El gobierno uruguayo presentó este lunes 26 de enero las cifras de delitos correspondientes al año 2025. Los datos permiten una doble lectura de la situación. Por un lado, muestran una reducción respecto al año anterior. Por otro, revelan que los niveles de criminalidad continúan siendo elevados.
El Sistema de Gestión de Seguridad elaboró un informe detallado sobre la situación delictiva. En total, se registraron 287.000 delitos durante 2025. Esta cifra representa aproximadamente 14.000 casos menos que en 2024. La baja general alcanzó un 4,7% interanual.
Sin embargo, la perspectiva cambia al ampliar el horizonte temporal. Si se comparan estos números con los de hace una década, el incremento es del 23%. Este dato evidencia que el problema de la inseguridad se ha profundizado significativamente.
Las autoridades destacaron lo que consideran una “evolución positiva” en los indicadores. De 15 categorías de delitos analizadas, 13 mostraron descensos. Solamente dos tipos de crímenes rompieron la tendencia a la baja.
Diego Sanjurjo, gerente del área de Estadística del Ministerio del Interior, valoró los resultados. “Creo que es una buena noticia. Me parece que nadie en el Ministerio del Interior debe estar satisfecho porque tenemos que lograr resultados mejores, pero lo que vemos es que en la mayoría de los casos la tendencia es positiva. Los delitos van bajando poco a poco y eso es una buena evolución”, analizó.
Los homicidios experimentaron una de las caídas más significativas del informe. Se registraron 369 asesinatos durante 2025. En 2024, la cifra había alcanzado los 382 casos. Esto representa una reducción del 3,4% entre ambos períodos.
La tasa de homicidios se ubicó en 10,3 cada 100.000 habitantes. Esta métrica permite comparar la situación uruguaya con otros países de la región. También sirve para evaluar la evolución del fenómeno a lo largo del tiempo.
Las rapiñas también presentaron números favorables según el análisis oficial. Este tipo de delito descendió un 10% respecto al año anterior. Los hurtos, por su parte, bajaron un 3,8% en el mismo período de comparación.
Un dato particularmente llamativo se registró en las estafas y fraudes informáticos. Las denuncias por estos delitos cayeron un 16% durante 2025. Este descenso cobra especial relevancia por el contexto histórico del problema.
Desde el año 2000, este tipo de criminalidad había crecido de manera exponencial. Hasta 2024, el incremento acumulado alcanzaba un 2.000%. Por primera vez en más de dos décadas, la tendencia se revirtió.
“Por primera vez, en el año 2025 vemos una caída muy importante de casi el 17%”, dijo Sanjurjo en rueda de prensa. El jerarca identificó dos factores que explican esta reducción. En primer lugar, el año pasado se puso “por primera vez” este delito “sobre la mesa”.
Además, se aprobó la Ley de Cibercrimen durante el período analizado. Esta normativa está “dificultando el procesamiento de las denuncias”, según explicó el funcionario. Ambos elementos contribuyeron a frenar el avance de este tipo de criminalidad.
Los abigeatos constituyeron la excepción negativa más notable del informe. Este delito rural creció un 12% durante 2025. El incremento rompió una racha de descensos que se había mantenido en los últimos años.
Los delitos relacionados con violencia de género también formaron parte del análisis presentado. Los femicidios bajaron un 18% respecto al año anterior. Esta reducción marca un hito en las estadísticas oficiales.
Sanjurjo señaló que este registro de femicidios es “el más bajo de toda la serie” considerada. La serie estadística abarca varios años de medición sistemática. El descenso contrasta con la situación de otros indicadores de violencia de género.
Las denuncias por violencia doméstica y otros delitos asociados aumentaron un 1%. Se trata de un incremento marginal pero que mantiene la preocupación. Los delitos sexuales, en tanto, descendieron un 4,8% durante el período analizado.
El ministro del Interior, Carlos Negro, participó de la presentación de los datos. Lo acompañó la subsecretaria Gabriela Valverde. También estuvieron presentes el director de la Policía Nacional, José Azambuya, y el subdirector Alfredo Clavijo.
Tras presentar las cifras, Sanjurjo realizó una evaluación más amplia de la situación. Reconoció que la criminalidad en Uruguay sigue siendo “alta” pese a la baja registrada. Esta apreciación matiza el optimismo que podrían generar los descensos puntuales.
“[La criminalidad en Uruguay] es relativamente baja para América Latina, pero si nos comparamos con países a los que nos queremos parecer es alta. En eso no hay vuelta que darle. Por tanto, el ciudadano, incluso si bajan los guarismos, seguramente no note en la calle una diferencia”, explicó.
El funcionario estableció así una comparación en dos niveles. Por un lado, Uruguay mantiene indicadores más favorables que el promedio latinoamericano. Por otro, la brecha con países desarrollados sigue siendo considerable.
Esta doble perspectiva refleja las aspiraciones y desafíos del país sudamericano. Uruguay busca alcanzar estándares de seguridad similares a los de naciones europeas. Sin embargo, enfrenta problemas propios de su contexto regional.
“Pero, a su vez, lo que hay que decir es que por suerte están bajando y eso es una buena señal porque es lo que la ciudadanía nos exige”, dijo Sanjurjo. El gerente de Estadística reconoció así la demanda social por mayor seguridad.
La percepción ciudadana de inseguridad no necesariamente se corresponde con las estadísticas oficiales. Incluso con descensos en los números, muchos uruguayos no perciben mejoras concretas. Esta desconexión representa un desafío comunicacional y político para las autoridades.
Los datos presentados abarcan distintas categorías de delitos contra la propiedad y las personas. También incluyen crímenes económicos y violaciones a la ley de estupefacientes. La variedad de indicadores permite un análisis multidimensional del fenómeno delictivo.
El informe no incluyó proyecciones sobre la evolución futura de la criminalidad. Tampoco se anunciaron medidas específicas para profundizar las tendencias positivas. Las autoridades se limitaron a presentar los números y realizar un análisis descriptivo.
La metodología empleada por el Sistema de Gestión de Seguridad combina distintas fuentes. Se utilizan denuncias policiales, datos judiciales y registros de distintas agencias. Esta triangulación busca ofrecer un panorama lo más completo posible.
Algunos expertos en seguridad pública han señalado limitaciones en las estadísticas oficiales. Existe una cifra negra de delitos no denunciados que no aparece en los registros. Este fenómeno puede variar según el tipo de crimen y las características de las víctimas.
Los delitos sexuales y la violencia doméstica suelen presentar altos niveles de subregistro. Muchas víctimas no realizan denuncias por temor, vergüenza o desconfianza en el sistema. Por lo tanto, las cifras oficiales podrían no reflejar la magnitud real del problema.
En el caso de los hurtos menores, también existe una tendencia a no denunciar. Muchos ciudadanos consideran que el trámite no conducirá a la recuperación de lo sustraído. Esta percepción de ineficacia desincentiva la formalización de las denuncias.
Los abigeatos, en cambio, suelen tener tasas de denuncia más altas. Los productores rurales necesitan el registro oficial para gestionar seguros y otras cuestiones administrativas. Esto hace que las estadísticas en este rubro sean más confiables.
El aumento del 12% en abigeatos preocupa especialmente al sector agropecuario. Uruguay tiene una importante tradición ganadera y agrícola. La seguridad rural constituye un tema sensible para una parte significativa de la economía nacional.
Las autoridades no especificaron qué medidas adoptarán para revertir esta tendencia negativa. Tampoco se mencionaron operativos especiales o cambios en la estrategia de vigilancia rural. La falta de anuncios concretos generó interrogantes entre los productores afectados.
El descenso en rapiñas del 10% representa un alivio para comerciantes y ciudadanos. Este delito genera particular temor por su componente de violencia directa. La reducción podría estar vinculada a cambios en los patrullajes y en la presencia policial.
Sin embargo, las cifras absolutas siguen siendo elevadas en comparación con décadas anteriores. Uruguay experimentó un incremento sostenido de la criminalidad violenta desde principios de siglo. Los descensos recientes no alcanzan para revertir completamente esa tendencia de largo plazo.
La presentación de las cifras se realizó en un contexto político particular. El gobierno uruguayo enfrenta presión social por mejorar los indicadores de seguridad. La criminalidad constituye una de las principales preocupaciones de la ciudadanía según las encuestas.
Los datos del 2025 ofrecen argumentos tanto para el oficialismo como para la oposición. El gobierno puede destacar los descensos en la mayoría de los indicadores. La oposición, en cambio, puede señalar que los niveles absolutos siguen siendo inaceptablemente altos.
Esta ambivalencia en la lectura de las cifras refleja la complejidad del fenómeno delictivo. No existen soluciones rápidas ni resultados inmediatos en materia de seguridad pública. Las políticas requieren tiempo para mostrar impacto y deben sostenerse en el tiempo.
El Sistema de Gestión de Seguridad continuará monitoreando la evolución de estos indicadores. Se espera que en enero de 2027 se presenten las cifras correspondientes a 2026. Recién entonces se podrá evaluar si las tendencias actuales se consolidan o se revierten.
