El Gobierno de Donald Trump propuso elevar a USD 18.000 la multa a migrantes deportables. La sanción se aplicaría a personas con orden de expulsión dictada en ausencia. Además, afectaría a quienes permanecieron en Estados Unidos tras esa orden. Posteriormente, estas personas fueron detenidas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas.
El cambio fue impulsado por el Departamento de Seguridad Nacional. La propuesta se formalizó mediante un documento oficial. Este texto se difundió a través del Registro Federal. El nuevo monto reemplazaría el cobro vigente de USD 5.130.
La medida se aplicaría a extranjeros con orden de expulsión en ausencia. Estos individuos no abandonaron el territorio estadounidense. Después, fueron arrestados por ICE en operativos de control migratorio. El Gobierno sostuvo que la sanción actual resulta insuficiente.
Según las autoridades, el monto vigente no alcanza para reembolsar los costos. Específicamente, no cubre los gastos de detención y expulsión. Por eso, el DHS propuso aumentar significativamente la multa. El incremento busca compensar de manera parcial esos recursos.
De acuerdo con el texto oficial, la medida se inscribe en una estrategia. Esta estrategia busca incentivar la autodeportación de migrantes indocumentados. En esa lógica, el aumento busca elevar el costo económico. Se trata de incrementar el precio de permanecer tras una orden incumplida.
Especialmente, cuando el caso deriva en un operativo de arresto. También cuando se inicia el proceso completo de expulsión. La iniciativa no plantea una multa general para cualquier infracción. El documento delimita un escenario concreto y específico.
Debe existir una orden de expulsión emitida en ausencia. Además, debe haber permanencia posterior en Estados Unidos. Finalmente, debe producirse una detención posterior por ICE. La sanción se vincula con el hecho de no salir del país.
Las órdenes de deportación dictadas en ausencia tienen un origen específico. Recaen sobre extranjeros que fueron notificados para presentarse ante una corte. Estos individuos no asistieron a sus audiencias programadas. En esos supuestos, la autoridad emite una resolución de expulsión.
La resolución se emite aun sin la presencia del involucrado. El DHS explicó este procedimiento en su propuesta oficial. La persona no salió del país tras la orden. Posteriormente, terminó bajo custodia de la agencia migratoria.
En su fundamentación, ICE sostuvo que el valor vigente resulta insuficiente. El monto actual no compensa los recursos que demanda ejecutar estos casos. Según la propuesta, la multa funciona como un mecanismo de reembolso. No se presenta solo como una penalidad punitiva.
También se plantea como un cobro que busca recuperar gastos. Específicamente, busca recuperar parte de lo que el Gobierno afirma que cuesta. Estos costos incluyen detener y expulsar a una persona. Además, esa persona ya tenía una orden previa de salida.
El monto anterior de USD 5.130 fue fijado recientemente. Se estableció para el año fiscal 2025 tras ajustes por inflación. El DHS detalló en el Registro Federal que en septiembre pasado informó el cambio. ICE comenzó a cobrar USD 5.000 por esta sanción.
Siempre según el texto oficial, en noviembre se aplicó otro ajuste. Las autoridades migratorias aplicaron un ajuste adicional por inflación. Así, llevaron el monto a USD 5.130 desde los USD 5.000 iniciales. La propuesta agregó que la base actual fue fijada el año pasado.
Esto ocurrió mediante la Ley de Reconciliación Presupuestaria. En ese marco, el DHS indicó que el valor vigente quedó desactualizado. No refleja los costos que el Estado afronta actualmente. Esto ocurre cuando la ejecución de una orden culmina en detención.
La argumentación oficial subrayó que la revisión no busca únicamente reflejar inflación. El DHS sostuvo que el monto debe acercarse más al costo total. Se refiere al costo del procedimiento cuando la agencia debe localizar a la persona. También cuando debe arrestarla, sostener la custodia y completar las etapas administrativas.
En el documento oficial, el DHS planteó que el costo del procedimiento es amplio. No debe limitarse al traslado del detenido o a la custodia inmediata. La agencia incluyó en el cálculo etapas que consideró parte del mismo proceso. Entre ellas figuran identificar a la persona, detenerla, procesarla y expulsarla.
De acuerdo con la propuesta publicada en el Registro Federal, el DHS indicó algo más. Deben considerarse costos indirectos y generales asociados al funcionamiento de las operaciones. Entre los rubros mencionados figuran capacitación, vehículos y personal de apoyo. También se incluyen los recursos empleados en tareas de detención y custodia.
Asimismo, se contabilizan los gastos de logística y coordinación interinstitucional. Con esa contabilidad ampliada, el DHS sostuvo que USD 5.130 no cubre suficientemente. No alcanza para cubrir los costos que atribuye al procedimiento completo. Por eso propuso el salto a USD 18.000 dólares.
El documento argumentó que la brecha se hace más visible. Esto ocurre cuando la ejecución exige recursos para localizar a la persona. También cuando se debe desplegar el operativo de arresto. Además, cuando se debe sostener la custodia y completar la expulsión.
Según el texto oficial, la Administración Trump encuadró el aumento dentro de un conjunto. Se trata de un conjunto de acciones orientadas a promover la autodeportación. En ese marco, el DHS presentó el incremento como un mecanismo adicional. Busca incentivar la salida voluntaria antes de una detención por ICE.
El planteo gubernamental combina dos finalidades, de acuerdo con el documento. Por un lado, el reembolso parcial de gastos asociados a la detención. También de los gastos vinculados a la expulsión del territorio estadounidense. Por otro lado, un efecto disuasorio orientado a impulsar la salida voluntaria.
Este efecto busca que la salida ocurra antes de que el caso termine. Específicamente, antes de que termine en un arresto por parte de ICE. En 2024, la organización Transactional Records Access Clearinghouse informó datos relevantes. TRAC pertenece a la Universidad de Syracuse y monitorea el sistema migratorio.
La organización informó que los tribunales de inmigración acumularon más de 3,5 millones de casos. Estos casos se encuentran pendientes de resolución en el sistema judicial. Un contexto que, según la entidad, incrementa la presión sobre el sistema. También se vincula con un mayor volumen de decisiones en ausencia.
Si la propuesta avanza, la multa aplicable a ese supuesto pasaría de USD 5.130. El nuevo monto alcanzaría los USD 18.000 por cada caso individual. Esto representa un incremento de más del 250 por ciento. El cambio se produciría tras la publicación final en el Registro Federal.
La medida forma parte de una política migratoria más amplia. Esta política ha sido implementada por la Administración Trump desde su inicio. Incluye diversas acciones orientadas a endurecer el control migratorio. También busca acelerar los procesos de deportación de personas sin documentos.
El aumento de la multa se suma a otras medidas recientes. Entre ellas figuran cambios en los procesos de solicitud de residencia. También se incluyen modificaciones en los procedimientos de las cortes de inmigración. Algunas de estas cortes han sido cerradas sin aviso previo.
El cierre de la corte de inmigración de San Francisco generó confusión. Personas con audiencias programadas no recibieron notificación previa del cierre. Equipos legales sugieren guardar pruebas del intento de asistir. También recomiendan verificar el estado del expediente con frecuencia.
La propuesta del DHS se encuentra actualmente en período de comentarios públicos. Durante este período, organizaciones y ciudadanos pueden presentar observaciones. Posteriormente, el departamento evaluará los comentarios recibidos antes de la implementación final. La fecha exacta de entrada en vigor aún no ha sido confirmada.
Organizaciones de defensa de derechos de migrantes han expresado preocupación. Señalan que el monto de USD 18.000 resulta inaccesible para la mayoría. Muchas personas en situación migratoria irregular enfrentan dificultades económicas significativas. Por lo tanto, el pago de esta multa sería prácticamente imposible.
Además, estas organizaciones cuestionan la metodología de cálculo empleada por el DHS. Argumentan que los costos indirectos no deberían atribuirse completamente a cada caso individual. También señalan que la medida podría tener efectos contraproducentes. Podría dificultar aún más la situación de personas que ya enfrentan procesos complejos.
El contexto de esta propuesta incluye un sistema migratorio con millones de casos pendientes. La acumulación de casos genera demoras prolongadas en los procesos judiciales. Muchas personas esperan años para que sus casos sean resueltos. Durante ese tiempo, permanecen en Estados Unidos con estatus legal incierto.
Las órdenes de expulsión en ausencia se han incrementado en los últimos años. Esto se debe, en parte, a las dificultades para notificar adecuadamente a las personas. También a cambios frecuentes de domicilio y a la complejidad del sistema. Muchas personas no comprenden completamente las consecuencias de no asistir a las audiencias.
La propuesta del DHS establece que la multa se cobraría tras la detención. No se aplicaría automáticamente con la orden de expulsión en ausencia. Solo se haría efectiva cuando ICE detiene a la persona posteriormente. Esto significa que el cobro ocurriría en el contexto de un arresto.
El documento oficial no especifica los mecanismos concretos de cobro. No aclara si la multa se descontaría de bienes o ingresos. Tampoco detalla qué sucede si la persona no puede pagar. Estas cuestiones probablemente se definirán en regulaciones complementarias o en la implementación práctica.
La medida se enmarca en lo que el Gobierno denomina “estrategia de autodeportación”. Esta estrategia busca crear condiciones que incentiven la salida voluntaria. Incluye aumentar los costos y las dificultades asociadas a permanecer sin estatus legal. El objetivo declarado es reducir la población indocumentada sin necesidad de deportaciones masivas.
Sin embargo, críticos de esta política argumentan que genera efectos humanitarios negativos. Señalan que muchas personas tienen vínculos familiares y comunitarios profundos en Estados Unidos. Algunos han vivido en el país durante décadas. Tienen hijos ciudadanos estadounidenses y han establecido sus vidas completamente.
El aumento de la multa a USD 18.000 representa un cambio significativo. Es una de las sanciones administrativas más altas en el ámbito migratorio. Su implementación podría tener impactos amplios en comunidades migrantes. También podría influir en las decisiones de personas con órdenes pendientes.
La propuesta se encuentra en el Registro Federal para comentarios públicos. Este proceso permite que diversas voces aporten perspectivas sobre la medida. Organizaciones legales, grupos de derechos humanos y expertos en inmigración pueden presentar análisis. También pueden señalar posibles problemas de implementación o efectos no previstos.
El período de comentarios públicos es un paso estándar en el proceso regulatorio federal. Sin embargo, no garantiza que la propuesta será modificada o rechazada. El DHS tiene la autoridad final para decidir si implementa la medida. Puede hacerlo con o sin modificaciones basadas en los comentarios recibidos.
La medida propuesta refleja la prioridad de la Administración Trump en política migratoria. El endurecimiento de las sanciones y el aumento de los costos son elementos centrales. Estas acciones buscan enviar un mensaje disuasorio a personas que consideran permanecer sin estatus. También buscan recuperar parte de los costos operativos del sistema de inmigración.
El impacto final de esta propuesta dependerá de varios factores. Entre ellos, la capacidad real de cobro de las multas. También la respuesta de las comunidades migrantes y de las organizaciones de apoyo. Finalmente, las posibles impugnaciones legales que puedan presentarse contra la medida.
