Una operación conjunta entre la Policía Nacional y la Fiscalía logró desmantelar una red criminal que operaba desde el centro penitenciario El Barne de Cómbita, Boyacá.
Los cabecillas de la organización, conocidos con los alias de “El Negro” y “Panda”, dirigían desde su reclusión un sofisticado esquema de extorsión telefónica. A través de llamadas intimidatorias, los delincuentes se hacían pasar por miembros de grupos armados ilegales para amenazar a sus víctimas.
Durante el operativo, las autoridades incautaron un arsenal tecnológico valorado en más de 500 millones de pesos. Entre los elementos decomisados se encontraron 105 teléfonos celulares, tres módems para conexión a internet y 53 tarjetas SIM, que constituían la infraestructura básica para realizar las llamadas extorsivas.
Además del equipo de comunicaciones, los agentes descubrieron 23 directorios con información detallada de potenciales víctimas. También fueron confiscados 100 accesorios complementarios, incluyendo cargadores y dispositivos manos libres, que facilitaban la operación continua del esquema criminal.
Las investigaciones revelaron que esta red criminal generaba ganancias mensuales superiores a los 1.200 millones de pesos, evidenciando la magnitud y alcance de sus operaciones delictivas. Durante la intervención, también se decomisaron 29 armas cortopunzantes, lo que sugiere un ambiente de control y amenaza dentro del centro penitenciario.
Este caso pone de manifiesto las graves falencias en los controles de seguridad de las cárceles colombianas. A pesar de estar recluidos, los delincuentes lograron establecer y mantener una compleja estructura criminal, utilizando tecnología prohibida dentro de los centros penitenciarios.
La operación representa un golpe significativo contra las redes de extorsión que operan desde las cárceles. Sin embargo, también evidencia los desafíos que enfrentan las autoridades para prevenir que los centros de reclusión se conviertan en centros de operación para actividades delictivas.