Entre octubre de 2025 y marzo de 2026, nueve empresarios mexicanos fueron víctimas de secuestro o asesinato. Esta ola de violencia se extendió por distintos estados del país. Los ataques generaron alarma en el sector empresarial nacional.
Rafael Tirado Lizárraga, propietario de Frutería Alicia en Mazatlán, Sinaloa, representa el caso más reciente. Fue privado de su libertad el 27 de marzo. Su cuerpo apareció dos días después. El crimen ocurrió en vísperas de Semana Santa.
La Cámara Nacional de la Industria de Transformación condenó el asesinato mediante un comunicado. Además, exigió a las autoridades fortalecer las medidas de seguridad. “La seguridad es un pilar fundamental para el desarrollo económico y social. Sin ella, se vulnera no solo la integridad de las personas, sino también la estabilidad de nuestras comunidades”, publicó la organización en redes sociales.
Los ataques comenzaron en octubre de 2025 con el secuestro de Bernardo Bravo Manríquez. Era presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán. También era líder reconocido entre los productores de limón en Michoacán. Denunció abiertamente la extorsión del crimen organizado contra el sector agrícola.
El 20 de octubre, Bravo acudió al tianguis limonero sin escoltas. Posteriormente se dirigió a la comunidad de Cenobio Moreno. Fue citado bajo engaños en ese lugar. Horas después, su cuerpo apareció en un camino rural cerca de Apatzingán. Presentaba signos de tortura y un disparo en la cabeza.
Las investigaciones oficiales señalan a la célula criminal Los Blancos de Troya como responsable. Esta organización opera en alianza con Los Viagras y el CJNG. César Alejandro Sepúlveda, alias “El Bótox”, fue detenido. Es identificado como responsable intelectual y material del crimen. Además, era dueño del rancho donde ultimaron a Bravo.
Ese mismo mes, Javier Vargas Arias fue asesinado en Álamo Temapache, Veracruz. El empresario citrícola dedicado a la producción de naranjas murió el 23 de octubre. Un comando armado lo interceptó en el ejido Jardín Nuevo. Le dispararon en repetidas ocasiones en plena vía pública.
Vargas Arias recibió varios impactos de bala. Fue trasladado de inmediato al Hospital General de Álamo Temapache. Murió minutos después de su ingreso. Testigos señalaron que los agresores portaban equipo táctico con apariencia militar. Huyeron en una camioneta blanca. El asesinato ocurrió apenas cuatro días después del de Bravo Manríquez.
En diciembre de 2025, José Adrián Corona Radillo fue asesinado tras ser secuestrado. Era presidente de Grupo Corona y empresario destacado de Jalisco. Viajaba con su familia rumbo a Puerto Vallarta el 27 de diciembre. Un grupo armado interceptó su vehículo a la altura del crucero Volcanes. El ataque ocurrió en el municipio de Atenguillo.
Los agresores despojaron a la familia de objetos personales. Solo se llevaron al empresario. Dejaron ilesos a sus acompañantes. No hubo demandas de rescate tras el secuestro.
Dos días después, el 29 de diciembre, encontraron el cuerpo de Corona. Estaba a un costado de la carretera. Apareció cerca del lugar de la privación de la libertad. Presentaba lesiones por golpes y heridas de bala.
A los 42 años, Adrián Corona presidía Grupo Corona. La empresa es reconocida en la producción de tequila, mezcal, vinos y licores. Tiene impacto económico y social en Tonaya y la región. Su gestión impulsó la proyección nacional e internacional de la compañía. Además, generó empleo y promovió el desarrollo local.
Ese mismo día, Alberto Prieto Valencia fue asesinado en Zapopan, Jalisco. Era conocido como “El Prieto” o “Don Beto”. El ataque también cobró la vida de su hija de 16 años. Uno de sus escoltas murió en el incidente. Además, cuatro escoltas resultaron heridos.
El hecho ocurrió en la intersección de avenida Topacio y calle Brillante. Al menos 30 personas armadas participaron en la emboscada. Presuntamente viajaban a bordo de varios vehículos. Atacaron la camioneta en la que viajaba Prieto Valencia. La agresión se prolongó durante varios minutos. Dejó más de 200 casquillos en la escena.
Prieto Valencia era comerciante y empresario vinculado al Mercado de Abastos de Guadalajara. Tenía actividad en el sector de cereales, abarrotes y transporte de carga. También era fundador de Transportes Odal. Autoridades estatales señalaron que existían antecedentes penales en su historial. Las investigaciones exploran su posible relación con esquemas de extorsión conocidos como “rifas colombianas”. Asimismo, se analiza su vínculo con préstamos ilegales tipo “gota a gota”.
Las primeras indagatorias apuntan a que el ataque fue planeado. Vecinos detectaron movimientos sospechosos en días previos. También reportaron uso de drones para vigilar la zona. Las autoridades manejan como presuntos responsables a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación. Varios de los atacantes portaban chalecos tácticos con las siglas de este grupo.
En febrero de 2026, Pablo Ortega Venegas y Óscar Osbaldo Luna Silva desaparecieron. Ambos eran empresarios de San Luis Potosí. Fueron reportados como desaparecidos el 7 de febrero. Sus cuerpos aparecieron en el municipio de Pinos, Zacatecas.
Ortega Venegas era reconocido por su actividad restaurantera. Estaba perfilado como posible candidato a la presidencia municipal de Villa de Reyes. Iba por Movimiento Ciudadano. Luna Silva se dedicaba a la cosecha de chile. Era hermano de Aurelio Luna. Este último fue asesinado en 2024 cuando buscaba la candidatura de Morena.
En marzo de 2026, Gerardo Arredondo fue secuestrado afuera de su negocio. Era empresario de la construcción y ex candidato a la presidencia municipal de Salamanca, Guanajuato. El secuestro ocurrió el 7 de marzo. Fue liberado ese mismo día en Juventino Rosas. Un operativo dejó detenidos y un presunto delincuente abatido.
La gobernadora Libia García Muñoz informó que el rescate se realizó sin pago de rescate. Además, señaló que la víctima ya se encontraba bajo resguardo de la fiscalía estatal.
Eduardo Ochoa Arias fue secuestrado el 13 de marzo de 2026. Era productor y exportador de plátano originario de Colima. Un grupo armado presuntamente perteneciente al CJNG lo privó de la libertad. El secuestro ocurrió en la localidad de Cerro de Ortega, municipio de Tecomán. Ochoa Arias era director de Ochoa Products. La empresa es reconocida en el sector agrícola por sus exportaciones a Estados Unidos y Asia.
De acuerdo con los reportes, Ochoa circulaba acompañado de otras personas. Los agresores lo interceptaron y lo obligaron a descender de su vehículo. Se lo llevaron por la fuerza.
El 21 de marzo, ocho días después del secuestro, habitantes hallaron el cuerpo de Ochoa Arias. Apareció en la playa de Boca de Apiza, en el municipio de Coahuayana, Michoacán. El cadáver presentaba signos de tortura. También tenía impactos de bala en el pecho. Estaba maniatado, envuelto en plástico y colocado dentro de una hamaca.
La región donde ocurrió el secuestro está considerada como zona de alto riesgo. El CJNG tiene presencia activa en el área. Este grupo es señalado por controlar la extorsión y el secuestro de empresarios agrícolas. Opera en la zona limítrofe entre Colima y Michoacán. Esto ocurre pese a la presencia de fuerzas federales y puestos de control cercanos.
Arnulfo Aguilar Salazar fue secuestrado en Culiacán, Sinaloa. Es empresario gasolinero y propietario de Grupo Águila. Casi 24 horas después del reporte, fue rescatado con vida. Un operativo de autoridades estatales y federales logró su liberación. Aguilar es considerado uno de los empresarios más influyentes del sector hidrocarburos en Sinaloa.
El asesinato de Rafael Tirado Lizárraga provocó la condena de múltiples organizaciones empresariales. La Canacintra y la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados respondieron de inmediato. Difundieron mensajes exigiendo la creación de un “entorno de paz, legalidad y certidumbre”.
La secuencia de ataques generó una respuesta inmediata de las cámaras empresariales. Canacintra, Canirac y la Confederación Patronal de la República Mexicana han urgido a las autoridades. Solicitan reforzar la estrategia de seguridad. También piden garantizar condiciones para la operación de empresas, la inversión y la vida comunitaria.
Según cifras de la Coparmex, el 46.8% de las empresas mexicanas reportaron ser víctimas de al menos un delito durante 2025. La extorsión figura entre los principales delitos denunciados.
La violencia dirigida contra figuras del sector privado se extendió por regiones clave del país. Abarcó desde Sinaloa hasta Veracruz. Los ataques ocurrieron en estados como Michoacán, Jalisco, Zacatecas, Guanajuato y Colima. Todos estos casos se registraron en un periodo de seis meses.
Los empresarios asesinados o secuestrados pertenecían a diversos sectores económicos. Había productores agrícolas, comerciantes, empresarios del transporte y del sector restaurantero. También había propietarios de gasolineras y empresas de licores. Esta diversidad muestra que la violencia no se concentra en un solo sector.
Los métodos utilizados por los grupos criminales varían según el caso. Algunos empresarios fueron interceptados en carreteras. Otros fueron atacados en sus lugares de trabajo. También hubo emboscadas en zonas urbanas. En varios casos, las víctimas fueron torturadas antes de ser asesinadas.
La presencia del crimen organizado es evidente en la mayoría de los casos. El CJNG aparece mencionado en múltiples investigaciones. También se señala a grupos locales aliados con cárteles mayores. Los Blancos de Troya, Los Viagras y otras células operan en las regiones afectadas.
Las autoridades han realizado operativos de rescate en algunos casos. Lograron liberar con vida a empresarios como Gerardo Arredondo y Arnulfo Aguilar Salazar. Sin embargo, en la mayoría de los secuestros, las víctimas aparecieron muertas. Esto evidencia la brutalidad de los ataques.
Las investigaciones continúan en todos los casos. Las fiscalías estatales y federales trabajan para identificar a los responsables. Se han realizado detenciones en algunos casos, como el de Bernardo Bravo Manríquez. No obstante, la mayoría de los crímenes permanecen sin resolver.
El impacto económico de estos ataques es significativo. Los empresarios asesinados generaban empleo en sus comunidades. Sus negocios contribuían al desarrollo regional. La violencia contra el sector privado afecta la inversión y el crecimiento económico.
Las cámaras empresariales han expresado su preocupación por el deterioro de la seguridad. Señalan que las condiciones actuales dificultan la operación de las empresas. También mencionan que la violencia desalienta la inversión nacional y extranjera.
Los estados más afectados por esta ola de violencia son Sinaloa, Jalisco y Michoacán. Sin embargo, los ataques también se registraron en Veracruz, Guanajuato, Zacatecas y Colima. Esto muestra que el problema tiene alcance nacional.
La extorsión aparece como un factor común en varios casos. Empresarios agrícolas han denunciado que el crimen organizado les exige pagos periódicos. Quienes se niegan a pagar enfrentan amenazas, secuestros o asesinatos. Esta situación afecta particularmente al sector agrícola.
Los productores de limón, naranja y plátano han sido blancos frecuentes de la violencia. Operan en regiones donde el crimen organizado tiene fuerte presencia. Las zonas rurales ofrecen menos protección que las áreas urbanas. Esto facilita los ataques contra empresarios agrícolas.
La respuesta gubernamental ha sido insuficiente según las organizaciones empresariales. A pesar de la presencia de fuerzas federales en algunas regiones, los ataques continúan. Los empresarios exigen estrategias más efectivas para garantizar su seguridad.
Las familias de las víctimas han expresado su dolor y exigen justicia. Muchos empresarios asesinados eran líderes comunitarios. Contribuían al desarrollo de sus regiones. Su muerte representa una pérdida para sus comunidades.
La violencia también afecta a los trabajadores de las empresas atacadas. Muchos empleos dependen de los negocios dirigidos por los empresarios asesinados. La incertidumbre sobre el futuro de estas empresas genera preocupación.
Los casos documentados muestran un patrón de violencia sistemática. Los ataques no parecen ser aleatorios. En varios casos, hubo vigilancia previa mediante drones o movimientos sospechosos. Esto sugiere que los crímenes fueron cuidadosamente planeados.
La impunidad prevalece en la mayoría de los casos. Solo en algunos se han realizado detenciones. La falta de resultados en las investigaciones genera frustración en el sector empresarial. También alimenta la sensación de inseguridad.
Las organizaciones empresariales han solicitado reuniones con autoridades federales y estatales. Buscan establecer mecanismos de protección para empresarios en riesgo. También proponen fortalecer la coordinación entre diferentes niveles de gobierno.
La situación actual representa un desafío para el desarrollo económico del país. Sin seguridad, las empresas no pueden operar con normalidad. La inversión se ve afectada por el clima de violencia. El crecimiento económico se frena cuando los empresarios temen por sus vidas.
