Marcela Meléndez, directora ejecutiva de Fedesarrollo, analiza las preocupaciones sobre el presupuesto de 2027. El Gobierno de De la Espriella radicó un monto por 634,9 billones de pesos. Sin embargo, las cifras presentan interrogantes preocupantes para la economía nacional.
Las cuentas fiscales lucen inquietantes en este momento. Además, no están lo suficientemente claras todavía. El presupuesto entregado al Congreso genera más preguntas que respuestas. Por un lado, resulta saludable sincerar el tamaño del hueco fiscal. No obstante, la situación deja un profundo sinsabor entre los analistas.
La nueva administración merece un compás de espera. Después de todo, se encontró con un problema muy grande. Aun así, la expectativa crece porque el déficit alcanza niveles muy altos. Nadie sabe todavía cómo se va a financiar semejante desequilibrio.
El presupuesto presenta un recorte de ingresos cercano al 1% del PIB. Asimismo, suma 2% en intereses que aparentemente no estaban bien contabilizados. Con estas cifras, el déficit fiscal llegaría a 9,4% en 2027. El Gobierno anunció una ley de rescate para reducirlo a 7%. Incluso ese nivel resulta sumamente complicado para las finanzas públicas.
Cuando un país tiene sus finanzas desordenadas, el mercado castiga duramente. En este momento, uno de cada tres pesos de recaudo se destina a intereses de deuda. Esta proporción refleja la gravedad de la situación fiscal colombiana.
Habría sido ideal que el Gobierno presentara el gasto por bloques específicos. En el sector salud existían deudas pendientes que requieren resolución pronta. En el sector energético también había compromisos sin cumplir. Sin embargo, estas partidas no aparecen claramente en el presupuesto presentado.
Colombia enfrenta un problema de seguridad que desafía el desarrollo económico. Igualmente, afecta la inversión en el territorio nacional. A pesar de esto, no hay ningún gasto adicional para atender el tema. Esta omisión preocupa a los expertos en política pública.
Los analistas habían advertido sobre un déficit fiscal mayor para el próximo año. No obstante, nadie esperaba un hueco tan grande en las cuentas. Varios factores faltaban incluir en las proyecciones fiscales anteriores. Entre ellos estaban las deudas de Air-e y el rezago en subsidios a distribuidoras.
También existían deudas del sector salud con los gobiernos subnacionales pendientes. El tema de seguridad representaba otro gasto no contemplado adecuadamente. Pero lo más grave es que los intereses estaban mal contabilizados. Alternativamente, simplemente no se conocían con precisión.
Además, resulta incomprensible por qué los ingresos caen 1% en las proyecciones. La preocupación es grande entre los economistas del país. Incluso si todo sale bien para el Gobierno, el déficit rondará el 7%. Este nivel requiere medidas urgentes y contundentes para evitar una crisis.
El país debe converger hacia un acuerdo para lograr eficiencias de gasto. Es necesario recortar las partidas innecesarias o “arandelas” presupuestales. Sin embargo, también se debe pensar desde el lado de los ingresos. La información completa aún no está disponible porque solo existen datos de un año.
Falta que el Gobierno explique cómo va a financiar el presupuesto presentado. También debe mostrar cómo se ve la senda de disciplina fiscal en cuatro años. Esta transparencia resulta fundamental para recuperar la confianza de los mercados.
Para 2027, lograr el ajuste sin nuevos ingresos parece poco viable. Existen maneras diversas de pensar los ingresos tributarios. Una vía es aumentar los impuestos directamente. Otra opción es sanear la base sobre la que se tributa actualmente.
En el caso del IVA, una cantidad de servicios están totalmente exentos. Igualmente, muchos bienes tienen tasas reducidas que erosionan el recaudo. Colombia pierde cerca de seis puntos del PIB por tener la base “agujereada”. Si se eliminan las exenciones, habría una fuente de recaudo grande.
Una estrategia de compensación para las familias más pobres sería necesaria. La efectividad del IVA en Colombia es de 37% actualmente. En contraste, los países de la OCDE alcanzan 56% de efectividad. Esta brecha muestra el potencial de mejora en recaudación tributaria.
Hay una reforma pendiente sobre el tratamiento tributario del sector productivo. Este tratamiento actual es malsano y no facilita el crecimiento económico. Sin embargo, hasta ordenar la casa completa, sería mejor postergar esta reforma. Así se podría hacer bien, sin tratamientos especiales que distorsionen la economía.
Desde el enfoque del gasto, recortar no resulta tan fácil. Mucho del aumento en gasto viene del “contrato social” establecido. Este incluye pensiones, salud y transferencias del Sistema General de Participaciones. Una parte del gasto, que no suma más de 20 billones, tiene mayor discrecionalidad.
Generalmente se conoce esta partida como “otras transferencias” en el presupuesto. Falta conocer qué está pensando el Gobierno en este aspecto. Se anunció un recorte de 45 billones en un solo año. Francamente, todavía no se ve cómo puede ocurrir semejante ajuste.
Se podría pensar en focalizar mejor los subsidios a servicios públicos domiciliarios. No obstante, ese tipo de ajustes requiere ley y reflexión cuidadosa. Es esperable que en la ley fiscal el Gobierno evite incluir cambios apresurados. Los ajustes en diseños regulatorios no se pueden hacer de un brochazo.
A esta compleja situación fiscal se sumó el terremoto recientemente ocurrido. En este momento no está claro de dónde saldrá la plata. El ministro de Hacienda mencionó que hay una partida de 4 billones. Esta se destinará para transferencias a las personas damnificadas por el sismo.
Se espera que la reconstrucción corra por cuenta del sector privado principalmente. Esto genera preocupación entre los analistas de política pública. El esfuerzo de filantropía del sector privado es inmenso, sin duda. Sin embargo, solo cubre una pequeña parte de las necesidades reales.
Estiman que el costo de la reconstrucción es del orden de 30 billones. Por lo tanto, debe existir un esfuerzo complementario desde lo público. La reconstrucción de centros de salud, escuelas e infraestructura pública es indispensable. El Estado no puede delegar completamente esta responsabilidad al sector privado.
Los mercados han reaccionado ante el anuncio del presupuesto presentado. En el momento del anuncio aumentó la tasa de los TES. También hubo un ajuste en la tasa de cambio del peso. Ahora hay una calma que se definiría como “compás de espera”.
Los inversionistas dan el beneficio de la duda al nuevo gobierno. Cuando se presente la ley de recorte, se espera que los mercados reaccionen. Ojalá la reacción sea en una dirección favorable para el país. Hasta el momento, en el papel, la financiación sería con deuda pública.
El Gobierno ha dicho que recortará gasto sin cambiar los ingresos. Por eso se entiende que el déficit de 7% se financiaría con deuda. Si se aprueba un recorte, aún habría mucho por aclarar. Terminaríamos 2027 con un déficit fiscal muy alto de todas formas.
Este nivel de déficit ameritaría buscar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La posibilidad de lograrlo depende de cómo el país presente su camino. Debe mostrar una ruta de reorganización de las finanzas públicas en cuatro años. Esta presentación será crucial para obtener el respaldo internacional necesario.
Fedesarrollo presentó ocho hojas de ruta para el Gobierno que comienza. Eligieron áreas donde existen elementos críticos que deben abordarse urgentemente. Desde el tema fiscal, es clave revisar las exenciones tributarias. En total, contando las que afectan a las empresas, suman ocho puntos del PIB.
Eso equivale a la mitad del recaudo del país actualmente. El primer paso sería revisar el IVA con una pedagogía importante. Existe la idea de que le hace mucho daño a la gente pobre. La verdad es que cuando afecta la canasta básica, encarece los bienes. Esto perjudica especialmente a quienes compran en el mercado formal.
Sin embargo, esto se puede compensar con transferencias directas a las familias. También se debe recuperar la fiscalidad de los combustibles fósiles. Colombia desaprovechó una coyuntura de precios altos en años recientes. Esto ocurrió porque no tenía suficiente producción para exportar.
No será inmediato, pero el Gobierno ya dio la señal de aumentar la exploración. También busca incrementar la explotación de combustibles fósiles en el territorio. Tiene sentido una transición energética más lenta en este contexto. Así se puede financiar el gasto en desarrollo, infraestructura, salud y educación.
La seguridad también requiere recursos que provendrían de esta fuente. Esta situación fiscal tiene implicaciones directas para los colombianos de a pie. Quizá no se tiene bien dimensionado el momento tan complicado que atraviesa Colombia. Es el momento en que la ruta se endereza o el país se va a pique.
Si se quiere que la economía crezca sostenidamente, se necesita un piso estable. Si se quiere reducir la pobreza, las finanzas públicas deben estar ordenadas. Es lo que le ocurre a una familia cuando está endeudada por encima de su capacidad.
Si busca refinanciar su deuda, usualmente se tiene que endeudar más caro. Es como usar la tarjeta de crédito para pagar otras deudas. Es un momento en que la deuda puede llegar al 60% del PIB. Se pierde la posibilidad de hacer todo lo demás que necesita un Gobierno.
Si para endeudarse el país debe acudir a tasas muy altas, esto repercute. Las tasas altas del gobierno se trasladan a toda la economía. Además, se necesita un manejo fiscal que le permita al Banco de la República bajar la inflación.
Meléndez enfatiza que este es un momento crítico para Colombia. Las decisiones que se tomen en los próximos meses definirán el futuro económico. La falta de claridad en el presupuesto genera incertidumbre en los mercados. Asimismo, preocupa a los ciudadanos que ven cómo la deuda crece.
La directora de Fedesarrollo insiste en la necesidad de transparencia total. El país requiere conocer exactamente cómo se financiará el déficit proyectado. También necesita entender qué sacrificios se requerirán de la población. La pedagogía sobre las reformas tributarias será fundamental para su aceptación.
Los próximos meses serán decisivos para la estabilidad económica del país. La aprobación de la ley de rescate económico será un primer paso. Sin embargo, se requerirá un esfuerzo sostenido durante los próximos cuatro años. Solo así se podrá recuperar la confianza de los inversionistas internacionales.
La situación exige un gran acuerdo nacional sobre el rumbo fiscal. Todos los sectores deben contribuir a la solución del problema. El sector privado, el gobierno y la ciudadanía deben hacer sacrificios compartidos. De lo contrario, las consecuencias podrían ser devastadoras para la economía colombiana.
