El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación tomó una decisión polémica. Mediante la Resolución 0813 de 2026, revocó la convocatoria 978. Esta iniciativa contemplaba recursos por 109.000 millones de pesos. Su objetivo principal era impulsar la investigación en salud.
La convocatoria buscaba ampliar la disponibilidad de conocimientos y tecnologías innovadoras. Además, pretendía consolidar la soberanía sanitaria del país. Las soluciones propuestas debían responder a necesidades específicas de la población colombiana.
El periodo de presentación de propuestas inició el 15 de julio pasado. Originalmente, el cierre estaba programado para el 27 de agosto a las 4:00 p.m. Los resultados preliminares se publicarían el 7 de octubre. Por su parte, los definitivos llegarían el 6 de noviembre.
Sin embargo, el ministerio encabezado por Claudia Benavides cambió de rumbo. La entidad expidió el decreto un día antes del cierre previsto. Esta acción generó sorpresa en la comunidad científica nacional.
El documento oficial aclara varios puntos importantes. A la fecha de expedición, la convocatoria no había cerrado. Tampoco se había adelantado la verificación de requisitos. Igualmente, no se había evaluado ninguna propuesta. Finalmente, no existía banco preliminar ni definitivo de elegibles.
El ministerio justifica su decisión con argumentos relacionados al sismo reciente. El terremoto de magnitud 7,4 tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó. Este evento ocurrió el 10 de agosto. Las consecuencias incluyen cientos de fallecidos y miles de damnificados.
Según Minciencias, la situación de desastre alteró las condiciones sustancialmente. La emergencia declarada por el Gobierno Nacional modificó los parámetros de participación. Asimismo, las necesidades de investigación en salud cambiaron drásticamente.
La cartera considera que ampliar el cronograma no solucionaría el problema. Tampoco suspender temporalmente los plazos resultaría efectivo. Modificar parcialmente los Términos de Referencia tampoco sería apropiado. Estas acciones alterarían las condiciones bajo las cuales se formularon propuestas ya registradas.
El ministerio argumenta que mantener la convocatoria generaría inconvenientes. Los recursos del Fondo de Investigación en Salud no se ejecutarían efectivamente. Esta situación comprometería la destinación adecuada de los fondos públicos.
Las afectaciones del terremoto impactan directamente a instituciones clave. La red hospitalaria sufrió daños considerables en varias regiones. Las Instituciones de Educación Superior también enfrentan dificultades operativas. Estas entidades no podrían llegar a condiciones de igualdad antes del cierre.
Tres departamentos prioritarios resultaron especialmente afectados. Chocó, Putumayo y Nariño estaban entre los territorios favorecidos. La convocatoria buscaba beneficiar particularmente a estas regiones. No obstante, el sismo cambió radicalmente su situación.
Las prioridades de investigación definidas antes del desastre quedaron desactualizadas. Estas no comprenden las necesidades de conocimiento derivadas de la emergencia. La atención y recuperación post-desastre constituyen ahora una prioridad absoluta. Por tanto, la asignación de recursos debe reorientarse.
El decreto subraya la importancia de salvaguardar el interés general. La terminación anticipada busca preservar la legalidad. También pretende proteger la administración adecuada de recursos públicos. Además, garantiza la observancia de principios fundamentales.
Entre estos principios se encuentran la igualdad y la moralidad. También destacan la eficacia, economía y celeridad. La imparcialidad y publicidad son igualmente importantes. Finalmente, la buena fe, transparencia, objetividad y debido proceso orientan la función administrativa.
El ministerio aclara que incluir proyectos en el banco de elegibles no genera obligaciones. La entidad no adquiere compromiso automático de asignar recursos. Los postulantes tampoco obtienen derecho a recibir apoyos económicos. Aplicar a la convocatoria representa únicamente una expectativa de participación.
Esta expectativa permite acceso al proceso de selección. Sin embargo, no constituye ningún derecho adquirido. La normativa vigente respalda esta interpretación. Los términos de la convocatoria también la contemplan explícitamente.
La decisión generó críticas inmediatas en la comunidad científica. Varios investigadores expresaron su descontento públicamente. Muchos consideran que existían alternativas más apropiadas. Una adenda podría haber ajustado los Términos de Referencia y plazos.
Silvana Zapata Bedoya, científica de datos y consultora internacional, se pronunció en redes sociales. La especialista posee una maestría en Epidemiología. A través de su cuenta de X, compartió su frustración. “Pedimos tiempo para seguir ayudando a escribir las propuestas a los departamentos, hoy la noticia es otra, la convocatoria tiene terminación anticipada. Veníamos de sufrir mucho para lograr ciencia para el país, y ahora nos pasa esto”, comentó.
Julián Fernández-Niño también expresó su inconformidad. El profesor y doctor en epidemiología se desempeñó recientemente como subsecretario de Salud Pública de Bogotá. Su mensaje en redes sociales fue contundente. “Minciencias revocó la convocatoria de Soberanía Sanitaria a un día de vencerse el plazo de entrega. Varios investigadores corrimos para presentar propuestas. Otros habían pedido ampliación por el terremoto. Mucho trabajo perdido de los investigadores. Es una falta de respeto”.
Yesenia Olaya, exministra de Ciencias, respondió también por medio de X. Afirmó que revocar la convocatoria trasciende una simple decisión administrativa. “Estamos hablando de $109.000 millones para investigar, desarrollar tecnologías, fortalecer universidades y centros de investigación y avanzar hacia una Colombia capaz de producir soluciones para proteger la vida de su propia población”, dijo.
La exministra recordó el alcance de los recursos comprometidos. La convocatoria financiaría entre 36 y 56 proyectos de investigación. Estos proyectos abordarían la producción de tecnologías estratégicas en salud. Las áreas contempladas incluían temas de gran relevancia nacional.
La resistencia antimicrobiana figuraba entre las prioridades. También se consideraba la salud mental y economía del cuidado. La atención integral a personas mayores era otro foco importante. Las enfermedades transmisibles requerían atención especial.
El cáncer y las enfermedades crónicas ocupaban un lugar destacado. Las enfermedades huérfanas y raras también estaban contempladas. Finalmente, se buscaba reducir riesgos asociados al consumo de sustancias psicoactivas. Cada área representaba necesidades urgentes del sistema de salud colombiano.
La Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia había manifestado preocupaciones previamente. Avanciencia emitió un comunicado semanas antes sobre la convocatoria 978. La organización señaló varios aspectos problemáticos desde su lanzamiento.
Los requisitos de alianza presentaban dificultades. Los tiempos estipulados para postulación resultaban limitados. Esta situación generaba presión innecesaria sobre los equipos investigadores.
Las restricciones para investigadores principales y coinvestigadores generaban inconvenientes. Estas limitaban la interdisciplinariedad como estrategia de investigación. Consecuentemente, el impacto potencial de los proyectos se veía reducido.
Existía una inconsistencia relacionada con jóvenes investigadores. La convocatoria obligaba a contratar tres profesionales jóvenes inicialmente. Sin embargo, estos contratos cubrían únicamente 12 meses. Paradójicamente, los proyectos podían extenderse hasta 48 meses de ejecución.
Los recursos comprometidos representan una inversión significativa en ciencia nacional. Los 109.000 millones de pesos podrían transformar la investigación en salud. Las universidades y centros de investigación esperaban este fortalecimiento. La producción de soluciones propias constituye un objetivo estratégico para el país.
La revocatoria afecta numerosos equipos de investigación. Muchos profesionales dedicaron tiempo y esfuerzo a preparar propuestas. Las instituciones invirtieron recursos en formular proyectos competitivos. Este trabajo quedó sin posibilidad de evaluación ni reconocimiento.
El ministerio promete abrir una nueva convocatoria alineada con la situación actual. Esta deberá considerar los Decretos 1171 y 1261 de 2026. Los términos serán aprobados por el Comité del Fondo de Investigación en Salud. Supuestamente, esta medida garantizará mejor administración de recursos públicos.
La comunidad científica aguarda detalles sobre la nueva convocatoria. Los investigadores esperan plazos razonables para preparar propuestas. Las instituciones requieren claridad sobre requisitos y condiciones de participación. La transparencia en el proceso será fundamental para recuperar la confianza.
El debate sobre la decisión continúa en diversos espacios académicos. Algunos defienden la necesidad de reorientar prioridades tras el desastre. Otros cuestionan la forma y el momento de la revocatoria. La discusión refleja tensiones entre urgencia administrativa y respeto al trabajo científico.
