Sobre el escritorio del presidente Gustavo Petro reposan documentos históricos. Solo falta su firma para transformar la estructura político-administrativa de Colombia. Se trata de actos administrativos que formalizan las Entidades Territoriales Indígenas.
La Constitución Política de 1991 contempló estas entidades desde su creación. El artículo 286 determinó que son entidades territoriales los departamentos, distritos, municipios y territorios indígenas. Por tanto, se estableció que las ETI serían parte de la organización del Estado. Gozarían de autonomía política, administrativa y fiscal.
Sin embargo, más de tres décadas después, estas son las únicas entidades territoriales sin decretar. Las comunidades y organizaciones han enfrentado trabas institucionales durante años de trabajo. Ahora, ocho territorios indígenas presentaron, cada uno, su Acuerdo Intercultural.
Según diversas fuentes, estos documentos ya tienen firmas ministeriales. Los ministros del Interior, Salud, Ambiente, Igualdad y Educación ya los aprobaron. Solo hace falta la firma presidencial en los decretos que protocolizan dichos acuerdos.
Las autoridades indígenas convocaron a un diálogo con Presidencia y las carteras respectivas. El evento está programado para el próximo 10 y 11 de diciembre. Esperan que se realice la entrega protocolaria de los Acuerdos Interculturales y Decretos.
Las comunidades a lo largo de casi 9,5 millones de hectáreas tendrían capacidades administrativas oficiales. Estas extensiones se ubican en los departamentos de Amazonas y Vaupés. Los mapas escolares pasarían a incluir estos territorios indígenas.
Los territorios son PANI, Bajo Río Caquetá, Río Tiquié y Mirití Paraná. También están Yaigojé Apaporis, Arica, Uitiboc-Asoiantam y Ríos Cotuhé y Putumayo – Cimtar. Cada uno representa décadas de lucha y organización comunitaria.
“Con la formalización de las ETI se les daría la razón a los tradicionales y sabedores, quienes pensaron que este es el mejor camino y la mejor herramienta para materializar los derechos de los pueblos indígenas”, dice Antonio Matapí Yucuna. Él lidera el territorio Mirití Paraná, ubicado en el norte del Amazonas.
Matapí agrega que están convencidos de hacer un buen trabajo. El ejercicio de gobierno propio estaría orientado por su sistema de conocimientos. Este hito daría un ejemplo no solo en Colombia, sino en otros países. Demostraría el reconocimiento de la manera de gobernar de los pueblos indígenas.
Camilo Guio, director de la Fundación Gaia Amazonas, acompaña esta ruta de formalización. Explica que, en total, son aproximadamente 25 territorios indígenas los que han avanzado. Otros están interesados en oficializarse mediante este proceso.
De consolidarse, casi 17 millones de hectáreas de la Amazonia Oriental colombiana podrían declararse ETIS. Entre los territorios en este camino están Papunahua y Munhuyi del Cananarí. También figuran Alto Apaporis: Mayor del Pueblo Murui y La Chorrera.
Además están Bajo Río Guainía, Medio Río Guainía y Alto Río Guainía. Los ríos Atabapo e Inírida también se incluyen. Río Pirá Paraná, La Victoria, Papurí y Kubeo del Cuduyarí completan la lista.
Juan David Varela lidera el Laboratorio socio-jurídico de la Fundación Gaia Amazonas. Afirma que oficializar las ETIS marcaría la historia del país. Sería un avance hacia la descentralización del poder público.
El poder ya no estaría concentrado en los distritos, municipios y departamentos. Kenny Yukuna, lideresa de la ETI Mirití Paraná, complementa esta visión. Explica que debido a los intermediarios, muchas veces los recursos no llegan como se piensa.
“El objetivo principal de los territorios que se están formalizando es descentralizar temas como la salud y la educación del Sistema General de Regalías; es decir, que podamos acceder por nosotros mismos a los recursos para que se puedan implementar en el territorio”, señala Yukuna. Esta autonomía financiera resulta fundamental para el desarrollo comunitario.
La cartografía oficial del país cambiaría, según Varela. Los jóvenes aprenderían que existen territorios y gobiernos indígenas autónomos. Estos integran la estructura del Estado en armonía con el reconocimiento constitucional. Somos un país plural y diverso.
Fabio Valencia representa legalmente el territorio indígena Pirá-Paraná del Vaupés. Es uno de los líderes de la minga indígena. Para él, la materialización de las ETIS completaría el mapa de Colombia.
Las ETI no asumirían todas las competencias de manera inmediata. Será un proceso gradual con acompañamiento de varias entidades del Estado. La formación en capacidades técnicas necesarias será fundamental.
Mateo Estrada, asesor de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana, explica este proceso. Varela agrega que la idea es que los indígenas ejerzan esta autonomía. No necesitan volverse abogados, administradores públicos o contadores.
Cada uno de los Acuerdos Interculturales definió un rumbo específico. Por tanto, no hay un cronograma único definido. Los territorios avanzarán en asuntos de salud, medio ambiente y educación.
Juan Carlos Preciado es experto en derechos de los pueblos indígenas. Acompañó durante años este proceso desde Gaia Amazonas. Apunta que cada territorio precisó la ruta en coherencia con las normas especiales existentes.
A los pueblos indígenas y las organizaciones les ha tomado muchos años llegar aquí. Entre las organizaciones están la Fundación Gaia Amazonas y la Fundación Etnollano. También participa la OPIAC en este acompañamiento.
Varela recuerda que la carta política del 91 dictó que la tarea estaba en manos del Congreso. Debía aprobar este asunto a través de una Ley de Ordenamiento Territorial. Sin embargo, el Congreso, en vez de establecer ese marco normativo para las ETI, ha favorecido la creación de municipios. Esto ha ocurrido sobre todo en la Amazonia colombiana.
No obstante, la Constitución dispuso de otro camino. A través del artículo 56 transitorio se facultó al Gobierno. Podría expedir las normas relacionadas con el funcionamiento de las ETI.
Se previó que ante la falta de representación de los pueblos indígenas en el Congreso sería muy difícil. Una ley no saldría fácilmente, afirma Varela. Por eso se habilitó esta vía alternativa.
Una de esas normas es el Decreto 632 de 2018. Determinó que, así como en los municipios están las alcaldías, las ETI deben ser gobernadas por Consejos Indígenas. Una segunda fase contemplada en el decreto era presentar una solicitud de puesta en funcionamiento.
En medio de estos requerimientos hubo varias trabas institucionales. Las autoridades étnicas interpusieron tutelas para defender sus derechos. A través de la sentencia T-072 de 2021, la Corte Constitucional determinó irregularidades.
El Ministerio del Interior estaba solicitando más requisitos de los que establecía la ley. El ministerio es el encargado de hacer el registro de los Consejos Indígenas. La Corte ordenó corregir esta situación.
Luego, por medio de la sentencia T-180 de 2024, el alto tribunal señaló demoras. Hubo retrasos en los trámites, específicamente en la solicitud de puesta en funcionamiento. También identificó vulneraciones al debido proceso.
El desconocimiento generalizado por parte de la cartera fue evidente. Según Varela, ante la falta de acción institucional, las tutelas se han vuelto herramienta común. Son necesarias para la formalización de las ETI.
Las razones de estas omisiones tienen que ver con patrones históricos de discriminación. Aunque la Constitución se propuso superarlos, el país aún no lo ha hecho. Por eso han tenido que esperar tanto tiempo.
Las autoridades indígenas han llevado a cabo varios diálogos interculturales con el Gobierno. Han participado entidades como el Departamento Nacional de Planeación. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi también se ha involucrado.
El DANE tiene la labor de hacer proyecciones poblacionales y demográficas de los territorios. Mientras tanto, la Agencia Nacional de Tierras ha realizado visitas. Define las colindancias, la ubicación y la extensión de cada zona.
El fin es hacer el ajuste en las cartografías oficiales del país. Este trabajo técnico resulta indispensable para la formalización. Representa un esfuerzo interinstitucional sin precedentes.
“Para nosotros, que se formalicen las ETI implica una gran responsabilidad”, subraya la lideresa Yukuna. Mediante este ejercicio de gobierno, los pueblos indígenas van a demostrar la autonomía. También mostrarán la libre determinación para administrar los territorios.
Esta responsabilidad se asume con la sabiduría ancestral de los pueblos. Las comunidades han demostrado durante siglos su capacidad de cuidar la selva. Ahora tendrán el reconocimiento estatal para hacerlo con plenas facultades.
Los territorios indígenas han sido históricamente las zonas mejor conservadas de la Amazonia. Las tasas de deforestación son significativamente menores en estas áreas. El gobierno propio indígena ha demostrado ser efectivo para la conservación ambiental.
La formalización de las ETI representa también una oportunidad para el país. Colombia podría avanzar en sus compromisos ambientales internacionales. La protección de la Amazonia es crucial para enfrentar el cambio climático.
Los sistemas de conocimiento indígena ofrecen alternativas al modelo extractivista. Durante generaciones, estos pueblos han desarrollado formas sostenibles de relacionarse con la naturaleza. Su reconocimiento formal podría inspirar nuevas políticas públicas.
El proceso de formalización también implica desafíos importantes. Las comunidades deberán fortalecer sus capacidades técnicas y administrativas. El acompañamiento estatal será fundamental durante esta transición.
La coordinación entre los gobiernos indígenas y las instituciones estatales requerirá diálogo constante. Se trata de construir puentes entre diferentes sistemas de conocimiento y administración. El respeto mutuo será la base de esta relación.
Los recursos económicos para el funcionamiento de las ETI deberán garantizarse. El acceso directo al Sistema General de Regalías representa un cambio significativo. La transparencia en el manejo de estos recursos será fundamental.
Las nuevas generaciones de líderes indígenas están preparándose para asumir estas responsabilidades. Muchos jóvenes combinan el conocimiento ancestral con formación técnica. Esta combinación será clave para el éxito de las ETI.
La educación propia en los territorios también se fortalecerá con la formalización. Los currículos podrán diseñarse según las necesidades y cosmovisiones de cada pueblo. El idioma y la cultura tendrán un espacio garantizado.
En materia de salud, los sistemas médicos tradicionales podrán integrarse formalmente. La medicina ancestral convive con la medicina occidental en muchas comunidades. Las ETI permitirán desarrollar modelos interculturales de atención.
La protección territorial también se fortalece con las ETI. Los gobiernos indígenas tendrán mayores herramientas para enfrentar amenazas externas. La minería ilegal, la deforestación y el narcotráfico son desafíos constantes.
El reconocimiento formal de las ETI envía un mensaje a actores ilegales. Los territorios indígenas no son zonas sin ley ni autoridad. Por el contrario, cuentan con gobiernos legítimos respaldados por el Estado.
La experiencia de estos ocho primeros territorios será fundamental. Servirán como modelo para los otros 17 que esperan formalizarse. Los aprendizajes y desafíos que enfrenten guiarán a los demás.
La alianza entre organizaciones indígenas y fundaciones ha sido clave en este proceso. La Fundación Gaia Amazonas ha brindado acompañamiento técnico y jurídico. La Fundación Etnollano también ha jugado un papel importante.
La OPIAC ha coordinado esfuerzos y representado los intereses de las comunidades. Esta articulación entre diferentes actores ha permitido avanzar a pesar de los obstáculos. El trabajo colectivo ha sido fundamental.
El apoyo de organizaciones internacionales también ha sido relevante. Amazon Conservation Team e InfoAmazonia han contribuido a visibilizar este proceso. La cooperación internacional reconoce la importancia global de estos territorios.
La firma presidencial que ahora se espera representa más que un acto administrativo. Es el reconocimiento de una deuda histórica con los pueblos indígenas. Es la materialización de un mandato constitucional postergado durante 34 años.
Para las comunidades indígenas, este momento es el resultado de décadas de resistencia. Han mantenido viva su cultura y sus formas de gobierno. Han protegido sus territorios a pesar de múltiples amenazas.
La lucha legal ha sido intensa y desgastante. Las tutelas han sido necesarias para vencer la inercia institucional. La discriminación estructural ha dificultado cada paso del proceso.
Pero la perseverancia de los pueblos indígenas está dando frutos. Los sabedores tradicionales que iniciaron esta lucha hace décadas están viendo resultados. Las nuevas generaciones continuarán este legado.
El diálogo programado para el 10 y 11 de diciembre será histórico. Las autoridades indígenas esperan la entrega protocolaria de los documentos. Será un momento de celebración pero también de compromiso.
Los pueblos indígenas asumen esta responsabilidad con seriedad y determinación. Saben que el mundo observa esta experiencia. Colombia podría convertirse en referente regional en derechos indígenas.
La transformación del mapa nacional es simbólica y práctica. Simbólicamente, reconoce la pluralidad del país. Prácticamente, redistribuye el poder y los recursos.
Los niños colombianos aprenderán que su país es más diverso de lo que pensaban. Conocerán las ETI como parte integral de la nación. Este cambio educativo tendrá impactos a largo plazo.
La descentralización que representan las ETI puede inspirar otras reformas. Demuestra que es posible distribuir el poder de manera más equitativa. Otras regiones podrían buscar mayor autonomía.
Los 9,5 millones de hectáreas de estos ocho territorios son apenas el comienzo. Los 17 millones de hectáreas totales que podrían formalizarse representan una transformación mayor. La Amazonia colombiana está redefiniendo su relación con el Estado.
Esta redefinición ocurre en un momento crítico para la región. La presión sobre la Amazonia aumenta constantemente. Las ETI pueden ser una herramienta efectiva de protección.
El ejercicio de gobierno propio que se inicia no será fácil. Habrá desafíos, errores y ap
