La polémica por el agua subterránea que Coca-Cola extrae en La Calera suma un nuevo capítulo. La Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria ha intervenido en el debate sobre la concesión hídrica.
La procuradora Olga Lucía Patín Curé envió una carta formal a la CAR Cundinamarca cuestionando aspectos técnicos fundamentales. En el documento, señala deficiencias en el informe elaborado por la Dirección de Recursos Naturales.
La funcionaria destaca que dicho informe carece de evidencia científica y estudios hidrogeológicos propios. Esta ausencia de datos técnicos actualizados genera preocupación sobre la base para tomar decisiones.
La situación se torna más compleja al analizar el historial de concesiones en la zona. Más de 300 permisos previos fueron otorgados en La Calera bajo el principio de prevención.
El Ministerio de Ambiente ya había manifestado su postura días antes del pronunciamiento de la Procuraduría. La cartera instó a revisar minuciosamente las condiciones de la concesión existente.
Los habitantes del casco urbano de La Calera han expresado su desconfianza durante audiencias públicas. Les preocupa especialmente la antigüedad de algunos estudios técnicos, que superan una década.
Sin embargo, la perspectiva cambia en las zonas rurales cercanas a los manantiales. Los campesinos de las veredas aledañas defienden la presencia de la embotelladora por los beneficios económicos locales.
INDEGA, filial de Coca-Cola, mantiene su posición sobre el cumplimiento de normativas. La empresa asegura que opera dentro de los límites establecidos por la autoridad ambiental.
La multinacional argumenta que el volumen de agua captada representa una fracción mínima del recurso disponible. Además, afirma contar con todos los controles exigidos por su licencia.
El debate ha alcanzado diferentes niveles políticos y administrativos. Congresistas y concejales de Bogotá se han pronunciado en contra de renovar la concesión.
La CAR Cundinamarca enfrenta presiones desde múltiples sectores. Sin embargo, insiste en que su decisión se basará exclusivamente en criterios técnicos.
La autoridad ambiental debe considerar el Decreto 155 de 2004. Esta normativa exige que las corporaciones realicen sus propios estudios hidrogeológicos.
Los siete manantiales bajo control de Coca-Cola siguen generando controversia. La decisión sobre la prórroga de la concesión, solicitada desde diciembre pasado, sigue pendiente.
El caso ha puesto sobre la mesa el debate sobre la gestión del agua en zonas de alta presión hídrica. La Sabana de Bogotá enfrenta crecientes desafíos en la administración de sus recursos acuíferos.
La Procuraduría enfatiza que cualquier restricción debe basarse en riesgos verificables. No pueden tomarse decisiones fundamentadas únicamente en incertidumbres o especulaciones.
