Es jueves y una señora pelea contra el viento en la calle principal de Toluviejo en Sincelejo. Pasa dos o tres veces la escoba tratando de recoger las hojas rebeldes. Aunque el sol no da tregua, la brisa le impide acabar la tarea. Insiste en repasar la escoba mientras mira para todo lado. Pregunta en voz alta qué es lo que está pasando en su calle. Cuestiona qué es esa bulla y ese “poco e’ carros” que se están estacionando sobre la vía.
Otra vecina le grita desde la ventana si sabe si pasó algo. El alboroto contrasta con la vida pausada del pueblo. Contrasta con el hombre que vende helados de coco. También con el que grita que sí hay suero y queso. Y con el viejo que pasa en bicicleta cantando algo que parece un porro sabanero.
No era muy distinto hace casi 20 años, dicen los habitantes de este pueblo. La misma calle, el mismo calor, la misma brisa que levanta el polvo. Solo que el ruido de 2007 anunciaba una ausencia. Fue en ese año y en ese lugar donde desaparecieron a 11 jóvenes. Uno de ellos justo en esa calle.
Todos fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos”. Militares que operaban en la zona los presentaron como guerrilleros. El bullicio que hoy rompe la cotidianidad viene de una casa blanca esquinera. Antes se vendía arena, zahorra, cemento y balastro. Desde ese día será la Casa de la Memoria.
El espacio honra a los 11 muchachos: Carlos Valeta, Luis Fernando Mejía, Cristian Vergara, Evin Paternina. También a Julio Olivero, Juan Patrón, Miguel Jiménez, John Jairo Colón. Y a Frank Alei Padilla, Deiner Hoyos y Luis Alberto Pérez.
“Necesitábamos que se conociera lo que realmente había pasado, pero también que sus nombres fueran reconocidos como víctimas del Estado”, dice María Margarita Flórez. Ella es representante legal de la Asociación de Víctimas Hijos de la Verdad. También es víctima directa del hecho.
Era la pareja de Carlos Valeta. Él fue asesinado tras ser engañado por dos vecinos con un trabajo en una finca. Ella tenía cuatro meses de embarazo cuando ocurrió.
“Soy la única testigo directa del caso. Los dos muchachos del barrio entraron a mi casa y le propusieron eso a Carlos. Como estábamos embarazados, él se entusiasmó con esa idea y dijo que sí. Le dijeron que fuera a una entrevista, que ese día no se quedaba y que mirara que podía ser una buena opción”, cuenta María Margarita.
Robinson Barbosa y Andrés Pacheco eran los “reclutadores”. Ambos eran amigos de infancia de los jóvenes asesinados. Esto hizo el caso aún más estremecedor para este pequeño pueblo. Toluviejo tiene apenas 23.000 habitantes. Está a solo 25 minutos de la capital Sincelejo.
La Casa O11ce, como se bautizó a ese espacio, no solo es un lugar de memoria. También es una panadería y un café-restaurante. Está pensado para sostener a las familias que perdieron a sus hijos. A sus hermanos y a sus parejas. Durante años buscaron verdad y reconocimiento.
Aunque la edificación ya estaba hecha, hubo mucho trabajo por hacer. Los pisos, la pintura, el cambio del techo requirieron esfuerzo. También la cocina, el parque e incluso la adecuación de las fotos. Fue un trabajo de al menos una veintena de exmilitares. Están investigados por la Jurisdicción Especial para la Paz por casos de falsos positivos.
En el caso de la desaparición de los chicos de Toluviejo solo está involucrado uno. La Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre perpetró el hecho. Se trata del soldado Carmelo Pereira. Es directo responsable de los hechos violentos en contra de Evin Paternina Parra.
Evin era el único de los 11 que era menor de edad. Tenía 16 años. Además, tenía un retraso cognitivo. Es el único que sigue desaparecido.
El proceso incluyó sentar en el mismo espacio a víctimas y victimarios. Se dio en medio del proceso que llevan ante la JEP los comparecientes. Estuvieron involucrados en ese delito.
Para el magistrado Roberto Vidal, lo que ocurrió ese jueves es la materialización de algo. Normalmente ocurre en abstracto. “Esto es ver un resultado concreto de la justicia restaurativa. Cosas que para todos son procesos, audiencias, cosas en abstracto. Aquí está todo el trabajo de víctimas, comparecientes e instituciones. Toda la complejidad de armar un caso, investigar, reparar, se materializa en este proyecto”, dice.
Pero llegar aquí no fue fácil. Fue, en palabras de todos, un camino largo. También doloroso y retador. Al final fue una mirada honesta sobre el más humano de los sentimientos. Y, al mismo tiempo, el más difícil: el perdón.
El proceso se fue tejiendo con los años. Desde 2020 comenzaron los primeros encuentros. Fueron entre víctimas y comparecientes ante la JEP. Se dieron en el marco del macrocaso 03 sobre ejecuciones extrajudiciales.
A eso también ayudó el Encuentro por la Verdad. Lo promovió la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad en 2022. Las víctimas pudieron hablar de su dolor.
La idea de la casa surgió en 2023. Las familias decidieron organizarse junto al coronel retirado Luis Fernando Borja. Él también participó en el encuentro con la CEV. Es máximo responsable por desaparición forzada y asesinato en la región de Montes de María. También es responsable directo de las jóvenes víctimas de estas familias.
El objetivo era dignificar a los 11 muchachos. También construir una forma de reparación colectiva en el territorio. A través de la asociación no solo impulsaron un espacio de memoria. También un proyecto con vocación productiva.
La iniciativa se consolidó con apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. La embajada de Noruega en Colombia financió el proyecto. Aportó más de 160.000 dólares para el proceso restaurativo. Son unos 600 millones de pesos. También para el fortalecimiento de la asociación y la adecuación del espacio.
“Lo primero que hicimos fue ayudar a constituir a la asociación, darle estructura y hacer todo un fortalecimiento administrativo, ir definiendo cuál era la vocación del territorio, cómo integrarse, qué capacidades de la asociación podían conectarse con la demanda del espacio”, explica Jairo Matallana. Es gerente de paz, justicia y respuesta a crisis del PNUD.
Además, afirma que este paso es un avance. Reconoce que aún faltan varias cosas. “Este es un hito, pero hace falta todavía verdad plena. En este caso muchos ya han recibido información contundente y comprensiva de lo que pasó con sus seres queridos, pero todavía hace falta encontrar a las personas desaparecidas”, señala.
La Confraternidad Carcelaria adquirió inicialmente la casa. La entregó en comodato a la asociación por 10 años. Se espera que al final pueda comprarse.
En la actualidad, el coronel Borja ha sido identificado como máximo responsable de 51 falsos positivos. Esto ante la JEP. Sin embargo, ya no está vinculado directamente a esta iniciativa. Hubo diferencias con la Asociación.
Esas discrepancias causaron heridas en las familias de las víctimas. La desconfianza en los comparecientes creció. Por eso el trabajo también tardó.
Los primeros encuentros fueron tensos. Hubo al menos un año de preparación. Talleres, encuentros y lo que llaman “convites”. Son jornadas de trabajo compartido al sazón de la comida que cada uno traía. A veces ni siquiera se hablaba del pasado.
“No necesariamente hablan del tema, íbamos buscando esa reconstrucción de confianza”, explica Jorge Ganchoso. Es director nacional del programa comunidades restaurativas de la Confraternidad carcelaria de Colombia. Fue uno de los guías de todo el proceso.
“Uno cuando entra a esos espacios va con miedo porque no sabe qué reacción se pueda dar”, cuenta una de las víctimas del proceso.
Del lado de los comparecientes, el reto era distinto. Tenían que reconocer públicamente lo ocurrido. Incluso frente a quienes no eran sus víctimas directas.
“Uno entiende que hizo daño y que cometió delitos que no debieron de ocurrir. No hay forma ni siquiera de subir la mirada”, dice Hernán Aguinaga. Es sargento retirado del Ejército. De alguna manera, ha liderado a los demás comparecientes en este proceso en Toluviejo.
El sargento cuenta sin rodeos que dio órdenes que terminaron en asesinatos. También que hubo momentos en los que pudo decir que no. Y no lo hizo. Cierra los ojos cada vez que intenta volver a decir lo que dijo en la JEP. Cómo operaban las órdenes. Cómo se normalizaba la violencia. Cómo el encubrimiento hacía parte del engranaje militar.
“La gente de arriba nuestro sabía. Yo llegué primero al Batallón Guajiros y luego al de Infantería 33 de Junín que queda en Montería. Mi comandante desde el día uno dijo: ‘Esto se tiene que hacer así. Aquí se va a hacer lo que yo diga, se va a trabajar así, de esta forma, y el que no quiera trabajar así o el que ponga a hablar mucho, se muere'”, cuenta el sargento.
El comandante del Batallón Junín de Córdoba era el coronel Álvaro Zambrano Gómez. Hay investigaciones sobre sus relaciones con los paramilitares llamados los “Zeta”. Zambrano alertaba a los grupos de operativos en su contra. A cambio ellos le llevaban “muchachos” para hacerlos pasar por guerrilleros.
“Mire, hubo un caso, el del señor Dionisio de los Reyes Wilches, que el comandante nos mandó a matarlo, así se lo digo. Ese día que lo citamos, que era un jueves, lo mandamos traer con engaños y no llegó. Creo que se varó el carro por una lluvia. Yo hoy veo que Dios me estaba mandando señales y no las vi. Debí parar, pensar. Decir, ‘no, yo no hago eso y que pase lo que tenga que pasar’. El coronel dijo, ‘bueno, que no pase de mañana’. Y ese viernes asesinamos a ese señor. Yo ese día dije: ‘No acabo de cometer el peor error de mi vida, sino la peor brutalidad. Cometí un delito. Maté a una persona sin razón'”, dice Aguinaga.
El sargento recuerda cada detalle de aquellos días con precisión dolorosa. Habla de cómo el miedo se instaló en las filas. De cómo la obediencia se convirtió en complicidad. De cómo el silencio fue la norma durante años.
Ahora, en los encuentros con las familias, ese silencio se ha roto. Las palabras fluyen con dificultad. Las lágrimas también. Tanto de víctimas como de victimarios.
María Margarita recuerda el primer encuentro con los comparecientes. Sentía rabia, dolor, impotencia. Quería respuestas. Quería saber por qué Carlos. Por qué su hijo creció sin padre.
“Al principio no quería ni verlos. Me parecía imposible estar en el mismo espacio. Pero entendí que necesitaba escuchar. Necesitaba que me dijeran qué pasó realmente”, relata.
Los encuentros se multiplicaron. Cada uno fue diferente. En algunos se trabajó en silencio. En otros se compartieron historias. Poco a poco, la desconfianza dio paso a algo distinto.
No fue perdón inmediato. Tampoco olvido. Fue un reconocimiento mutuo de humanidad. De dolor compartido. De vidas rotas por la guerra.
Los exmilitares llegaban temprano a las jornadas de trabajo. Traían herramientas, materiales, disposición. Trabajaban lado a lado con las familias. Pintaban paredes, arreglaban pisos, construían el parque.
Hernán Aguinaga recuerda esos días como los más difíciles de su vida. Más que los años en prisión. Más que las audiencias en la JEP.
“Mirar a los ojos a una madre que perdió a su hijo por culpa de uno. Eso no tiene comparación. Es enfrentarse con lo que uno hizo. Con el daño que causó”, dice.
Las madres también recuerdan esos momentos. Ver a los hombres que participaron en la muerte de sus hijos trabajar en su honor. Fue contradictorio. Fue doloroso. Fue, de alguna manera, sanador.
“No es que uno perdone y ya. El dolor sigue ahí. Pero verlos trabajar, verlos reconocer lo que hicieron, eso significa algo”, cuenta una de las madres.
La casa fue tomando forma con cada jornada. Las fotografías de los 11 jóvenes se colocaron en un espacio especial. Cada una con su nombre. Con su historia. Con su dignidad restaurada.
Carlos sonríe en su foto. Luis Fernando mira a la cámara con seriedad. Cristian tiene puesta una camiseta de fútbol. Evin, el menor, tiene una expresión inocente que parte el alma.
Cada rostro cuenta una vida interrumpida. Un futuro robado. Una familia destrozada. Pero también cuentan resistencia. Memoria. Dignidad.
La panadería y el café-restaurante fueron equipados con lo necesario. Las familias recibieron capacitación para operarlos. El objetivo es que generen ingresos sostenibles.
“No queríamos solo un monumento. Queríamos algo vivo. Algo que nos permitiera seguir adelante”, explica María Margarita.
El día de la inauguración llegó después de meses de trabajo. Las familias se vistieron con sus mejores ropas. Los vecinos se acercaron curiosos. Los funcionarios llegaron con discursos preparados.
Pero lo más significativo fue ver a víctimas y comparecientes compartir el mismo espacio. Sin tensión. Sin miedo. Con respeto mutuo.
Hernán Aguinaga habló frente a todos. Pidió perdón nuevamente. Reconoció el daño causado. Agradeció la oportunidad de reparar.
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