La crisis política en Aragón se intensifica tras mensajes racistas de asesor
Una nueva crisis política sacude la región española de Aragón después de que salieran a la luz varios mensajes con contenido racista, antisemita y de tono fascista publicados por Marcos Francoy, asesor del partido ultraderechista Vox en las Cortes regionales.
El escándalo estalló cuando se descubrieron las publicaciones realizadas por Francoy en la red social X. Entre los polémicos mensajes, el asesor compartió imágenes del fundador de las JONS realizando el saludo fascista junto al lema “Día de la Raza”.
Además, Francoy publicó una fotografía de una escultura de José Antonio Primo de Rivera, figura central del fascismo español, acompañada del inquietante texto “Lo volveremos a intentar”. Posteriormente, ante la controversia generada, el asesor optó por eliminar su cuenta en la red social.
La situación provocó una inmediata reacción del presidente aragonés Jorge Azcón, quien exigió la destitución inmediata de Francoy como condición indispensable para mantener las negociaciones con Vox, particularmente las relacionadas con los presupuestos autonómicos de 2026.
Ante este ultimátum, Vox respondió afirmando que ya había iniciado el proceso de desvinculación del polémico asesor. Sin embargo, el partido ultraderechista rechazó lo que consideró un “chantaje” por parte del gobierno regional.
La tensión escaló cuando Vox anunció su negativa a continuar las negociaciones presupuestarias con el Partido Popular de Aragón, decisión que el presidente Azcón calificó como una “pataleta” y un “error garrafal” por parte de la formación ultraderechista.
Este incidente ha puesto de manifiesto las complejas relaciones entre el PP y Vox en Aragón, evidenciando las dificultades para mantener acuerdos políticos cuando surgen controversias ideológicas de esta naturaleza.
La crisis amenaza con tener importantes consecuencias para la gestión administrativa de la región, especialmente en lo referente a la aprobación de los presupuestos autonómicos, fundamentales para el funcionamiento de los servicios públicos y el desarrollo de políticas regionales.
El episodio también ha generado un intenso debate público sobre la presencia de ideologías extremistas en las instituciones democráticas y la responsabilidad de los partidos políticos en el control de sus representantes y asesores.
