El sector aéreo colombiano entregó al gobierno de Abelardo de la Espriella un pliego de peticiones. Este documento se centra en menos impuestos y más capacidad operativa. Además, solicita reglas claras para la inversión aeroportuaria.

Avianca, Latam, Wingo y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo coincidieron en sus demandas. Estas cuatro entidades conversaron con Portafolio sobre el futuro de la aviación. Según ellas, la competitividad del sector dependerá de las decisiones gubernamentales.

De la Espriella asumió la Presidencia el pasado siete de agosto. Para la industria aérea, este momento resulta decisivo. Entre 2015 y 2025, las rutas aéreas del país crecieron 37%.

Hoy la aviación genera 90.000 empleos directos en Colombia. Además, aporta 0,8% del Producto Interno Bruto. Estas cifras provienen de IATA con base en datos de OAG.

El encadenamiento productivo de la aviación alcanza el 4,3%. Por tanto, el impacto total del transporte aéreo llega a 920.800 empleos. Asimismo, representa US$ 15.500 millones para la economía nacional.

Las cuatro fuentes identificaron la raíz del problema. Existe una brecha entre el crecimiento de la demanda y la capacidad disponible. “El principal obstáculo para la competitividad del sector aéreo en Colombia es la brecha entre el crecimiento de la demanda y la capacidad disponible de la infraestructura aeroportuaria”, resumió Avianca.

Latam planteó un diagnóstico complementario sobre la gestión aeroportuaria. Según esta aerolínea, Colombia no ha administrado sus aeropuertos como red integrada. En cambio, los ha tratado como terminales aisladas con decisiones fragmentadas.

El país presenta una brecha de inversiones de aproximadamente ocho años. Esta diferencia se mide frente a lo que exige la demanda actual. Más de 50% de los aeropuertos regionales muestra restricciones operacionales importantes.

Estas limitaciones se relacionan con horarios, iluminación o condiciones de pista. Consecuentemente, esto resta competitividad frente a hubs como Panamá. También afecta la comparación con Lima y Santiago de Chile.

La carga impositiva representa un frente urgente para el sector. Actualmente, el impuesto al valor agregado está en 19%. La IATA considera esta tarifa desproporcionada frente a otros medios de transporte.

La entidad recuerda un precedente reciente que respalda su petición. Entre 2021 y 2022, el IVA para tiquetes bajó a 5%. El mercado respondió de inmediato a esta medida.

El año 2022 cerró con una cifra récord de pasajeros movilizados. Sin embargo, en 2023 la demanda doméstica se contrajo. Este comportamiento evidencia el impacto directo de la política tributaria.

La asociación señala que 75% de los usuarios pertenece a estratos dos y tres. Por consiguiente, la revisión del esquema tributario trasciende a la industria. Se convierte en un asunto de acceso popular al transporte aéreo.

Avianca pidió crear un grupo de trabajo para revisar múltiples impuestos. Este equipo analizaría el IVA, el impuesto al carbono y el impuesto de timbre. La aerolínea calificó este último como “anacrónico”.

El objetivo es diseñar una hoja de ruta de simplificación tributaria. Esta debería desarrollarse durante los primeros cien días de gobierno. Así se daría señal clara de prioridad al sector.

La infraestructura constituye el segundo eje de las peticiones del sector. El aeropuerto El Dorado aparece como caso central en este frente. La terminal bogotana enfrenta limitaciones de capacidad evidentes.

La IATA lideró en 2023 un estudio sobre este aeropuerto. El análisis buscaba determinar la capacidad efectiva de la terminal. También identificaba las acciones necesarias para maximizar su rendimiento.

El estudio concluyó que El Dorado podría alcanzar 100 operaciones sostenibles por hora. Para lograrlo, se requiere aplicar un conjunto de 23 medidas específicas. Estas se clasifican en acciones de corto, mediano y largo plazo.

Eso representaría un aumento de 47% frente a las operaciones de 2019. No obstante, tres años después, apenas dos recomendaciones se han implementado. Estas son la colaboración de decisiones aeroportuarias y la estandarización de velocidades.

Según Latam, la eficiencia operacional del aeropuerto podría subir significativamente. El incremento estaría entre 10% y 20% con acciones concretas. Estas incluyen un sistema de aterrizaje por instrumentos.

También se necesita un radar de superficie para mejorar la gestión. La operación efectiva de las pistas paralelas independientes resulta fundamental. Además, debe optimizarse la separación entre aeronaves para el aterrizaje.

La aerolínea pidió fortalecer el monitoreo de slots bajo metodología internacional. Esta se conoce como WASG en el ámbito aeronáutico. Estas medidas de corto plazo liberarían capacidad ociosa actualmente desperdiciada.

Mientras tanto, el país podría estructurar inversiones de mayor alcance. “No actuar oportunamente nos acercaría a un punto de no retorno frente a la competencia regional”, aseguraron desde Latam.

Avianca planteó respaldar la ampliación de largo plazo del aeropuerto. Este proyecto se conoce como El Dorado Max. La aerolínea propone respaldarlo con un documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social.

Este Conpes garantizaría continuidad, recursos y una gobernanza clara. “El Dorado debería ser el verdadero hub de las Américas”, afirmó la aerolínea. Esta visión requiere compromiso sostenido del Estado colombiano.

Más allá de la capital, Wingo puso el foco en terminales regionales. La aerolínea señaló el deterioro de infraestructuras que operaron bajo concesión. Muchas de estas concesiones ya están vencidas.

“Es necesario recuperar con prontitud las terminales aéreas que se han deteriorado tras el vencimiento de sus concesiones, como las de Barranquilla, Cali y San Andrés, y poner en condiciones óptimas esta infraestructura”, planteó Wingo.

Wingo también advirtió sobre fallas en sistemas críticos de seguridad. La aerolínea pidió un plan nacional para recuperar equipos esenciales. Este debe incluir calibración, mantenimiento y modernización de radioayudas.

Los equipos de comunicaciones en aeropuertos del país presentan problemas graves. Varios permanecen hoy sin uso, inoperativos o descalibrados. Esta situación compromete la seguridad de las operaciones aéreas.

Avianca coincidió en la necesidad de fortalecer aeropuertos regionales. Estos son operados directamente por la Aerocivil. La aerolínea pidió reactivar alianzas público-privadas para terminales específicas.

Entre estas se encuentran Bayunca, Cali, Barranquilla y San Andrés. Además, debe acelerarse obras ya en marcha en Rionegro y Cartagena. Actualmente, estos proyectos están represados en la Agencia Nacional de Infraestructura.

Latam sumó una petición institucional que otras fuentes no plantearon. La aerolínea propone recuperar la institucionalidad de la Aerocivil. Esto requiere una organización más simple y ágil.

La estructura debe permitir tomar decisiones coordinadas con rapidez. Sin embargo, no deben sacrificarse los estándares operacionales del sistema. El equilibrio entre eficiencia y seguridad resulta fundamental.

IATA propuso reactivar el Comité Aeronáutico entre entidades clave. Este incluiría al Ministerio de Transporte, la Aerocivil y la industria. La coordinación entre estos actores resulta esencial para el desarrollo sectorial.

La asociación planteó un régimen especial de Asociaciones Público-Privadas. Estas serían de iniciativa privada para las futuras concesiones. Deben incluir gatillos de inversión y estándares de servicio verificables.

También se requieren procesos de consulta con aerolíneas y operadores. Los pasajeros deben ser incluidos en estas conversaciones. Todo conforme a las prácticas de Airline Consultation recomendadas internacionalmente.

En cuanto al combustible, Avianca pidió habilitar la comercialización de Jet A. Actualmente, Colombia solo permite el uso de Jet A-1. La aerolínea calificó esta limitación como injustificada técnicamente.

Latam pidió garantizar el suministro e incorporar Jet A. Al mismo tiempo, solicita mantener la fórmula de precios actual. Esta debe preservar la libertad regulada y la referencia internacional vigente.

La aerolínea asimismo pidió una política de descarbonización equilibrada. Esta no debe penalizar el crecimiento de la aviación. Debe incorporar instrumentos como los combustibles sostenibles de aviación.

Las compensaciones deben incluirse dentro de la regulación del impuesto al carbono. Esta aproximación permitiría avanzar en sostenibilidad sin frenar el desarrollo. El balance entre crecimiento y ambiente resulta posible.

“Un entorno regulatorio más favorable, una infraestructura moderna y el impulso a los combustibles sostenibles de aviación serán fundamentales para lograrlo. Alcanzar este potencial requiere una visión compartida y un trabajo articulado entre el Gobierno y la industria”, concluyó Paula Bernal, Country Manager de IATA para Colombia.

El sector aéreo colombiano presenta así un paquete integral de solicitudes. Estas abarcan aspectos tributarios, de infraestructura y operacionales. También incluyen consideraciones ambientales y de gobernanza institucional.

La respuesta del gobierno de De la Espriella será determinante. De ella depende la capacidad del país para competir regionalmente. También influirá en el acceso de millones de colombianos al transporte aéreo.

El crecimiento del 37% en rutas durante la última década muestra el potencial. Los 90.000 empleos directos evidencian la importancia económica del sector. El efecto multiplicador amplifica este impacto a casi un millón de empleos.

Las aerolíneas coinciden en que Colombia está en un momento crítico. Puede consolidarse como hub de las Américas o perder competitividad. La decisión debe tomarse en los próximos meses.

La experiencia de la reducción temporal del IVA ofrece lecciones claras. Cuando el impuesto bajó a 5%, la demanda creció significativamente. El año 2022 registró cifras récord de pasajeros movilizados.

La posterior contracción de 2023 confirma la sensibilidad del mercado. Las políticas tributarias tienen impacto directo e inmediato. Por tanto, las decisiones en este frente no pueden postergarse.

El caso del aeropuerto El Dorado ilustra la urgencia operativa. Con solo dos de 23 medidas implementadas, se desperdicia capacidad. Un aumento de 47% en operaciones es técnicamente posible.

Las inversiones requeridas no son únicamente de infraestructura física. También se necesitan sistemas tecnológicos como radares de superficie. Los procedimientos operativos deben estandarizarse según mejores prácticas internacionales.

La situación de los aeropuertos regionales añade complejidad al panorama. Más de la mitad presenta restricciones operacionales significativas. Estas limitaciones afectan horarios, seguridad y capacidad de crecimiento.

Las concesiones vencidas en Barranquilla, Cali y San Andrés requieren atención inmediata. El deterioro de estas terminales afecta la conectividad regional. También impacta negativamente la experiencia de los pasajeros.

Los sistemas de radioayudas inoperativos o descalibrados representan riesgos. La seguridad aérea no puede comprometerse por falta de mantenimiento. Un plan nacional de recuperación resulta indispensable.

La propuesta de fortalecer la institucionalidad de la Aerocivil merece consideración. Una estructura más ágil permitiría responder mejor a los desafíos. La coordinación entre entidades públicas y privadas debe mejorar.

El Comité Aeronáutico propuesto por IATA ofrecería un espacio de diálogo. Este facilitaría la alineación de visiones entre gobierno e industria. Las decisiones consensuadas tienden a implementarse con mayor efectividad.

El régimen especial de Asociaciones Público-Privadas podría acelerar inversiones. La iniciativa privada aportaría recursos y eficiencia operativa. Los estándares de servicio verificables protegerían el interés público.

La consulta con aerolíneas, operadores y pasajeros enriquecería los procesos. Las mejores prácticas internacionales demuestran el valor de esta participación. Colombia puede aprender de experiencias exitosas en otros países.

El tema del combustible aeronáutico tiene implicaciones técnicas y económicas. La restricción al Jet A-1 limita opciones de suministro. Habilitar el Jet A ampliaría la competencia entre proveedores.

La política de descarbonización debe diseñarse cuidadosamente. Los combustibles sostenibles de aviación representan el futuro del sector. Colombia debe crear condiciones para su incorporación gradual.

El impuesto al carbono requiere calibración para no frenar el crecimiento. Las compensaciones pueden ofrecer flexibilidad en la transición. El objetivo ambiental y el desarrollo económico no son incompatibles.

La visión compartida que menciona Paula Bernal de IATA es fundamental. Sin alineación entre gobierno e industria, las transformaciones son difíciles. El trabajo articulado multiplica el impacto de las inversiones.

Los primeros cien días del gobierno de De la Espriella serán cruciales. Las señales que envíe al sector aéreo marcarán el tono. La creación del grupo de trabajo tributario sería un primer paso concreto.

El respaldo mediante Conpes al proyecto El Dorado Max daría certidumbre. Los inversionistas requieren garantías de continuidad en proyectos de largo plazo. La gobernanza clara reduce riesgos y costos de financiamiento.

La reactivación de alianzas público-privadas para aeropuertos regionales es viable. Varios proyectos ya cuentan con estudios y diseños avanzados. Lo que falta es decisión política y agilidad administrativa.

La destraba de proyectos represados en la ANI liberaría recursos. Rionegro y Cartagena esperan aprobaciones que no presentan obstáculos técnicos. La voluntad política puede acelerar estos procesos significativamente.

El sector aéreo colombiano ha demostrado su capacidad de crecimiento. Las cifras de la última década confirman el dinamismo del mercado. El potencial de desarrollo es aún mayor si se eliminan obstáculos.

La competencia regional se intensifica cada año. Panamá, Lima y Santiago no permanecen estáticos. Estos hubs invierten constantemente en mejorar su infraestructura y servicios.

Colombia tiene ventajas geográficas y de mercado que debe aprovechar. Su ubicación es estratégica para conectar Norte y Sur América. El tamaño de su mercado interno ofrece base sólida

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