Una tragedia sacude al sistema de salud ecuatoriano tras la muerte de doce recién nacidos en el Hospital Universitario de Guayaquil. El Ministerio de Salud Pública (MSP) confirmó oficialmente los fallecimientos el 9 de agosto de 2025.
Las autoridades sanitarias han señalado que las muertes se produjeron por “causas multifactoriales” relacionadas con el estado crítico de los pacientes. La mayoría de los bebés fallecidos habían nacido prematuros o muy prematuros, lo que complicó su situación médica.
Particularmente alarmante resulta la confirmación de que dos de las muertes están vinculadas a una infección hospitalaria. La bacteria identificada es Klebsiella pneumoniae productora de carbapenemasa, un patógeno especialmente peligroso por su resistencia a antibióticos.
Ante la gravedad de los hechos, el ministro de Salud Jimmy Martin tomó medidas inmediatas destituyendo al gerente del Hospital Universitario. Además, ordenó brindar apoyo psicológico a los padres de los neonatos afectados por la bacteria.
La Fiscalía General del Estado inició una investigación de oficio el 10 de agosto para esclarecer las circunstancias de las muertes. Como parte del proceso, los fiscales solicitaron urgentemente las historias clínicas y documentación relacionada.
Paralelamente, la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud (Acess) anunció una auditoría exhaustiva. La Defensoría del Pueblo también intervino enviando un delegado para inspeccionar las instalaciones hospitalarias.
El caso ha llegado hasta la Asamblea Nacional, donde la Comisión de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes convocó a comparecencias. Entre los citados están el ministro Martin y el fiscal general subrogante Wilson Toainga.
La polémica se intensificó cuando el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, denunció en redes sociales la supuesta reutilización de cánulas nasales. El Ministerio de Salud desmintió categóricamente estas acusaciones sobre el reúso de insumos médicos.
El alcalde Álvarez señaló que las cánulas “no cuestan más de cuatro dólares” y ofreció ayuda municipal. A través de la Dirección de Acción Social, propuso asistir a las familias afectadas y cubrir la compra de implementos necesarios.
Esta crisis se desarrolla en medio de denuncias recurrentes sobre escasez de insumos en hospitales públicos ecuatorianos. Gremios médicos y usuarios del sistema sanitario han alertado repetidamente sobre estas carencias.
Los peritos fiscales comenzarán el levantamiento de evidencias y testimonios en el hospital este 11 de agosto. Las familias de los doce bebés fallecidos aguardan respuestas mientras se desarrollan las investigaciones judiciales, administrativas y legislativas.
La tragedia ha expuesto las vulnerabilidades del sistema de salud pública en Ecuador. Las autoridades enfrentan ahora el desafío de determinar responsabilidades y prevenir futuros incidentes similares que afecten a pacientes en estado crítico.
