La Procuraduría abrió dos indagaciones previas contra funcionarios por determinar de la Alcaldía de Valledupar (Cesar). Una revisa el recaudo de impuestos municipales y la otra, la venta de 33 bienes muebles del municipio. Los boletines se publicaron el 3 y el 4 de noviembre de 2026.
La entidad no nombra a ningún investigado. Una indagación previa es una etapa inicial: sirve para establecer si hubo faltas disciplinarias y quiénes serían los responsables. No es una investigación formal ni implica cargos.
El 4 de noviembre, la Procuraduría informó en un boletín que abrió indagación previa para esclarecer "presuntas irregularidades en el recaudo de impuestos municipales". La entidad ordenó practicar pruebas para establecer las circunstancias. También busca identificar a los posibles responsables y definir si las conductas podrían constituir faltas disciplinarias.
Según el boletín, con información de medios locales, las irregularidades habrían tenido tres modalidades. La primera son pagos con tarjetas de crédito presuntamente hurtadas o clonadas. La segunda, operaciones con cheques con irregularidades. La tercera, posibles modificaciones manuales de créditos y obligaciones en el Sistema de Información Tributaria Municipal.
Sobre las tarjetas, la Procuraduría cita información según la cual entre febrero de 2024 y abril de 2025 se habrían registrado en Valledupar operaciones fraudulentas por cerca de $428 millones. De ese total, el 83 % se habría hecho con 48 tarjetas de emisión extranjera.
El 3 de noviembre, la Procuraduría informó que abrió indagación preliminar. Se trata de "presuntas anomalías en el procedimiento de comercialización de 33 bienes muebles de propiedad municipal". Los bienes incluyen vehículos oficiales, motocicletas y maquinaria, entre otros, vendidos en el proceso SAEB-SGR-001-2026.
La indagación revisará el precio de venta, los avalúos que se usaron y las autorizaciones del proceso. Además, buscará establecer qué funcionarios habrían realizado las conductas y si constituyen falta disciplinaria.
Sobre el precio, la Procuraduría señala que medios locales informaron que los 33 bienes posiblemente se vendieron por cerca de $31 millones.
Fuentes: Procuraduría General de la Nación (boletines 1055 y 1059 de 2026).
