Un adolescente de 16 años llegó este domingo acompañado de su madre a una seccional policial de la Cruz de Carrasco. Confesó un crimen que había cometido días antes. El viernes por la noche, este joven asesinó de un disparo en el pecho a un delivery cubano. El hecho ocurrió en el barrio Carrasco Norte, en el noreste de Montevideo.
Fue sobre la hora 19.15 de este viernes que José Cuellar, de 31 años, llegó a una casa del barrio. Su objetivo era entregar un paquete. Al llegar a destino fue recibido por dos delincuentes que lo amenazaron con un arma de fuego. Los asaltantes querían robarle la moto, según la información policial citada por el noticiero Telemundo de Canal 12.
El ciudadano cubano se resistió al robo. Hubo un forcejeo entre ellos. Tras la lucha, uno de los ladrones le disparó al pecho. El repartidor murió en el instante. Los delincuentes huyeron del lugar. Solo pudieron llevarse el celular de la víctima.
Varios repartidores llegaron al lugar tras enterarse del crimen. “Se han dado muchas rapiñas, pero no esta, así como se dio. Esto fue una muerte de uno de nuestros compañeros. Aquí nos sacan una pistola, te bajas de la moto y ellos se la roban. Esas son las situaciones que se están dando aquí”, relató uno de los repartidores que llegó al lugar.
Carrasco Norte se ha convertido en una de las zonas más peligrosas de Montevideo. Así lo manifestó otro de los deliveries a Canal 12. Contó que otro modus operandi es crear pedidos falsos para posteriormente robarlos. Desde octubre se han registrado varios episodios así. Los asesinos escaparon a pie de la escena.
El adolescente de 16 años que se entregó llegó junto a su madre. Dijo ser el homicida. Quedó detenido inmediatamente. El joven no tiene antecedentes penales, informaron medios locales.
Los repartidores volvieron a movilizarse el sábado, tras este nuevo crimen. Decenas de ellos se trasladaron por el centro de Montevideo a exigir justicia. “Nos encontramos aquí exigiendo un valor mínimo para seguir desarrollándonos en este país, que es seguridad. Nosotros queremos seguir viviendo, queremos trabajar, pero también queremos vivir”, dijo Juan Pintos, vocero de la movilización, al noticiero Subrayado de Canal 10.
Pintos se refirió al Plan Nacional de Seguridad anunciado por el gobierno. Sin embargo, lamentó que el gobierno no ha mostrado el tiempo en el que se verían los resultados. “Nosotros la pregunta que le hacemos al presidente es: ¿cuántos muertos más tenemos que poner nosotros, la fuerza trabajadora? ¿Cuántos muertos más tenemos que poner para que se hable a calzón quitado del tema de la seguridad? No podemos seguir permitiendo que solamente se hable de seguridad cada cuatro años, cuando hay elecciones”, dijo Pintos.
Los deliveries se movilizaron con vecinos. Gritaban “seguridad” durante la marcha. “¡Queremos vivir!”, cerró Pintos la entrevista.
Además, Pintos también se refirió al asesinato de otro repartidor ocurrido recientemente. Este caso conmocionó igualmente a la comunidad de trabajadores. La violencia contra los deliveries se ha incrementado notablemente en los últimos meses.
Sobre la hora 4 de la madrugada, un joven de 22 años circulaba por el barrio Prado. Dos hombres que iban en moto comenzaron a seguirlo. Los delincuentes interceptaron a la pareja. El joven de 22 años aceleró para escapar.
Poco después de la persecución, comenzaron a dispararle con armas de fuego. El informe policial citado por Subrayado detalla que el joven detuvo la moto. Se sentó en la vereda, herido en el pecho. Los delincuentes se fugaron del lugar inmediatamente.
El conductor de un auto que pasaba por allí lo levantó. Lo llevó a una policlínica cercana. En ese centro médico, los profesionales constataron el fallecimiento. El joven había perdido demasiada sangre por las heridas de bala.
La situación de inseguridad para los repartidores ha escalado dramáticamente en Montevideo. Los trabajadores denuncian que están siendo blanco sistemático de la delincuencia. Las motos que utilizan para trabajar se han convertido en objetivo codiciado por los criminales.
Los deliveries relatan una creciente inseguridad dirigida específicamente a robarles las motos. Estos vehículos tienen alto valor en el mercado negro. Además, son fáciles de revender o desmantelar para vender por partes.
La modalidad de crear pedidos falsos se ha vuelto cada vez más frecuente. Los delincuentes utilizan aplicaciones de delivery para atraer a los repartidores. Luego los emboscan en zonas oscuras o poco transitadas. Finalmente los asaltan con violencia para robarles sus pertenencias.
Los repartidores han expresado su frustración ante la falta de respuestas concretas. Sienten que sus vidas están en peligro constante mientras trabajan. Muchos son sostén de familia y no tienen otra opción laboral.
La comunidad de deliveries ha comenzado a organizarse para exigir medidas de protección. Realizan manifestaciones públicas para visibilizar su situación. También están solicitando reuniones con autoridades gubernamentales para plantear soluciones.
Entre las demandas se encuentra mayor presencia policial en zonas de alto riesgo. También solicitan iluminación adecuada en barrios peligrosos. Asimismo, piden protocolos de seguridad específicos para trabajadores de reparto.
Algunos repartidores han comenzado a trabajar en grupos para mayor seguridad. Se comunican constantemente entre ellos sobre zonas peligrosas. Comparten información sobre domicilios sospechosos o pedidos que podrían ser trampas.
Las empresas de delivery también están siendo cuestionadas por su responsabilidad. Los trabajadores señalan que las plataformas no proporcionan medidas de seguridad adecuadas. Tampoco ofrecen seguros suficientes que cubran estos riesgos laborales.
La muerte de José Cuellar ha generado conmoción en toda la sociedad uruguaya. No es solo un tema que afecta a los repartidores. La inseguridad se ha convertido en una preocupación generalizada en el país.
Familiares de las víctimas han manifestado su dolor y exigen justicia. Reclaman que estos crímenes no queden impunes. Solicitan penas ejemplares para quienes cometen estos actos violentos.
El caso del adolescente de 16 años que confesó el crimen también genera interrogantes. Muchos se preguntan cómo un joven tan menor está involucrado en delitos graves. La discusión sobre responsabilidad penal juvenil ha resurgido con fuerza.
Organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por la situación. Amnistía Internacional ya había advertido sobre la inseguridad en Uruguay. Su informe de 2025 señalaba que “Uruguay es inseguro y hostil para los niños”.
El debate sobre políticas de seguridad se ha intensificado en el ámbito político. Diferentes sectores proponen soluciones que van desde mayor represión hasta prevención social. Sin embargo, los repartidores insisten en que necesitan acciones inmediatas.
La pregunta de Juan Pintos resuena en la sociedad: “¿Cuántos muertos más tenemos que poner nosotros, la fuerza trabajadora?” Esta interrogante refleja la desesperación de un sector laboral vulnerable. También evidencia la urgencia de medidas efectivas de protección.
Los deliveries continúan trabajando porque necesitan el sustento económico. Cada día salen a las calles sabiendo que podrían no regresar. Esta realidad laboral resulta inaceptable para una sociedad democrática.
La madre del adolescente detenido también enfrenta una situación dolorosa. Acompañó a su hijo a entregarse a las autoridades. Este gesto muestra responsabilidad familiar, pero no borra el crimen cometido.
Las investigaciones policiales continúan para determinar si hubo más personas involucradas. Se busca al segundo delincuente que participó en el robo. También se investiga la procedencia del arma utilizada en el homicidio.
Los barrios donde ocurrieron estos crímenes viven con temor constante. Los vecinos también se sienten inseguros en sus propias casas. La sensación de vulnerabilidad se ha extendido por toda la ciudad.
El gobierno enfrenta presión creciente para mostrar resultados tangibles en seguridad. Las promesas y planes anunciados no han logrado frenar la violencia. La ciudadanía exige acciones concretas que protejan vidas.
Los repartidores han dejado claro que no descansarán hasta obtener garantías. Continuarán movilizándose y alzando su voz. Su reclamo es simple pero fundamental: quieren trabajar y vivir sin miedo.
