El Ministerio de Hacienda presentó el Presupuesto General de la Nación para 2027. La cifra asciende a $634,9 billones. Este monto representa un incremento de $59,3 billones frente al proyecto anterior.
El escenario fiscal resulta especialmente exigente para el próximo año. Además, el déficit fiscal podría alcanzar 9,4% del Producto Interno Bruto. Según el Banco de Bogotá, esta cifra marca un máximo histórico. Por lo tanto, refleja las presiones acumuladas sobre las cuentas públicas.
La nueva administración decidió incorporar obligaciones de manera más explícita. Entre ellas figuran mayores gastos en pensiones y salud. También se incluyen aumentos en nómina y servicio de deuda. Asimismo, aparece el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.
El presupuesto está construido bajo un escenario de “inacción”. Es decir, no asume que el Gobierno aprobará medidas de ajuste. Tampoco contempla anticipadamente aumentos de ingresos ni operaciones de deuda. Consecuentemente, el déficit de 9,4% funciona como punto de partida.
Del aumento total de $59,3 billones, cerca de $37,4 billones corresponden al servicio de deuda. Una parte importante está relacionada con refinanciamiento de vencimientos internos. El proyecto anterior contemplaba un mayor nivel de refinanciación. En contraste, el nuevo escenario parte de una posición más conservadora.
Cerca de $30 billones del incremento se explican por menor refinanciamiento. Para 2027 están previstos vencimientos importantes de deuda interna. Sin embargo, estos podrán ser objeto de operaciones de intercambio. Si el Gobierno refinancia una parte significativa, podría liberar espacio presupuestal.
El presupuesto para personal aumenta $4,5 billones frente a 2026. Esto equivale a un crecimiento de 8% en esta partida. Por su parte, las pensiones suben $6,5 billones durante el mismo período.
En salud se incorporan $2 billones adicionales este año. Estos recursos están asociados a las transferencias del sector. También se relacionan con el reconocimiento de la Unidad de Pago por Capitación.
El Fondo de Estabilización incorpora una presión adicional de $9,6 billones. Esta cifra no estaba presupuestada anteriormente con tal magnitud. Además, el presupuesto incorpora un mayor “sinceramiento” de algunas partidas.
La inversión pública registra una reducción de $3 billones en 2027. Esta disminución limita el crecimiento total del Presupuesto General. Así, cerca de la mitad del incremento presupuestal responde a obligaciones actualizadas.
La presión fiscal no comienza en 2027 solamente. Para 2026, el Gobierno espera cerrar con déficit de 7,2% del PIB. También proyecta un déficit primario de 3,3% para este año.
Para contener el resultado de 2026 se contempla un recorte. Este ajuste alcanza $21,9 billones en total durante el año. Del total, $16,3 billones corresponden al ajuste legal establecido. Otros $5,6 billones son de carácter discrecional por parte del Gobierno.
La ejecución del componente discrecional será una señal importante. Mostrará el compromiso del Gobierno con la reducción del gasto. Además, permitirá evaluar la capacidad de ajuste de la administración.
El costo de los intereses pesa sobre las cuentas públicas. Para 2026, el Gobierno elevó su estimación de gasto por intereses. La cifra pasó de 3,2% a 3,8% del PIB nacional. Mientras tanto, para 2027 proyecta un nivel de 4,5% del PIB.
Este porcentaje representa uno de los máximos recientes en gasto financiero. El análisis advierte sobre efectos contables de operaciones previas. Estas operaciones se realizaron en 2025 para manejar la deuda. Redujeron el valor nominal, pero no el costo financiero estructural.
Aunque el presupuesto parte del escenario de déficit de 9,4%, existe una estrategia. El Gobierno prepara una Ley de Ajuste Fiscal para 2027. Con ella buscaría reducir el déficit en 2,2 puntos porcentuales. Esto equivale a cerca de $45 billones en ajuste total.
Si las medidas se concretan, el desbalance podría ubicarse cerca de 7,2%. Esta cifra representaría una mejora significativa frente al escenario inicial. La propuesta podría combinar medidas de gasto con modificaciones tributarias.
Específicamente, incluiría cambios a tratamientos tributarios diferenciales actualmente vigentes. Hacienda estima que estos cambios tienen potencial de recaudo. La cifra cercana a 8,9% del PIB podría obtenerse. No obstante, el resultado efectivo dependerá de las decisiones finales aprobadas.
El escenario de ingresos también deja margen para mejoras. Para 2027, Hacienda calcula ingresos tributarios por $296,7 billones. Esto equivale a 14% del PIB para el próximo año. La expectativa de crecimiento económico es apenas de 1,8% anual.
Si la actividad económica supera esa previsión, el recaudo podría ser mayor. Consecuentemente, contribuiría a reducir el déficit frente al escenario inicial. Por lo tanto, el desempeño económico resulta determinante para las finanzas.
Las condiciones de inflación también serán determinantes en 2027. Hacienda proyecta que 2026 terminaría con inflación de 6,8%. Esto llevaría a un incremento del salario mínimo entre 8% y 9%. Un aumento dentro de ese rango podría contener presiones inflacionarias.
También tendría efectos favorables sobre las tasas de interés del mercado. Además, impactaría el costo de financiación del Gobierno colombiano. Igualmente afectaría partidas indexadas como pensiones y gastos de personal.
El tipo de cambio constituye otro elemento relevante para las proyecciones. El Gobierno proyecta para 2027 una tasa promedio de $3.361 por dólar. Esta cifra es inferior a los niveles contemplados anteriormente por Hacienda.
Un peso más fuerte reduciría presiones derivadas del componente externo. Específicamente, afectaría el servicio de la deuda denominada en dólares. También podría favorecer el comportamiento de determinados ingresos tributarios nacionales. Adicionalmente, contribuiría a menores presiones inflacionarias mediante importaciones más baratas.
El escenario inercial contempla necesidades de financiación históricamente elevadas. Con un déficit de 9,4% del PIB, las proyecciones iniciales son significativas. Se contemplan emisiones internas de TES por $150 billones en el año. También se prevé financiación externa por US$26.100 millones durante 2027.
Sin embargo, estas cifras son consideradas techos de financiación máximos. Podrían disminuir si se concreta el ajuste fiscal propuesto. También si se realizan operaciones de deuda o mejora la economía.
De hecho, el análisis estima reducciones posibles en las necesidades. Estas podrían alcanzar hasta $77 billones o incluso más. Un escenario favorable permitiría esta reducción significativa de financiación.
Una parte provendría de la reducción de amortizaciones mediante operaciones. Otra estaría asociada con la aprobación de la Ley de Ajuste. En un escenario de mayor corrección, la emisión de TES podría ubicarse alrededor de $110 billones. Los desembolsos externos alcanzarían unos US$12.100 millones solamente.
La respuesta fiscal al terremoto ocurrido en 2026 también entra en esta ecuación. Para atender sus efectos inmediatos se contempla inicialmente un presupuesto. Este alcanza cerca de $4,1 billones para la emergencia nacional. De estos, solo 15% estaría financiado mediante deuda pública nueva.
La estrategia busca utilizar principalmente reasignaciones presupuestales existentes. Mientras tanto, parte de la reconstrucción podría apoyarse en incentivos privados. También se consideran alianzas público-privadas para la recuperación de zonas afectadas. El objetivo es limitar el impacto sobre las finanzas nacionales.
Para 2027, el análisis considera que la reconstrucción podría continuar. El financiamiento seguiría mediante reasignaciones dentro del presupuesto aprobado. La posibilidad de realizar operaciones de deuda abriría espacio adicional. Esto permitiría atender necesidades asociadas con la emergencia sin presión adicional.
Resulta especialmente relevante porque el nuevo presupuesto ya incorpora presión significativa. Esta deriva principalmente del servicio de la deuda proyectado para 2027.
El resultado fiscal dependerá de cuánto del escenario inercial termine materializándose. El Gobierno parte de un déficit de 9,4% del PIB como base. Pero también cuenta con herramientas para modificar esa trayectoria fiscal.
Entre estas herramientas figura una ley de ajuste fiscal integral. También operaciones de manejo de deuda para reducir amortizaciones. Asimismo, la posibilidad de menores amortizaciones mediante refinanciamiento de vencimientos.
Además, podrían obtenerse mayores ingresos tributarios si la economía crece. Esto ocurriría si supera la previsión de 1,8% anual. También si se dan condiciones financieras más favorables en los mercados.
La apuesta cambia la lectura tradicional de un presupuesto fiscal. En lugar de incorporar desde el comienzo efectos positivos de medidas, el presupuesto de 2027 muestra primero el escenario de mayor presión. Luego deja que las correcciones posteriores vayan ajustando el resultado final.
Este enfoque permite mayor transparencia sobre las presiones reales del gasto. También evidencia las obligaciones que efectivamente debe cumplir el Estado. Finalmente, deja claro el tamaño del ajuste fiscal requerido para cumplir metas.
