En Buenaventura, Valle del Cauca, una ciudad conocida por su importancia portuaria y, lamentablemente, por los conflictos sociales y violencia derivados del narcotráfico, se ha desatado una controversia que involucra a altos funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y a defensores de derechos humanos. Francisco Javier Martínez Ardila, coordinador del CTI en esta región y apodado ‘Pacho Malo’, se encuentra en el ojo del huracán tras ser señalado de presuntamente integrar redes de narcotráfico. Estas acusaciones no solo han puesto en duda la integridad de la institución, sino que también han salpicado a la vicefiscal Martha Mancera, criticada por supuestamente ignorar reportes judiciales que implican a ‘Pacho Malo’ en ofrecimientos de servicios criminales a agentes encubiertos.
La historia se complica aún más con la aparición de Danelly Estupiñán, líder del comité de derechos humanos del Paro Cívico de Buenaventura, quien desde 2018 ha denunciado ser víctima de seguimientos y hostigamientos. Estupiñán, tras notar una vigilancia constante y fotografiar a dos hombres durante una reunión del comité en enero de 2019, uno de los cuales sería ‘Pacho Malo’, decidió entregar estas pruebas a la Fiscalía. Sin embargo, en lugar de recibir protección o respuestas, se encontró con una denuncia por injuria y calumnia instaurada en su contra por dos agentes del CTI, incluido Martínez Ardila.
Este caso pone de manifiesto las complejidades y desafíos que enfrentan los defensores de derechos humanos en Colombia, especialmente en regiones afectadas por el conflicto armado y el narcotráfico. La situación de Estupiñán, quien incluso tuvo que salir del país en busca de seguridad, refleja la vulnerabilidad y el riesgo constante que enfrentan los líderes sociales. A pesar de las alertas internacionales y la atención de organismos de derechos humanos, la respuesta de las autoridades colombianas parece insuficiente.
La Fiscalía, bajo la dirección de Francisco Barbosa, ha sido cuestionada por su manejo del caso. A pesar de las evidencias y las denuncias presentadas por Estupiñán desde 2019, las investigaciones parecen estancadas. La lideresa aún espera respuestas claras y acciones concretas que garanticen su seguridad y la de otros activistas en Buenaventura. La denuncia de ‘Pacho Malo’ y su posterior traslado a Roldanillo no disipan las dudas sobre su posible implicación en actividades criminales ni sobre la efectividad de las medidas de protección para los defensores de derechos humanos.
Este caso también resalta la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas dentro de las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia en Colombia. La presunta participación de un alto funcionario del CTI en actividades ilícitas y el cuestionable manejo de las denuncias por parte de la Fiscalía generan desconfianza en el sistema judicial y en la capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos, especialmente a aquellos que se atreven a alzar la voz contra la injusticia y la violencia.
La comunidad de Buenaventura, y en particular los miembros del Paro Cívico, continúan exigiendo justicia y seguridad, no solo para Danelly Estupiñán sino para todos los líderes y activistas que enfrentan amenazas y persecuciones. La estigmatización y criminalización de la protesta social, como señala el sacerdote Jhon Reina, vocero del movimiento, solo agrava la situación de vulnerabilidad de estos defensores de derechos humanos. La lucha por la justicia y la paz en Buenaventura, y en toda Colombia, requiere de un compromiso firme y acciones concretas por parte de todas las instituciones del Estado, garantizando la protección y el respeto a los derechos humanos de todos sus ciudadanos.
