Esta vez no habrá palmas agitándose ni cantos abriéndole paso a Jesús en su burrito. No habrá cirineos, esos feligreses que, para pagar promesas, cargan cruces como lo hizo Simón de Cirene hace casi dos mil años. Tampoco nazarenos avanzando en silencio. No habrá viacrucis ni Santo Entierro atravesando pueblos y ciudades entre rezos y miradas bajas. Todo eso, que durante generaciones fue la respiración misma de la Semana Santa, está prohibido en Nicaragua.
La última vez que alguien lo intentó terminó en fuga. Fue en Nindirí, en la Semana Santa de 2023. Un grupo de jóvenes, como cada año, se vistió de cirineos y salió a cumplir sus promesas. Estos jóvenes desafiaron las advertencias del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Lo que siguió quedó registrado en videos que circularon por redes sociales.
Muchachos corriendo por las calles, perseguidos por la Policía, en una escena arrancada de otro tiempo. Parecía como si las mismas huestes romanas persiguieran de nuevo a los cristianos. En la huida, fueron dejando atrás las túnicas y soltando las cruces de sus personajes. Esos símbolos los identificaban como “delincuentes” a la vista del régimen.
La iglesia está amordazada en este país centroamericano. Celebraciones religiosas puede haber, pero dentro de los muros de las iglesias. No hubo decreto ni comunicado oficial que lo anunciara formalmente. Solo intimidación policial que los sacerdotes se han encargado de revelar bajo reserva de sus nombres.
Las prohibiciones de Semana Santa son apenas una parte muy pequeña de la persecución sostenida. Desde 2018, la dictadura mantiene una ofensiva contra la iglesia católica en Nicaragua. La abogada nicaragüense Martha Patricia Molina se ha dado a la tarea de monitorear esta represión. Ella expone sus hallazgos en informes periódicos que ha titulado: Nicaragua: Una iglesia Perseguida.
Molina afirma que para esta Semana Santa el asedio contra la iglesia ha empeorado notablemente. No solo se mantiene la prohibición de actividades religiosas en las calles como tradicionalmente se celebraban. Además, las que se realizan dentro de las iglesias son vigiladas y controladas por la Policía.
“La Semana Santa de este 2026 se va a vivir con las mismas condiciones en que se han celebrado las anteriores: bajo amenaza, bajo asedio y bajo vigilancia completa en cada una de las actividades religiosas. Pero, además, en estos últimos días, la Policía se ha puesto más incisiva con los sacerdotes. Les pide más información”, dice.
La abogada detalla las nuevas exigencias del régimen hacia los religiosos. “Por ejemplo, les pregunta cuántas personas asisten a una procesión. El cura, obviamente, en ese momento no está con el tiempo ni con la posibilidad de ponerse a contar uno por uno a los fieles. Entonces tiene que dar una cifra al tanteo”, relata.
También les exigen que digan cuál es el objetivo de la actividad religiosa que están desarrollando. Deben informar cuántas horas va a durar, qué temas se van a abordar y por qué la están haciendo. Este nivel de control representa un aumento significativo en la vigilancia estatal sobre las prácticas religiosas.
Molina señala que ese nivel de detalle no era igual en las semanas santas previas. “Sí llegaba la Policía, sí asediaba, sí tomaba fotos, sí grababa videos, como también lo hace ahora. Pero no pedía de forma tan exhaustiva ese tipo de información. Ahora sí”.
El informe más reciente de Martha Patricia Molina sostiene cifras alarmantes sobre la represión religiosa. Entre 2019 y julio de 2025, la Policía Nacional prohibió 16.564 procesiones y actividades religiosas. Desde 2023 las prohibiciones pasaron de ser selectivas a masivas. Esto obligó a la Iglesia a recluir su vida litúrgica “a lo interno de cada templo”.
Aquel fue el año en que el régimen decidió asfixiar de forma abierta la Semana Santa. La Policía no solo persiguió a los promesantes, como en el caso de los cirineos de Nindirí. También apresó a una veintena de personas y castigó a los periodistas que divulgaron las manifestaciones religiosas. Estas manifestaciones se realizaron espontáneamente pese a las prohibiciones.
El periodista Víctor Ticay fue encarcelado el 6 de abril de 2023 después de informar sobre una celebración religiosa. Esta celebración tuvo lugar en Nandaime, una ciudad al sur del país. El Departamento de Estado de Estados Unidos denunció en su informe de derechos humanos de 2023 el arresto del periodista. La detención ocurrió tras cubrir una actividad católica de Semana Santa.
La Comisión de Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional también registró el caso de Ticay. Lo catalogó como un preso de conciencia por motivos vinculados a la cobertura de asuntos religiosos. Ticay fue condenado a ocho años de prisión en un juicio sumario. Luego fue excarcelado y desterrado en septiembre de 2024.
Los sucesos de la Semana Santa de 2023 no fueron hechos aislados en el contexto nicaragüense. El último informe de Molina indica que hasta julio de 2025 se habían registrado 1.010 ataques contra la Iglesia católica. De ellos, 362 correspondían a represiones directas contra religiosos. Además, 244 a ataques, asedios e impedimentos contra templos y edificios.
También se contabilizaron 103 robos y profanaciones de espacios sagrados. Hubo 98 represiones contra laicos que participaban en actividades religiosas. Se registraron 92 pintas y mensajes de odio contra la institución eclesiástica. Ocurrieron 75 cierres arbitrarios de obras, medios y proyectos vinculados a la iglesia. Finalmente, se documentaron 36 confiscaciones de propiedades eclesiásticas.
Según esa séptima entrega de “Nicaragua: Una Iglesia Perseguida”, 302 religiosos y religiosas ya no ejercen misión pastoral en Nicaragua. Esta ausencia se debe directamente a la represión del régimen. Entre ellos hay un nuncio apostólico, cuatro obispos, 149 sacerdotes y tres diáconos. También 13 seminaristas y 132 religiosas han tenido que abandonar el país o cesar sus actividades.
“Todas las procesiones están prohibidas”, señala la investigadora con contundencia. “Únicamente están autorizadas las que se realizan dentro de los templos”. Y pone un ejemplo ilustrativo de la situación. “Una diócesis como León, que antes hacía procesiones magnas y multitudinarias, ya no las va a hacer en la calle. Las van a desarrollar dentro de los templos. Esa es la realidad”.
Los sacerdotes viven al filo de la cárcel o la expulsión del país. Están bajo constante vigilancia policial y obligados a reportar cada día las actividades cotidianas. La mayoría de los sacerdotes de Nicaragua tienen asignado un oficial de contacto personal en la Policía. Este oficial se encarga de monitorear sus actividades diarias.
Los religiosos deben reportarse por un canal de WhatsApp designado específicamente para este control. Infobae conversó, en condición de anonimato, con un par de sacerdotes que aún ejercen en Nicaragua. También tuvo acceso a decenas de audios y capturas de pantalla de oficiales de Policía. En estos mensajes se exige información a sacerdotes sobre sus movimientos y actividades.
“Padre, ¿dónde está? Voy a mandar los muchachos a la casa cural”, dice uno de los audios. El mensaje proviene de alguien que el sacerdote solo identifica como “el teniente”. Este tipo de comunicación es habitual en el día a día de los religiosos nicaragüenses.
“El sacerdote común, desde que se levanta, tiene que dar orientación, o, mejor dicho, información, de todo lo que va a hacer durante el día. Tiene que reportar si va al supermercado, si va a visitar a alguien, si va a salir, a dónde va a ir, cuánto tiempo se va a quedar. Todo eso se lo comunica a la Policía. Lo hace por medio de un chat”, explica el religioso consultado.
El control se extiende incluso al contenido de las homilías y sermones. “Además, cuando vamos a dar las homilías, también tenemos que informar de qué se trata la homilía. Incluso, a veces, debemos enviar el reporte completo de lo que vamos a decir”, añade el sacerdote. Esta censura previa representa una violación grave de la libertad religiosa y de expresión.
Un feligrés, cuyo nombre también se omite por seguridad, relató un episodio ocurrido durante una misa. Este incidente tuvo lugar en una ciudad del occidente del país. Según ese testimonio, la Policía entró al templo e interrumpió la celebración de la misa. Luego, llamó al sacerdote para reclamarle que no había informado de esa actividad.
Tampoco había reportado el contenido de su homilía previamente. “La misa es el momento más solemne. Un sacerdote jamás puede dejar el altar cuando está celebrando la eucaristía. Pero, parece que al sacerdote se le olvidó entregar el reporte donde debía decir qué iba a comentar en la homilía”, dice la fuente.
Según explica, se logró escuchar cuando el policía advertía al religioso de manera amenazante. “Primera y última vez que usted hace eso. Ya sabe que la próxima vez va preso”. Esta amenaza directa ilustra el clima de terror en que viven los sacerdotes nicaragüenses.
Un episodio similar ocurrió también en una ciudad del sur de Nicaragua durante un retiro espiritual. Policías y paramilitares llegaron a fotografiar y filmar a los jóvenes que participaban en la actividad. Luego entregaron al sacerdote una hoja de papel y ordenaron que todos se anotaran. Debían escribir nombre completo y número de cédula de identidad.
Cuando algunos jóvenes, por temor, intentaron retirarse del lugar, se les impidió la salida. Después, los agentes arrebataron el micrófono al sacerdote y comenzaron una charla sobre violencia intrafamiliar. También hablaron sobre relaciones sexuales para ridiculizar la actividad religiosa que se estaba desarrollando.
La humillación institucional se extiende también a documentos forzados. “A algunos sacerdotes los obligan a firmar cartas ya prediseñadas, sellarlas y poner que, gracias a la colaboración de la Policía, todas las actividades se realizan correctamente; que muchas gracias por la buena gestión, por el orden que mantienen”, denuncia Molina.
Estas cartas falsas se utilizan posteriormente como propaganda del régimen para mostrar supuesta armonía. También sirven para desmentir las denuncias internacionales sobre persecución religiosa en Nicaragua. Los sacerdotes se ven obligados a participar en esta farsa bajo amenaza de represalias.
El contexto de esta represión religiosa se remonta a 2018, cuando estalló una crisis sociopolítica en Nicaragua. La Iglesia católica jugó un papel mediador entre el gobierno y la oposición. También ofreció sus templos como refugio para manifestantes perseguidos por fuerzas gubernamentales.
Desde entonces, Ortega y Murillo han considerado a la Iglesia como enemiga del régimen. Han implementado una campaña sistemática de hostigamiento y represión contra la institución religiosa. Esta campaña ha incluido el exilio forzado de obispos, el cierre de universidades católicas y medios de comunicación.
También se han confiscado propiedades eclesiásticas y se ha encarcelado a sacerdotes y laicos comprometidos. La comunidad internacional ha condenado repetidamente estas acciones como violaciones graves de derechos humanos. Sin embargo, el régimen nicaragüense ha ignorado estas críticas y ha intensificado su ofensiva.
Para los nicaragüenses católicos, esta Semana Santa representa otro año de celebraciones mutiladas. No podrán expresar públicamente su fe como lo hicieron durante generaciones. Las tradiciones que conectaban a familias enteras con su historia y su espiritualidad están prohibidas.
Los templos se han convertido en espacios vigilados donde la oración misma es sospechosa. Los fieles asisten a las ceremonias sabiendo que pueden ser fotografiados, identificados y posteriormente perseguidos. Este clima de miedo ha transformado la experiencia religiosa en Nicaragua.
Las procesiones multitudinarias que antes llenaban las calles de color, incienso y devoción ahora solo existen en la memoria. Los ancianos recuerdan cuando podían caminar libremente detrás de las imágenes sagradas. Los jóvenes conocen estas tradiciones solo por fotografías y relatos de tiempos mejores.
La Semana Santa de 2026 en Nicaragua transcurrirá entre muros, bajo vigilancia y en silencio forzado. Los cantos se apagarán antes de llegar a las puertas de las iglesias. Las cruces permanecerán inmóviles dentro de los templos. Los fieles bajarán la mirada no por devoción, sino por temor.
Mientras tanto, la dictadura de Ortega y Murillo continúa su ofensiva contra cualquier expresión de autonomía religiosa. El régimen ha demostrado que ninguna institución, ni siquiera la Iglesia, puede mantener espacios independientes de su control. La fe se ha convertido en un acto de resistencia silenciosa en Nicaragua.
Los sacerdotes que permanecen en el país ejercen su ministerio bajo condiciones de extrema precariedad legal. Cada homilía, cada misa, cada confesión podría ser el pretexto para su arresto o expulsión. Viven con las maletas listas, sabiendo que en cualquier momento podrían ser forzados al exilio.
Las familias nicaragüenses enfrentan esta Semana Santa con resignación pero también con determinación. Muchos han encontrado formas discretas de mantener vivas sus tradiciones dentro de sus hogares. Pequeños altares, oraciones familiares y lecturas bíblicas sustituyen las grandes celebraciones públicas.
Esta resistencia silenciosa representa una forma de supervivencia cultural y espiritual. Los nicaragüenses se niegan a permitir que el régimen borre completamente sus tradiciones religiosas. Aunque las procesiones estén prohibidas, la fe persiste en formas más íntimas y personales.
La comunidad internacional observa con preocupación esta escalada de represión religiosa. Organizaciones de derechos humanos documentan cada violación, cada arresto, cada confiscación. Estos registros servirán eventualmente para exigir rendición de cuentas cuando las condiciones políticas cambien.
Mientras tanto, los informes de Martha Patricia Molina continúan siendo una fuente crucial de información. Su trabajo documenta meticulosamente la persecución que muchos en Nicaragua no pueden denunciar abiertamente. Estos informes mantienen visible ante el mundo lo que el régimen intenta ocultar.
La Semana Santa de 2026 quedará registrada como otro capítulo en la
