La salida irregular de un menor testigo en el caso del atentado contra Miguel Uribe Turbay ha generado preocupación en las autoridades colombianas.
Astrid Cáceres, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), aclaró la situación del adolescente de 17 años que abandonó el centro de emergencia Villa Javier en Bogotá.
“El joven no está fugitivo, no está capturado, no está acusado”, enfatizó Cáceres en declaraciones a medios locales. La prioridad actual es garantizar su protección y localizar a su familia.
El adolescente, quien es migrante no acompañado, se había presentado voluntariamente ante la Fiscalía para colaborar en las investigaciones del ataque contra el precandidato presidencial ocurrido el 7 de junio.
Las autoridades judiciales confirmaron que el menor proporcionó información relevante sobre el caso. Sin embargo, las investigaciones determinaron que no tuvo participación en la preparación ni ejecución del atentado.
La noche del 28 de julio, el joven se ausentó irregularmente del centro ubicado en la localidad de San Cristóbal. Este hecho activó inmediatamente los protocolos de búsqueda institucionales.
Según explicó la directora del ICBF, estos protocolos de búsqueda pueden extenderse hasta por seis meses o hasta lograr ubicar al menor. La Policía de Infancia y Adolescencia está autorizada para intervenir siguiendo normativas específicas.
Cáceres manifestó su preocupación por la forma en que algunos medios han manejado la información. “Cuando hablamos de captura, evasión o fuga, estamos sembrando mucho temor en ellos”, señaló.
La funcionaria sugirió que la presión mediática pudo haber influido en la decisión del adolescente. Los reportes que lo señalaban como “capturado” o “acusado” podrían haberlo afectado emocionalmente.
El ICBF aún investiga cómo el menor logró evadir los controles de seguridad del centro. “Los detalles de la salida no los tengo en este momento”, admitió Cáceres.
La entidad insiste en que los centros de protección no son cárceles para menores. Su objetivo es brindar abrigo y alimentación temporal mientras se encuentran soluciones más estables.
“Es relativamente usual que los adolescentes estén en contra de medidas de protección”, explicó la directora. No obstante, destacó que el diálogo y el acompañamiento profesional suelen ayudar a transformar estas percepciones.
El caso ha generado un debate sobre el manejo de información sensible relacionada con menores de edad. Las autoridades solicitan prudencia para evitar poner en riesgo la integridad del adolescente.
Mientras continúa la búsqueda, el ICBF mantiene activo el proceso de restablecimiento de derechos del menor. La prioridad es localizar a sus familiares y garantizar su bienestar durante su permanencia en Colombia.
