La Superintendencia Nacional de Salud ordenó nuevamente la toma de posesión inmediata de Nueva EPS. Además, decretó la intervención forzosa administrativa de esta entidad. La medida fue prorrogada por un año adicional. Es decir, se extenderá hasta el 10 de abril de 2027.
Nueva EPS es la más grande del país. Actualmente cuenta con 11,5 millones de afiliados. La decisión se tomó ante el inminente incumplimiento del régimen financiero. También se consideró el incumplimiento de las condiciones de solvencia. Esta situación pone en riesgo el aseguramiento en salud de millones de colombianos.
Asimismo, la resolución establece la designación de Jorge Iván Ospina como agente interventor. Ospina es exalcalde de Cali. Presidencia confirmó esta designación hace unos días mediante su cuenta de X. La designación la realizó el presidente Gustavo Petro. Esto ocurrió luego de que el pasado 3 de abril venciera la anterior resolución.
**Las responsabilidades del nuevo interventor**
De acuerdo con la decisión de la Supersalud, Ospina deberá cumplir varias obligaciones. En principio, deberá presentar un plan de trabajo. Este plan debe implementarse en un término de 30 días calendario. El plazo comienza después de su posesión.
El objetivo principal es resolver las reclamaciones en salud interpuestas por los afiliados. Especialmente, debe atender las de usuarios bajo “riesgo vital”. Dicho plan será evaluado por la Dirección de Medidas Especiales para EPS. Posteriormente, será discutido y aprobado por esta misma dirección.
En suma, el nuevo interventor tendrá que realizar una evaluación detallada. Esta evaluación debe ser operativa de la red de prestadores. El fin es asegurar que los afiliados tengan acceso oportuno a los servicios. Esto implica identificar posibles deficiencias en la red existente. También requiere tomar medidas correctivas para mejorar la accesibilidad.
El documento señala que debe mejorarse la calidad de atención médica proporcionada. Entre las otras labores de Ospina está diseñar estrategias con enfoque preventivo. Estas estrategias deben dirigirse a causas de morbimortalidad identificadas. Además, se sumarán otras acciones que permitan mejorar el indicador de siniestralidad.
Las acciones deben ser eficientes para la gestión del riesgo en salud. Asimismo, deben ser acordes a las características particulares de los territorios. Cada región presenta necesidades específicas que deben atenderse.
**La situación financiera de la entidad**
La resolución se refiere también a la situación financiera de Nueva EPS. Dentro de las tareas asignadas a Ospina está desarrollar medidas de salvamento. Estas medidas buscan recuperar financieramente a la entidad. El interventor deberá “adoptar estrategias para el recaudo efectivo de la cartera radicada”.
También debe gestionar la cartera conciliada ante los entes territoriales. Esto incluye a la ADRES y demás deudores. Para ello, deberá adelantar las acciones jurídicas que se consideren necesarias. El recaudo efectivo es fundamental para la estabilidad de la EPS.
En ese sentido, también se tendrán que implementar estrategias adicionales. Estas estrategias servirán para la conciliación de las obligaciones pendientes. También para la depuración y el pago de estas obligaciones. Las deudas son con la red prestadora y proveedora de servicios.
Este punto incluye la presentación de un plan de pagos. El plan debe estar en línea con sus obligaciones actuales. Además, debe incluirse el detalle de las fuentes de financiación. La transparencia en este aspecto es crucial para la recuperación.
La Supersalud dictó al nuevo interventor la obligación de presentar informes periódicos. Estos informes deben entregarse dentro de los primeros 20 días calendario de cada mes. Han de contener un análisis de los comportamientos financiero, jurídico y técnico científico. También deben incluir aspectos administrativos de la vigilancia.
Cabe apuntar que la superintendencia ordenó al anterior interventor una tarea específica. Luis Oscar Galves Mateus debe entregar la rendición de cuentas de su gestión. Esta rendición permitirá evaluar lo realizado durante su período.
**La crisis profunda de Nueva EPS**
Nueva EPS enfrenta una de las crisis más importantes de su historia. Así lo demuestran una serie de datos internos. El Espectador tuvo acceso a estos documentos. Son producto de informes de gestión que revelan un deterioro profundo.
El deterioro se observa en la prestación de los servicios de salud. También afecta las finanzas de la entidad. Igualmente, la red de atención presenta graves problemas.
Los datos evidencian que las dificultades para acceder a medicamentos son graves. Han afectado al 17,5 % de los afiliados de la EPS. Entre abril de 2024 y abril de 2025 se registró un aumento alarmante. Los medicamentos pendientes de entrega aumentaron 160 %.
La situación ha impactado especialmente a grupos de pacientes críticos. De hecho, las cifras señalan que el 91 % de los pacientes trasplantados presentó medicamentos pendientes. Es decir, no recibieron los fármacos al momento de solicitarlos. En otros casos, estos no se entregaron en absoluto.
Además, el 90 % de quienes perdieron un trasplante tuvo acceso inadecuado a medicamentos. De 51 pacientes, 46 debieron regresar al proceso de diálisis. Esta situación representa un grave riesgo para la vida de los pacientes.
**La propuesta de traslados masivos**
En esta situación no se puede perder de vista otra propuesta. El presidente Gustavo Petro la hizo hace poco más de un mes. Planteó la posibilidad de que millones de colombianos sean trasladados. Esto ocurriría en los próximos meses de su EPS a otra.
Uno de los temores de la propuesta es significativo. De los traslados obligatorios masivos de cerca de seis millones de usuarios entre EPS surge una preocupación. Alrededor de 2.600.000 serían trasladados a la Nueva EPS. Esta entidad está intervenida desde el 3 de abril de 2024.
La paradoja es evidente. Se trasladarían millones de usuarios a una entidad en crisis. Nueva EPS ya enfrenta graves dificultades para atender a sus afiliados actuales. La capacidad de absorber más usuarios es cuestionable.
Los expertos han manifestado preocupación por esta situación. Consideran que podría agravarse la crisis del sistema de salud. También podría afectarse la atención de millones de colombianos.
La red de prestadores ya muestra deficiencias importantes. Los medicamentos pendientes de entrega son un problema creciente. Los pacientes críticos enfrentan riesgos vitales por la falta de atención oportuna.
La intervención prorrogada hasta 2027 busca estabilizar la situación. Sin embargo, los desafíos son enormes. El nuevo interventor deberá enfrentar problemas estructurales y financieros. También deberá garantizar el acceso oportuno a servicios de salud.
La situación de Nueva EPS refleja problemas más amplios del sistema. El aseguramiento en salud enfrenta dificultades en todo el país. Las EPS han mostrado deficiencias recurrentes en la prestación de servicios.
La cartera morosa con prestadores es otro problema crítico. Muchos hospitales y clínicas enfrentan crisis financieras. Esto se debe a los pagos pendientes de las EPS. La situación genera un círculo vicioso que afecta la calidad del servicio.
Los entes territoriales también tienen deudas con Nueva EPS. La ADRES debe recursos a la entidad. Sin embargo, la EPS también debe a prestadores y proveedores. La conciliación de estas cuentas es compleja y urgente.
El plan de trabajo que debe presentar Ospina será fundamental. Deberá abordar todos estos aspectos de manera integral. La evaluación de la red de prestadores permitirá identificar brechas. Las estrategias preventivas pueden reducir la morbimortalidad.
La gestión del riesgo en salud requiere enfoque territorial. Cada región presenta características epidemiológicas particulares. Las estrategias deben adaptarse a estas realidades locales.
El recaudo efectivo de cartera es prioritario. Sin recursos, la EPS no puede pagar a prestadores. Sin pago a prestadores, no hay servicios para los afiliados. La cadena de pagos debe restablecerse urgentemente.
Las acciones jurídicas contra deudores pueden ser necesarias. Sin embargo, también se requieren acuerdos de conciliación. El equilibrio entre presión legal y negociación será clave.
Los informes mensuales permitirán seguimiento cercano de la gestión. La Supersalud podrá identificar rápidamente desviaciones del plan. También podrá exigir correcciones oportunas.
La rendición de cuentas del anterior interventor es importante. Permitirá entender qué funcionó y qué no. También facilitará la transición y continuidad de procesos exitosos.
Los próximos meses serán decisivos para Nueva EPS. La entidad debe recuperar su capacidad operativa. También debe restaurar la confianza de afiliados y prestadores.
Los 11,5 millones de afiliados esperan soluciones concretas. Requieren acceso oportuno a consultas, procedimientos y medicamentos. Sus vidas y salud dependen del éxito de esta intervención.
El sistema de salud colombiano observa con atención este proceso. Nueva EPS es la más grande del país. Su estabilidad o colapso afectará a todo el sistema.
La designación de Ospina como interventor genera expectativas. Su experiencia como alcalde de Cali será puesta a prueba. Deberá demostrar capacidad de gestión en un contexto complejo.
Los próximos 30 días serán cruciales. El plan de trabajo que presente marcará la ruta. Su aprobación por parte de la Supersalud será el primer paso.
La implementación efectiva del plan será el verdadero desafío. Requerirá coordinación con múltiples actores. También necesitará recursos financieros y voluntad política.
Los afiliados de Nueva EPS merecen atención de calidad. Los pacientes críticos no pueden seguir esperando. Los trasplantados requieren sus medicamentos sin demora.
La crisis de Nueva EPS es también una oportunidad. Puede servir para replantear el modelo de aseguramiento. También para fortalecer la supervisión y regulación del sector.
El futuro de millones de colombianos está en juego. La salud es un derecho fundamental. El Estado debe garantizar su efectivo cumplimiento.
La intervención prorrogada hasta 2027 da tiempo. Sin embargo, el tiempo solo es útil con acciones concretas. Los próximos meses mostrarán si hay voluntad real de solución.
