo.
Los semilleros de investigación propuestos tienen potencial a largo plazo. Formarían una nueva generación de investigadores especializados. Estos profesionales podrían dar continuidad al análisis de políticas alimentarias. Contribuirían a institucionalizar el conocimiento en este campo.
La vigilancia de posibles retrocesos requiere capacidad de respuesta rápida. La alianza debe monitorear constantemente el proceso legislativo. Necesita identificar tempranamente amenazas a las políticas existentes. Así podrá activar estrategias de defensa antes de que sea demasiado tarde.
El caso colombiano refleja tensiones globales sobre políticas alimentarias. En todo el mundo se debate cómo enfrentar la epidemia de enfermedades crónicas. Las soluciones oscilan entre regulación estatal e iniciativas voluntarias. Colombia se encuentra en un momento decisivo de este debate.
El resultado de esta controversia tendrá consecuencias duraderas. Determinará si Colombia fortalece o debilita sus políticas de alimentación saludable. Influirá en la salud de futuras generaciones. También establecerá precedentes sobre el rol del Estado en la promoción de hábitos saludables.
