Una operación conjunta entre la Policía Nacional y la Fiscalía General desmanteló una red criminal que operaba desde el centro penitenciario El Barne en Cómbita, Boyacá.
Las autoridades incautaron un arsenal tecnológico que incluía 105 teléfonos celulares, tres módems de internet y 53 tarjetas SIM. Además, decomisaron 23 directorios con información para extorsiones, 100 accesorios como cargadores y manos libres.
Los cabecillas de la organización, conocidos con los alias de “El Negro” y “Panda”, dirigían desde su reclusión una red dedicada a la extorsión telefónica. La banda criminal se hacía pasar por integrantes de grupos armados ilegales para intimidar a sus víctimas.
El general Carlos Fernando Triana, director general de la Policía Nacional, reveló que las investigaciones determinaron el alcance devastador de esta organización. Los delincuentes habrían afectado a más de 10.000 personas mediante llamadas amenazantes.
Las ganancias mensuales de esta red criminal superaban los 1.200 millones de pesos, según informes oficiales. El valor total de los elementos incautados durante el operativo sobrepasa los 500 millones de pesos.
Durante el año 2025, la Policía Nacional ha intensificado los controles en centros penitenciarios. Las autoridades han realizado 46 intervenciones que resultaron en el decomiso de más de 900 celulares y 1.000 tarjetas SIM.
En un caso similar ocurrido el 14 de marzo en la cárcel de Arauca, el Gaula Militar descubrió una modalidad sofisticada de contrabando. Los delincuentes utilizaban teléfonos miniatura de apenas 0.66 pulgadas, diseñados específicamente para evadir los controles de seguridad.
La operación en Arauca también permitió incautar material propagandístico del ELN, incluyendo brazaletes, manillas, banderas y grafitis. Este material era utilizado para dar credibilidad a las amenazas extorsivas realizadas desde el centro penitenciario.
Las autoridades encontraron además 29 armas cortopunzantes dentro de la cárcel El Barne, evidenciando las graves falencias en los sistemas de seguridad penitenciaria. Esta situación ha generado un intenso debate sobre la necesidad de reformar el sistema carcelario colombiano.
Los expertos en seguridad señalan que la falta de inhibidores de señal celular en las prisiones facilita estas actividades delictivas. También cuestionan la efectividad de los protocolos de requisa y la posible complicidad de algunos funcionarios penitenciarios.
La proliferación de estas redes criminales desde las cárceles representa un desafío significativo para las autoridades colombianas. Los centros penitenciarios, en lugar de ser espacios de rehabilitación, se han convertido en centros operativos para la delincuencia organizada.
