A finales de 2023, el Gobierno colombiano dio un paso crucial para las telecomunicaciones del país. La subasta del espectro radioeléctrico para el 5G marcó el inicio de una nueva era tecnológica. Este proceso permitió adjudicar el recurso que hace posible la transmisión de datos en estas redes avanzadas.
El espectro radioeléctrico es un bien público que pertenece a todos los colombianos. Por ello, el Gobierno lo asigna mediante subastas y cobra una contraprestación económica a los operadores. A cambio, estos reciben el derecho a utilizar este valioso recurso para desplegar su infraestructura.
En aquella subasta participaron cuatro empresas: Claro, Movistar-Tigo, WOM y Telecall. Para el mercado local, la presencia de Telecall resultó sorpresiva. Se trataba de una compañía de origen brasileño que buscaba abrirse paso en Colombia. Su participación generó expectativas sobre la competencia en el sector.
Los resultados de la subasta se distribuyeron de la siguiente manera. El primer bloque fue asignado a Tigo y Movistar por $318.306 millones. El segundo bloque quedó en manos de WOM por $318.340 millones. El bloque tres fue adjudicado a Telecall Colombia S.A.S. por $318.333 millones. Finalmente, Claro se quedó con el último bloque por $411.384 millones.
Además de los pagos económicos, los operadores asumieron obligaciones de cobertura. Estos recursos garantizan que cada empresa podrá cumplir con los objetivos de expansión comprometidos. También se establecieron obligaciones de hacer, que consisten en inversiones en territorios con carencias en conectividad.
Sin embargo, pasados los meses, las señales de alerta comenzaron a surgir. Telecall no cumplió con los compromisos económicos que asumió con la nación. Para febrero de 2025, el operador adeudaba más de $41.000 millones al país. Este monto correspondía al primer plazo de pago que ya había vencido.
Iván Mantilla, representante legal de Telecall, ofreció explicaciones sobre la situación. Señaló que los ruidos de inestabilidad en el sector de telecomunicaciones afectaron sus planes. Su socio inversionista retiró los fondos del proyecto, impidiéndoles cumplir con el pago comprometido.
Sin esa fuente de inversión, la empresa tuvo que reactivar urgentemente su búsqueda de capital. No obstante, no logró encontrar financiación antes del plazo establecido. Por esta razón, incumplió su obligación económica con el Estado colombiano.
Mantilla manifestó al MinTIC su interés en llegar a un acuerdo de cumplimiento. La propuesta consistía en pagar los $41.000 millones adeudados más los intereses de mora causados. Para esa fecha, el monto total ascendía a aproximadamente $46.000 millones.
El ministerio, sin embargo, no aceptó dicha propuesta. La razón fue que no se ajustaba a la normativa que el operador había asumido tras la subasta. Los meses continuaron transcurriendo mientras la incertidumbre sobre el futuro de Telecall crecía.
Recientemente, el Ministerio de las TIC resolvió sancionar a este operador por sus incumplimientos. La multa impuesta asciende a $7.422 millones, una cifra que requiere desglose para comprender su composición. De este monto, $4.286 millones corresponden al incumplimiento del primer pago por el uso del espectro.
Los restantes $3.135 millones se derivan de otros incumplimientos. Específicamente, la empresa no construyó ni presentó la garantía de cumplimiento requerida. Tampoco entregó la póliza de responsabilidad civil extracontractual que estaba obligada a constituir.
La Resolución 02044 emitida por el Ministerio de las TIC establece disposiciones adicionales. Se ordena a Telecall abstenerse de declarar la condición resolutoria del permiso de uso del espectro. En otras palabras, no puede renunciar ni devolver el permiso mientras se resuelve su situación.
Además, debe abstenerse de declarar la ocurrencia del siniestro. Tampoco puede hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta. El Gobierno considera que, de momento, no es necesario cobrar la póliza que Telecall entregó como garantía.
La pregunta que muchos se hacen ahora es qué ocurrirá con el espectro asignado. Durante todos estos años, Telecall no ha explotado el potencial de este bien de la nación. Esto ha privado a los colombianos de disfrutar de los beneficios del 5G.
No está claro si Telecall pagará la sanción y se pondrá al día con sus obligaciones. Tampoco se sabe si finalmente adelantará su plan de expansión en Colombia. La empresa no ha respondido las preguntas que le ha formulado El Espectador sobre estos temas.
Otra posibilidad es que continúe con sus incumplimientos hasta el punto de perder el espectro asignado. La resolución aclara que Telecall tiene derecho a presentar recursos legales. Puede interponer un recurso de reposición ante la Dirección de Vigilancia, Inspección y Control.
También puede, en subsidio, presentar recurso de apelación ante el Viceministerio de Conectividad. Para esto, las acciones no podrán interponerse después de 10 días hábiles siguientes a la notificación. Este plazo es relativamente breve considerando la complejidad del caso.
Entre líneas, se observa que este proceso podría tardar mucho tiempo en resolverse. Incluso es probable que se convierta en un problema que el actual Gobierno herede al próximo. La transición política podría complicar aún más la situación.
En el mercado circulan versiones sobre una eventual negociación entre Telecall y Claro. Esta operación implicaría la transferencia de los derechos de uso del espectro. De concretarse, fortalecería la capacidad del operador que mantiene posición dominante en el sector.
La posibilidad ha cobrado fuerza tras una decisión del Ministerio TIC. La cartera impulsó un decreto que permite revisar los topes de acumulación de espectro. Dependiendo de los análisis técnicos, esta medida podría habilitar a Claro para acceder a esos recursos.
Telecall, por su parte, ha presentado una serie de señalamientos en su defensa. La empresa intenta demostrar que quien ha obrado mal es el Ministerio de las TIC. Su argumentación se basa en un concepto jurídico emitido por una autoridad reconocida.
El exmagistrado del Consejo de Estado, Jaime Orlando Santofimio Gamboa, emitió dicho concepto. Señala que el procedimiento administrativo iniciado por la cartera es “completamente ilegal”. Según su análisis, viola de forma flagrante el marco normativo del sector.
También afirma que se incumplen las reglas de la subasta 5G escritas por el mismo MinTIC. Telecall sostiene que este análisis legal se produce en un momento crítico para el país. El despliegue de la nueva red está en juego.
“El análisis legal, que se produce en un momento crítico para el despliegue de la nueva red en el país, expone una serie de irregularidades que no solo afectan los derechos de la compañía, sino que además generan un grave riesgo de detrimento patrimonial para la Nación y envían una señal de incertidumbre a la inversión extranjera”, señala Telecall.
La empresa añade que, según Santofimio, el ministerio eligió el camino procesal equivocado. La ley especial que rige al sector TIC es la Ley 1341 de 2009. Esta normativa es clara y taxativa sobre cómo deben tramitarse estos casos.
Cualquier presunto incumplimiento que pueda acarrear una sanción debe tramitarse mediante procedimiento administrativo sancionatorio. Este procedimiento está diseñado para proteger el derecho a la defensa y a la contradicción. Sin embargo, el MinTIC optó por un procedimiento común.
El experto califica esta decisión como una negación directa del texto legal. Describe el texto como “claro e indiscutible” en sus disposiciones. Por este presunto error se habrían desencadenado una serie de irregularidades adicionales.
Telecall señala que la normativa vigente, específicamente el Decreto 1078 de 2015, permite explícitamente los pagos extemporáneos. Para estos casos, la consecuencia establecida es una sanción de tipo multa. Jamás contempla la pérdida del permiso como sanción.
En otras palabras, el MinTIC debió recibir los pagos extemporáneos de Telecall. Nunca debió cancelar los permisos para el uso del espectro. Esta es la tesis central de la defensa de la empresa brasileña.
“Hemos llegado a Colombia con un compromiso de inversión a largo plazo y con el objetivo de ser un actor clave en la transformación digital del país, incluyendo la obligación específica de conectar escuelas rurales. Por eso, recibimos con suma preocupación esta serie de actuaciones que se apartan de la ley. Nuestra voluntad siempre ha sido y sigue siendo cumplir con todas nuestras obligaciones. Lo único que pedimos es que se nos brinden las garantías que la propia ley colombiana otorga, en un marco de seguridad jurídica y respeto por las reglas establecidas”, manifestó un portavoz de Telecall Colombia S.A.S.
Para la empresa, la negativa del ministerio pone en juego recursos importantes para la nación. Específicamente, los más de $318.000 millones comprometidos en la subasta. A esto se suman los demás compromisos adquiridos por Telecall tras adjudicarse el espectro.
Telecall advierte que los funcionarios responsables podrían estar generando un grave detrimento al patrimonio público. Incluso sugiere que podrían enfrentar una posible responsabilidad personal por sus decisiones. Esta afirmación eleva la tensión entre las partes involucradas.
El llamado de Telecall sigue siendo el mismo desde el inicio del conflicto. La empresa solicita que se le permita cumplir con sus obligaciones de pago. Busca regularizar su situación y continuar con el proyecto de despliegue del 5G en Colombia.
Este caso plantea interrogantes sobre la seguridad jurídica para la inversión extranjera en el país. También cuestiona los procedimientos administrativos en el sector de las telecomunicaciones. La resolución final tendrá implicaciones importantes para el desarrollo del 5G en Colombia.
Mientras tanto, los colombianos continúan esperando el despliegue completo de esta tecnología. El espectro asignado a Telecall permanece sin utilizarse. Los beneficios que podría traer la quinta generación de redes móviles siguen postergándose.
La situación evidencia la complejidad de gestionar recursos públicos estratégicos como el espectro radioeléctrico. También muestra los desafíos de regular un sector dinámico como el de las telecomunicaciones. Las decisiones que se tomen en los próximos meses serán determinantes.
El sector empresarial observa con atención cómo se desarrolla este conflicto. Las reglas del juego en las telecomunicaciones colombianas podrían verse afectadas. La claridad normativa y la estabilidad jurídica están en el centro del debate.
Por ahora, el proceso legal seguirá su curso a través de los recursos que Telecall puede interponer. Las autoridades competentes deberán pronunciarse sobre los argumentos presentados por ambas partes. La decisión final marcará un precedente importante para futuras subastas de espectro.
