En Colombia, 12 millones de personas enfrentaron inseguridad alimentaria durante 2025. Esto representa el 21,1% de los hogares colombianos. Además, afecta al 22,8% de la población total del país.
El Departamento Administrativo de Estadística realizó esta medición conjuntamente con la FAO. La Organización para la Alimentación y la Agricultura colaboró en el estudio. Los resultados muestran una reducción significativa frente al año anterior.
El 3,4% de los hogares colombianos pasó hambre durante 2025. Esta cifra refleja la inseguridad alimentaria en su nivel más grave. Sin embargo, los datos evidencian una mejora respecto a mediciones previas.
“Esta cifra representa una reducción de 4,7 puntos porcentuales frente al año anterior. Asimismo, la prevalencia de inseguridad alimentaria grave disminuyó 1,5 puntos porcentuales”, señaló Piedad Urdinola Contreras. La directora del DANE destacó estos avances como significativos para el país.
Tanto en cabeceras como en centros poblados se redujeron ambos tipos de inseguridad. El rural disperso también mostró descensos en los indicadores medidos. En 2024, el dato general había alcanzado el 25,5% de la población.
La inseguridad alimentaria afecta a personas sin acceso regular a alimentos de calidad. Estos alimentos deben permitir el desarrollo normal de una vida activa. También deben garantizar una vida saludable para quienes los consumen.
Esta condición se presenta usualmente por dos razones fundamentales en el territorio nacional. La primera ocurre cuando los alimentos no están disponibles en determinadas zonas. La segunda surge cuando las personas carecen de recursos para obtenerlos.
La pobreza monetaria es el motivo predominante en Colombia para esta problemática. Por ello, el acceso económico resulta más determinante que la disponibilidad física. Esta realidad marca la diferencia entre regiones del país.
Desde 2025, Colombia reconoce el derecho humano a la alimentación adecuada. Este derecho cobija a todas las personas sin distinción alguna. La legislación busca garantizar condiciones mínimas para la población vulnerable.
Los datos presentados hacen parte de la cuarta medición de la FIES. La Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria rastrea los avances nacionales. Esta herramienta permite comparaciones internacionales con otros países.
La medición sirve para seguir el segundo Objetivo de Desarrollo Sostenible. El Hambre Cero debe alcanzarse antes del año 2030. Colombia utiliza esta escala para medir su progreso regional y mundial.
En centros poblados y rural disperso, la inseguridad alimentaria moderada o grave disminuyó. El indicador pasó del 34,2% en 2024 al 31,4% en 2025. Esta reducción de 2,8 puntos porcentuales resulta estadísticamente significativa.
Las cabeceras municipales registraron una disminución de 4,9 puntos porcentuales durante el período. El indicador se ubicó en 18,1% para 2025. En 2024, este mismo indicador había alcanzado el 23%.
“El 2025 fue un muy buen año para el país en la reducción de la incidencia de la inseguridad alimentaria. Hasta 2024 fue muy difícil que se moviera el indicador más grave y en este 2025 finalmente se logra una caída en los tres dominios”, resalta Urdinola. La funcionaria destacó el avance logrado en todas las zonas geográficas.
El campo continúa siendo el lugar donde las personas tienen menos acceso. Los alimentos llegan con mayor dificultad a las zonas rurales dispersas. Esta situación persiste a pesar de las mejoras registradas.
La brecha entre lo urbano y rural afecta todos los indicadores de calidad. Urdinola señaló que esta diferencia es una generalidad nacional constante. No obstante, la reducción observada representa un avance importante.
Chocó ocupó el primer lugar en la medición con el 56,8% de prevalencia. Este departamento nunca antes había encabezado las estadísticas de inseguridad alimentaria. Le siguió Sucre con el 50,1% de su población afectada.
La Guajira registró el 47,8% de prevalencia en inseguridad alimentaria moderada o grave. Estos tres departamentos presentaron las mayores dificultades durante 2025. Sus poblaciones enfrentaron los mayores retos de acceso a alimentos.
“Fue un año muy difícil para el Chocó. Las condiciones que tuvimos de orden público se reflejan en el hambre. El grueso de los problemas en este tema no es que no tengamos la capacidad, como humanidad, de producir alimentos para todo el mundo, la tenemos. El problema es la distribución, ¿cómo hacemos para que les llegue eficientemente a todas las personas, es el gran problema. Allí los conflictos, las guerras o una pandemia son los que dificultan el acceso a la comida y eso es lo que nos muestra Chocó”, explicó Urdinola. La directora identificó el orden público como factor determinante.
San Andrés presentó el menor porcentaje con apenas el 5,2% de prevalencia. Caldas alcanzó el 9,2% en este indicador de inseguridad alimentaria. Bogotá registró el 9,6%, completando las regiones con mejores resultados.
El caso de San Andrés muestra una mejora notable en la economía. La isla ha superado condiciones muy críticas en años recientes. La pandemia y el huracán Iota habían golpeado duramente el archipiélago.
Programas fuertes para mejorar la agricultura han impactado positivamente la isla. La pesca artesanal también recibió impulso en San Andrés. Estas iniciativas explican la reducción dramática de la inseguridad alimentaria.
La inseguridad alimentaria grave registró aumentos significativos en algunos departamentos específicos. Chocó pasó del 6,4% en 2024 al 17,9% en 2025. Este incremento de más de 11 puntos porcentuales resulta alarmante.
Vichada experimentó un aumento del 2,7% al 9,7% en un año. Este departamento triplicó su indicador de inseguridad alimentaria grave. Las condiciones de acceso empeoraron notablemente en este territorio.
Sin embargo, otros departamentos mostraron reducciones importantes en inseguridad alimentaria grave. San Andrés descendió del 12,3% al 0,6% en un año. Cundinamarca pasó del 7,3% al 1,7% durante el mismo período.
Casanare también presentó mejoras al pasar del 6,2% al 1,2%. Estas reducciones contrastan con los aumentos en otras regiones. La situación nacional muestra realidades muy diversas según el territorio.
La condición de la jefatura del hogar está asociada con la inseguridad. Los hogares con jefatura femenina registraron una prevalencia del 23,1%. Esta cifra supera a aquellos con jefatura masculina.
Los hogares encabezados por hombres alcanzaron una prevalencia del 19,4% durante 2025. La diferencia de casi cuatro puntos porcentuales evidencia una brecha de género. Las mujeres cabeza de hogar enfrentan mayores dificultades de acceso.
El nivel educativo también resulta determinante en la seguridad alimentaria de los hogares. Personas sin ningún nivel educativo encabezan hogares con 45,7% de prevalencia. Este grupo presenta las mayores dificultades para acceder a alimentos.
Los hogares con personas con educación superior alcanzaron una prevalencia del 9,1%. La diferencia de más de 36 puntos porcentuales resulta significativa. La educación aparece como factor protector contra la inseguridad alimentaria.
La condición de la vivienda es también un factor decisivo para las familias. La inseguridad alimentaria en hogares con déficit habitacional fue del 35,6%. Este nivel supera en más de dos veces a otros hogares.
Los hogares sin deficiencias de habitabilidad registraron el 15,5% de prevalencia. La vivienda adecuada protege contra la inseguridad alimentaria de manera significativa. Las condiciones habitacionales y alimentarias están estrechamente relacionadas.
La percepción de pobreza se confirma como un factor determinante fundamental. El 42,2% de los hogares que se consideran pobres tienen inseguridad alimentaria. Esta cifra contrasta dramáticamente con otros grupos poblacionales.
Solo el 8,4% de hogares que no se perciben pobres presentan inseguridad. La autopercepción económica refleja realidades concretas de acceso a alimentos. Esta brecha de más de 30 puntos porcentuales resulta reveladora.
El problema de la inseguridad alimentaria no radica en la capacidad productiva. La humanidad puede producir alimentos suficientes para toda la población mundial. La dificultad real se encuentra en la distribución de esos alimentos.
Los conflictos armados dificultan el acceso eficiente a la comida en regiones específicas. Las guerras interrumpen las cadenas de suministro y distribución de alimentos. Una pandemia también puede generar disrupciones en el acceso alimentario.
El caso de Chocó ilustra cómo el orden público afecta la alimentación. Las condiciones de violencia impiden que los alimentos lleguen a las comunidades. La infraestructura vial y la seguridad resultan fundamentales para garantizar acceso.
Los datos del DANE permiten identificar las poblaciones más vulnerables del país. Las mujeres cabeza de hogar requieren atención prioritaria en políticas públicas. Las personas sin educación formal también necesitan intervenciones específicas.
Los hogares con déficit habitacional deben recibir apoyo integral y coordinado. La vivienda adecuada y la alimentación son derechos humanos fundamentales interrelacionados. Las políticas públicas deben abordar ambas dimensiones de manera conjunta.
Las zonas rurales dispersas continúan presentando los mayores desafíos nacionales en acceso. La infraestructura vial resulta crítica para llevar alimentos a estas poblaciones. La conectividad física determina las posibilidades de distribución eficiente.
Los departamentos con mayor prevalencia requieren intervenciones urgentes y sostenidas en el tiempo. Chocó, Sucre y La Guajira necesitan programas especiales de seguridad alimentaria. Estas regiones concentran las mayores necesidades del país actualmente.
La reducción general del indicador nacional representa un avance significativo para Colombia. Sin embargo, 12 millones de personas siguen enfrentando inseguridad alimentaria diariamente. Esta cifra evidencia que el desafío persiste para millones de colombianos.
El camino hacia el Hambre Cero en 2030 requiere esfuerzos sostenidos y crecientes. Las mejoras registradas en 2025 muestran que el progreso es posible. No obstante, las brechas regionales, de género y educativas persisten.
La medición conjunta entre el DANE y la FAO permite comparaciones internacionales. Colombia puede evaluar su desempeño frente a otros países de la región. Esta información resulta valiosa para ajustar políticas y programas nacionales.
El derecho humano a la alimentación adecuada exige acciones concretas del Estado. Las autoridades deben garantizar que todas las personas accedan a alimentos de calidad. Este compromiso legal requiere inversiones y programas focalizados en poblaciones vulnerables.
La autopercepción de pobreza refleja realidades económicas que afectan la alimentación diaria. Las familias que se consideran pobres enfrentan restricciones reales para comprar alimentos. Esta situación demanda políticas de generación de ingresos y empleo digno.
La educación emerge como factor protector fundamental contra la inseguridad alimentaria crónica. Los hogares con mayor nivel educativo acceden mejor a oportunidades económicas. La inversión en educación representa también una inversión en seguridad alimentaria.
Las diferencias entre cabeceras municipales y zonas rurales persisten en todos los indicadores. Esta brecha histórica requiere estrategias diferenciadas según el territorio específico. Las soluciones urbanas no necesariamente funcionan en contextos rurales dispersos.
El conflicto armado y el orden público afectan directamente la seguridad alimentaria. Las zonas con mayor presencia de violencia presentan peores indicadores de acceso. La paz y la seguridad son condiciones necesarias para garantizar alimentación.
Los programas de agricultura y pesca artesanal han demostrado efectividad en territorios específicos. San Andrés evidencia cómo estas intervenciones pueden transformar realidades alimentarias locales. La replicación de estas experiencias exitosas podría beneficiar otras regiones.
La vivienda adecuada no solo protege contra la intemperie sino también contra el hambre. Los hogares con mejores condiciones habitacionales presentan mejor acceso a alimentos. Esta relación sugiere la necesidad de políticas integrales de desarrollo social.
La jefatura femenina de hogar aparece asociada con mayor vulnerabilidad alimentaria sistemática. Las mujeres cabeza de familia enfrentan barreras adicionales para generar ingresos suficientes. Las políticas de equidad de género deben considerar esta dimensión alimentaria.
La reducción de 4,7 puntos porcentuales en un año representa un logro significativo. Este avance requirió esfuerzos coordinados de múltiples sectores y niveles gubernamentales. Mantener esta tendencia descendente exigirá inversiones sostenidas en el tiempo.
Los 12 millones de colombianos en inseguridad alimentaria representan rostros, familias y comunidades concretas. Detrás de cada estadística hay personas que luchan diariamente por alimentarse adecuadamente. Esta realidad humana debe motivar acciones urgentes y efectivas.
La meta del Hambre Cero en 2030 sigue siendo alcanzable para Colombia. Los avances de 2025 demuestran que el país puede mejorar sus indicadores. Sin embargo, el tiempo apremia y las necesidades persisten en millones de hogares.
