Tres ciudadanos venezolanos iniciaron este domingo una protesta sin precedentes frente a la sede de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya.
Mario José de Nigris León, Jhon Manuel Cáceres Morillo y Laura Angélica García Contreras comenzaron una huelga de hambre indefinida. Los manifestantes buscan presionar al tribunal para que acelere la investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
“Iniciamos esta huelga contra la impunidad estructural del régimen de Nicolás Maduro”, declararon los activistas al comenzar su protesta. Además, enfatizaron que lo hacen “por las víctimas de persecución, torturas, encarcelamientos y asesinatos en Venezuela”.
Los manifestantes instalaron una carpa frente al edificio de la CPI, decorada con banderas venezolanas. En el fondo colocaron una imagen de Rocío San Miguel, activista detenida arbitrariamente por el gobierno de Maduro.
La protesta ocurre en un momento crítico para la investigación, tras la reciente separación del fiscal jefe Karim Khan del caso Venezuela. La Sala Segunda de Apelaciones de la CPI detectó un posible conflicto de intereses en su gestión.
El conflicto surgió por la participación de Venkateswari Alagendra, cuñada de Khan, como abogada defensora del gobierno venezolano. Esta situación llevó a la Fundación Arcadia a solicitar formalmente su recusación.
La investigación sobre Venezuela ahora está a cargo del fiscal adjunto Mame Mandiaye Niang. El caso se inició en 2018 cuando seis países presentaron una denuncia conjunta contra el régimen de Maduro.
Magallí Meda, del equipo de la opositora María Corina Machado, destacó que la CPI ha documentado 8.900 víctimas individuales desde 2018. “La propia Oficina de Defensa Pública de las Víctimas ha señalado la inacción de la Fiscalía”, expresó.
A casi cuatro años de abierta formalmente la investigación, en noviembre de 2021, no se han emitido órdenes de captura contra altos funcionarios chavistas. Esta demora genera frustración entre víctimas y activistas.
La crisis de confianza en la CPI se profundizó con la investigación interna sobre Khan. Según fuentes del tribunal citadas por The Washington Post, existen reportes de acoso sexual que llevaron al fiscal a tomar una licencia voluntaria.
El código de conducta de la fiscalía prohíbe expresamente que sus miembros intervengan en casos con vínculos familiares o profesionales. Al apartarse, Khan aseguró que no tendrá acceso a información confidencial del caso Venezuela.
Las denuncias contra el régimen de Maduro incluyen graves violaciones como detenciones arbitrarias, torturas sistemáticas y ejecuciones extrajudiciales de opositores políticos. La comunidad internacional mantiene su atención sobre el desarrollo del caso.
