La reciente solicitud de la Procuraduría al Ministerio de Ambiente para ampliar el plazo de recepción de observaciones al Proyecto de Resolución sobre lineamientos de ordenamiento ambiental en la Sabana de Bogotá ha generado un debate significativo. Este proyecto, que afecta a 39 municipios de Cundinamarca y 4 del Meta, busca establecer limitantes para el uso del suelo en un área de aproximadamente 581 mil hectáreas. Su objetivo principal es proteger áreas de especial relevancia ambiental, como acuíferos, bosques andinos, subxerofitia y humedales, integrándolos en el ordenamiento territorial.
La Procuraduría argumenta que el impacto de esta normativa requiere un análisis técnico-jurídico riguroso. Por ello, ha solicitado una ampliación de 45 días hábiles para que los actores interesados puedan presentar observaciones que fortalezcan el proyecto. Además, han pedido información georreferenciada en formato Shapefile para facilitar una evaluación detallada. Hasta el momento, el Ministerio de Ambiente no ha respondido a estas solicitudes.
El proyecto también establece la necesidad de definir la ronda hídrica del río Bogotá y limitar intervenciones en humedales solo si cuentan con su delimitación. En zonas con alta amenaza de inundaciones o movimientos en masa, se priorizará la adaptación basada en ecosistemas. Sin embargo, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ha expresado su descontento. Durante una rueda de prensa, reclamó al Ministerio de Ambiente por no haber construido el proyecto en coordinación con los gobiernos locales. Según Galán, esto viola la Ley y el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno, que establece que el proceso de determinantes ambientales debe ejercerse en coordinación con los entes territoriales. Por ello, ha pedido retirar el proyecto y abrir un proceso de diálogo. Además, advirtió que, de ser expedido, acudirán a instancias judiciales a nivel administrativo e incluso penal.
Por otro lado, la exministra de Ambiente, Susana Muhamad, ha defendido el proceso. En una entrevista con Noticias Caracol, afirmó que el Ministerio siempre estuvo abierto al diálogo y que se realizaron varias asambleas públicas y mesas técnicas donde el Distrito fue invitado. Según Muhamad, el proyecto de resolución respeta las disposiciones actuales de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá y la Sabana. Argumenta que no hay cambios en los usos de suelo definidos en el POT y que la resolución no interfiere con proyectos específicos.
Este conflicto pone de manifiesto la complejidad de coordinar políticas ambientales con las autoridades locales. La falta de consenso y comunicación efectiva entre las partes involucradas puede obstaculizar la implementación de medidas necesarias para la protección ambiental. La reunión extraordinaria prevista para el 10 de marzo entre la nueva ministra de Ambiente, Lena Estrada, y el alcalde de Bogotá será crucial para buscar soluciones a estas diferencias.
Es fundamental que el Ministerio de Ambiente y los gobiernos locales trabajen juntos para garantizar que las políticas ambientales sean efectivas y respeten las necesidades y realidades del territorio. La ampliación del plazo para la recepción de observaciones podría ser una oportunidad para fortalecer el proyecto y asegurar que todas las voces sean escuchadas. Además, la transparencia en el proceso y la disposición al diálogo son esenciales para construir confianza entre las partes y avanzar hacia un desarrollo sostenible en la región.
