El Congreso de la República aprobó un presupuesto de COP 635 billones para 2027. Esta cifra representa cerca del 29,9 % del Producto Interno Bruto. Además, es un peso que no se registraba desde los años de la pandemia.
Sin embargo, el tamaño del presupuesto no cuenta toda la historia. El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana analizó las cifras en profundidad. Por consiguiente, encontró una paradoja preocupante en las cuentas públicas del país.
El nuevo presupuesto aumenta COP 41,3 billones en términos reales frente al de 2026. No obstante, el reparto de ese dinero revela una realidad compleja. El servicio de la deuda crecerá COP 48,2 billones durante el próximo año. Es decir, más que todo el aumento real del presupuesto.
Mientras tanto, la inversión caerá COP 8,6 billones en el mismo período. Esto significa que habrá más recursos en el bolsillo público. Pero una parte mayor del dinero adicional se destinará a pagar compromisos financieros.
En consecuencia, habrá menos recursos disponibles para construir infraestructura. También disminuirán los fondos para financiar proyectos públicos. Igualmente, se reducirán las posibilidades de ampliar programas de inversión.
El análisis del Observatorio explica que las obligaciones crecientes limitan las opciones. Por lo tanto, el margen es cada vez más estrecho para decidir hacia dónde dirigir los recursos.
En 2026, el servicio de la deuda representa alrededor del 5 % del PIB. Para 2027, esta cifra subiría al 7,3 % del producto interno. El funcionamiento pasaría del 18,2 % al 18,5 % en el mismo período.
Por su parte, la inversión bajaría del 4,4 % al 4,1 % del PIB. Dentro del propio presupuesto, la inversión perdería todavía más peso. Pasaría de representar el 16,1 % del PGN al 13,7 %.
Este último porcentaje es el nivel más bajo de la serie analizada por el Observatorio Fiscal. Esa es la nuez del debate sobre las finanzas públicas. Además, es bastante dura de romper para los responsables de las políticas.
El tamaño del presupuesto no dice cuánto dinero queda realmente libre para nuevas decisiones. Esta es una distinción fundamental que a menudo se pierde en el debate público.
El otro cambio importante está en la manera de financiar el PGN. Frente al proyecto presentado por la administración de Gustavo Petro, hubo modificaciones sustanciales. Los ingresos tributarios proyectados disminuyeron COP 10,7 billones en la versión final.
Los recursos de capital, en cambio, aumentaron COP 100,2 billones. De esta manera, llegaron a COP 281,4 billones en el presupuesto aprobado. Aquí conviene detenerse antes de que las cifras enreden el asunto.
Los ingresos tributarios son los recursos que el Estado obtiene principalmente mediante impuestos. Los recursos de capital incluyen, entre otras fuentes, el endeudamiento del gobierno. Por eso, que aumenten los segundos mientras disminuyen los primeros tiene implicaciones importantes.
Esto implica que una mayor parte de la financiación del presupuesto dependerá de recursos especiales. Específicamente, no provendrán directamente de los impuestos del año en curso.
Dentro de esos recursos, el crédito interno aumenta COP 58,9 billones este año. El crédito externo aumenta otros COP 54,1 billones en el mismo período. El resto de los recursos de capital cae COP 12,9 billones.
Los cálculos presentados durante el debate presupuestal permiten aterrizar esas cifras con mayor precisión. Al incluir amortizaciones de deuda y otras operaciones de caja, se completa el panorama. Las necesidades totales de financiación llegarían a unos COP 266,3 billones.
De acuerdo con esas cuentas, unos COP 150,9 billones provendrían de deuda interna. Otros COP 87,7 billones provendrían de deuda externa durante el año. Finalmente, COP 20,7 billones vendrían de utilidades de empresas estatales como Ecopetrol.
Vale aclarar que no todo ese dinero es gasto nuevo para el Estado. Las amortizaciones, por ejemplo, corresponden al pago del capital de deudas ya adquiridas. Pero la magnitud ayuda a entender el tamaño del problema fiscal.
El Estado tendrá que conseguir cientos de billones de pesos para cubrir sus obligaciones. También necesitará esos recursos para financiar el presupuesto de 2027 en su totalidad.
La aritmética muestra una dependencia mayor de los recursos de capital para cerrar las cuentas. Y allí aparece una de las principales preocupaciones fiscales del país. El presupuesto puede ser aprobado por el Congreso sin mayores contratiempos.
Sin embargo, su ejecución depende de que el Gobierno consiga los recursos efectivamente. Son los recursos con los que pretende financiar todos los gastos programados.
Para el Observatorio Fiscal, esto no solo permite atender las necesidades presupuestales inmediatas. También deja más obligaciones para los próximos años y futuras administraciones. Es una advertencia del problema que representa la deuda pública.
Este es el componente que más crece dentro del presupuesto nacional. En 2027, alrededor de COP 155 billones del PGN se destinarían al servicio de la deuda. Es aproximadamente uno de cada cuatro pesos del presupuesto total.
El problema fiscal tampoco se limita únicamente a los intereses de la deuda. El escenario actualizado para 2027 ubica el déficit primario en 4,5 % del PIB. Esta cifra contrasta con el 0,5 % contemplado anteriormente en el Marco Fiscal.
La deuda neta del Gobierno Nacional Central llegaría al 66,2 % del PIB. El déficit primario mide cuánto gasta el Gobierno por encima de sus ingresos. Esto se calcula antes de contar el pago de intereses de la deuda.
Cuando ese resultado es negativo, el Estado necesita conseguir recursos adicionales para cubrir la diferencia. Si además debe pagar una deuda cada vez más costosa, el espacio se reduce. Esto acortará aún más el margen para otros gastos prioritarios del Estado.
El Gobierno ha anunciado una Ley de Rescate Económico para enfrentar parte de ese desequilibrio. Según los supuestos preliminares del Ministerio de Hacienda citados por el Observatorio, hay proyecciones. Las medidas permitirían llevar el déficit fiscal a 7,2 % del PIB.
También llevarían el déficit primario a 2,3 % del producto interno. La deuda neta bajaría a 64,1 % del PIB en 2027. Pero esas cifras todavía dependen de lo que finalmente se presente al Congreso.
También dependen de lo que se apruebe en el legislativo y se ejecute efectivamente. Por ahora, no hacen parte de la actualización del Plan Financiero oficial.
Hay otra diferencia que ayuda a entender el cambio entre proyectos presupuestales. El nuevo PGN es COP 59,3 billones mayor en términos nominales. Esta comparación se hace frente al proyecto presentado inicialmente para 2027.
El Observatorio Fiscal encuentra que una parte importante de esa diferencia tiene explicación. Corresponde al reconocimiento de presiones de gasto que no estaban incorporadas de manera suficiente. Entre ellas están obligaciones de pensiones que el Estado debe cumplir.
También están compromisos en salud que no pueden postergarse sin consecuencias graves. Los subsidios energéticos representan otra presión importante sobre las finanzas públicas. El Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles también genera obligaciones.
Reconocer esas obligaciones permite mostrar una fotografía más completa de las cuentas públicas. Pero el aumento no queda explicado por completo con estos factores. Uno de los puntos que el Observatorio pide revisar está en el gasto de personal.
El nuevo presupuesto incorpora 8.926 cargos adicionales en la administración pública. Además, eleva en 6,7 % el costo de la nómina frente al proyecto anterior. El aumento equivale a unos COP 4,5 billones en recursos adicionales.
La explicación no estaría solamente en los nuevos puestos creados por el gobierno. Algunos sectores presentan incrementos importantes en el costo de su nómina. Esto ocurre aun cuando no registran nuevos cargos en sus plantas de personal.
Eso abre una pregunta que los documentos presupuestales deberían permitir responder con precisión. ¿Cuánto del aumento corresponde a nuevas plazas en la administración? ¿Cuánto corresponde a cambios en las plantas existentes de funcionarios?
¿Cuánto se debe a otros factores asociados al costo de personal público? Estas preguntas requieren respuestas claras para entender la evolución del gasto.
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal, CARF, llegó a una conclusión similar. También observó el deterioro de las cuentas públicas en su análisis independiente. Aunque sus proyecciones son todavía más exigentes que las del Observatorio.
En su análisis, el CARF estimó que el déficit primario de 2027 sería de 4,5 %. Este porcentaje del PIB está muy por encima del 0,5 % previsto originalmente. El Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2026 contemplaba esa cifra menor.
También proyectó un déficit total cercano al 10 % del PIB para el año. La deuda neta llegaría al 67,3 % del PIB según sus cálculos. Para entender la diferencia entre ambos déficits, hay que considerar los intereses.
El déficit total incluye además el costo de los intereses de la deuda pública. Por eso resulta más alto que el déficit primario en las proyecciones.
El Comité identifica además riesgos que podrían ampliar el déficit más allá de lo proyectado. Según sus cálculos, los recursos programados para salud serían insuficientes este año. Serían unos COP 8,2 billones inferiores a los usos que estima para ese sector.
En pensiones, la programación depende parcialmente de recursos asociados a traslados al régimen público. Los subsidios de energía y gas enfrentan una presión adicional importante. Existe el riesgo de un fenómeno de El Niño que afectaría estos rubros.
Si esas necesidades terminan siendo mayores que lo presupuestado, el Gobierno enfrentará decisiones difíciles. Tendría que conseguir recursos adicionales para cubrir los faltantes en esas áreas. O bien tendría que recortar otros gastos para cubrir las necesidades prioritarias.
Ese es el tipo de presión que puede hacer que un déficit inicialmente calculado termine siendo mayor. Las proyecciones fiscales enfrentan múltiples fuentes de incertidumbre en su ejecución.
